Golpe a golpe/Por Juan Sánchez Mendoza
La reforma laboral que contempla reducir la jornada semanal a 40
horas se discutirá mañana en el Senado de la República. Primero en
las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Estudios
Legislativos; y después en el pleno.
Sin embargo, la modificación que se hará a la fracción IV del apartado
A del artículo 123 constitucional (como se propone en la iniciativa),
genera suspicacias entre trabajadores, sindicatos e iniciativa privada,
porque, aun cuando el propósito es que cause efecto gradualmente
para reducir un par de horas cada año la jornada laboral (a partir del
2027 y hasta el 2030) no considera si continuará la disposición de un
solo día de descanso o serían dos, con goce de salario íntegro.
Ciertamente, todas las fracciones parlamentarias han manifestado su
apoyo a la reforma, pero igual su descontento por no observar el
proyecto en qué forma se aplicaría la reducción de horas laborables.
Como aporte a la justicia social, tal reforma es necesaria. Pero deben
los legisladores también contemplar le situación financiera de los
patrones de le mediana y pequeña empresa que, tras el incremento
salarial (último), han optado en contratar personal eventual para evitar
pagar las cuotas del IMSS e Infonavit, así como impuestos al SAT.
Bajo este panorama, es importante destacar que, desde hace años, se
han expresado voces para reducir la jornada laboral, quizá abrevando
en la teoría de Henry Ford, quien estableciera en su empresa (allá en el
1926) la semana laboral de 40 horas, con dos días de descanso, pero
sin reducción salarial, al descubrir que la semana de 48 horas solo
producía un pequeño aumento de la productividad, que duraba poco
tiempo.
Este descubrimiento ha inspirado a otras empresas manufactureras a
adoptar la semana laboral de 40 horas.
De ahí que, durante décadas, en México se haya propuesto reducir la
jornada laboral, aunque sólo hasta hoy se tome en cuenta esta
necesidad, en aras de incrementar la producción.
Sin embargo, por lo que se ve, la reforma laboral que viene no tendrá la
efectividad buscada, pues mientras no se establezca profundamente un
cambio en la reducción de la jornada laboral y los días de descanso,
poco se logrará en beneficio de la clase trabajadora.
Lo que tampoco se considera en la iniciativa de esta reforma, es que,
sólo afectaría a la iniciativa privada del país, porque al menos las
grandes empresas transnacionales y/o multinacionales contratan
trabajadores que cumplen jornadas de 40 horas a la semana y
descansan dos días, por su atención al postulado de Henry Ford.
Y es, precisamente, la negativa empresarial mexicana (que no paga
impuestos ni aportaciones sociales de seguridad social) a la reforma,
que, de entrada, los obligaría ponerse al corriente en el rubro seguridad
social, hacia sus trabajadores, aunque insisto: la mentada reforma
laboral, como está diseñada, de poco beneficiaría al trabajador local,
pues los patrones optarían en modificar su estatus contractual y
convertirlos en empleados eventuales.
Así que, la mentada reforma laboral, estaría ‘mocha’.
Fiscal anticorrupción
Andrés Norberto García Repper Favila, es el nuevo titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
Hay quienes mucho esperan de él, pero por su formación no aparece
como experto en materia de procuración de justicia, aunque sí en
asuntos electorales y distintas actividades recreativas.
Antes que él, el despacho fue ocupado por Javier Castro Ormaechea —
quien lo estrenara tras la imposición del entonces gobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca–, Raúl Ramírez Castañeda –como otra
imposición del hoy ex mandatario–, y Jesús Eduardo Govea Orozco, en
dos ocasiones (una ilegal y otra legal) de donde saltó como fiscal
general de justicia.
Sus antecesores tuvieron la oportunidad de integrar carpetas de
investigación con pruebas irrefutables para llevar a juicio a
delincuentes, cumpliendo estrictamente su función, pero sólo
procedieron en contra de la burocracia delictiva de menor monta,
facilitando la huida de ‘peces gordos’.
Y eso que, se supone, tuvieron tiempo para documentar delitos. Como
el peculado, cohecho, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito,
tráfico de influencias, malversación de fondos y uso indebido de
atribuciones, por ser los más comunes.
Pero no lo hicieron.
Así que el nuevo fiscal anticorrupción estaría obligado a corregir tantas
fallas u omisiones cometidas por sus antecesores, so pena de ser
señalado también de inepto o incapaz para judicializar las más de mil
carpetas abiertas contra alrededor de 1,200 ex servidores públicos.
Más las que se acumulen, considerando que la LXVI Legislatura del
Congreso local rehusó aprobar cerca de 200 cuentas públicas de los
ejercicios 2021, 2022 y 2023, al menos, por detectar graves
irregularidades en el manejo de recursos públicos, lo que provocaría
acusaciones formales de corrupción ante la fiscalía especializada en
caso de que las autoridades, o ex, encargadas de su aplicación, no
ofrezcan explicación convincente del destino que se les dio a esos
dineros.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
