Cynthia Gallardo
La Razón
Ante la amonestación emitida por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) por violencia política contra las mujeres en razón de género, la regidora Ma. del Carmen Díaz Barrios fijó una postura de respeto institucional y descartó interponer algún recurso de apelación, tras el señalamiento relacionado con su homóloga Lorena Ortiz Ramírez, ocurrido el pasado 5 de noviembre de 2025.
Indicó que el resolutivo derivó de la lectura en sesión de cabildo de un oficio enviado por la Asociación Civil Artículo 39, y aclaró que su actuación se dio en ese contexto, sin intención de agravio ni discriminación.
“Mi postura es de respeto, acatar las disposiciones de una institución como es el IETAM. Si queremos que las instituciones persistan y permanezcan, tenemos que acatar la disposición”
Díaz Barrios expresó que la sanción que le fue impuesta corresponde a un apercibimiento, el nivel más bajo previsto por la autoridad electoral y dijo que, aunque en su caso no fue público, decidió hacerlo del conocimiento ciudadano.
“No pienso apelar la sentencia. La resolución fue de apercibimiento, que es la menor. Mi resolutivo no es público, yo lo hago público porque quiero sentar un precedente: que el público sepa que la palabra tiene peso”
La regidora descartó haber actuado con dolo y expresó que no existió intención de afectar derechos de ninguna persona o grupo.
“Claro que no hubo intención de discriminar ni de restar valor a ninguna persona o grupo, ni trans ni de ningún tipo. Estoy a disposición de las instituciones. Tenemos que avanzar en el lenguaje inclusivo; estas disposiciones marcan un antes y un después para los servidores públicos, porque nuestra palabra tiene poder para bien o para mal”
A través de un comunicado, Díaz Barrios reconoció formalmente la sanción y reflexionó sobre el impacto del lenguaje en la vida pública.
“El lenguaje tiene un impacto profundo en la manera en que construimos realidades sociales, validamos identidades y ejercemos poder. Mis comentarios no tuvieron la intención de desacreditar, discriminar ni deslegitimar a personas o comunidades trans, ni a ninguna minoría históricamente vulnerada”
Indicó que el caso representa una oportunidad para revisar el uso del lenguaje en el ámbito institucional.
“Representa una oportunidad para reflexionar sobre el uso consciente del lenguaje, particularmente en un contexto social en el que estamos llamados a revisar críticamente estructuras patriarcales, normativas y excluyentes”
La regidora reconoció que una elección distinta de palabras habría cambiado el sentido del señalamiento.
“Si yo no hubiera leído ‘regidor que se hace llamar Lorena’, todo hubiera cambiado. Si hubiera dicho ‘regidora’, todo habría sido distinto”
Señaló que en su caso también ha sido objeto de expresiones que considera violentas durante sesiones de cabildo, aunque aclaró que no ha optado por denunciarlas.
“Todo está grabado. Mi postura es: soy servidora pública y estas son las consecuencias; hay que ponerle pecho y cabeza. Tengo una política de altura”
Finalmente, recordó que de acuerdo con la Ley de Derechos Humanos, todo servidor público tiene responsabilidad administrativa y que el desconocimiento no exime de sanciones.
Advirtió que, en caso de reincidencia, se aplicarían sanciones administrativas mayores, además de que tanto ella como Guadalupe Menéndez fueron inscritas por seis meses en los registros estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género.
