INDICADOR POLITICO/ CARLOS RAMIREZ
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sorprendió a los economistas con el
anuncio de que los programas de inversión pública y con inversión privada podrían llevar al
Producto Interno Bruto de 0.7% en 2025 a 3% o más en 2026.
Pero la realidad económica tiene otros datos: las inversiones privadas y públicas no tienen
efectos productivos al día siguiente de darse a conocer en una conferencia mañanera, sino que
tardan en cristalizar quizá hasta más allá de cinco años.
A ellos se agrega la advertencia más importante: el PIB en México no representa una meta
social y hasta demagógica, sino que por compromisos firmados con el Fondo Monetario
Internacional el crecimiento económico es básicamente un ancla inflacionaria. Mover el PIB
más allá del 2.5% anual implicaría efectos negativos en los precios y la inflación impactaría de
manera directa a la devaluación.
A las cifras del PIB se agregó la danza de cifras del secretario de Economía, Marcelo Ebrard
Casaubón, de cientos de miles de millones de pesos de inversiones privadas que estarían ya
irrumpiendo en la economía. Pero los verdaderos empresarios no deciden inversiones a
cambio de una foto en Palacio Nacional, sino en función de estructuras productivas y fiscales
que les garanticen cumplir con el ciclo de inversiones-utilidades.
Después del impulso que le dio a la economía privada el Pacto por México del presidente Peña
Nieto y su alianza con el PAN y el PRD al iniciar su sexenio en diciembre 2012, el populismo de
López Obrador en 2018 desdeñó el papel de las inversiones privadas y echó a andar
aumentos salariales que impactaron el costo de producción privado, una persecución del SAT
contra los empresarios y promesas incumplidas de varios proyectos contracíclicos de
infraestructura que sirvieron solo para difundirse en medios pero nunca se concretaron en la
economía real.
En consecuencia, el promedio de PIB promedio anual del sexenio de López Obrador fue de
0.9%, no el 2% en 2019-2020, 4% en 2021-2022 y 6% en 2023-2024, para hacer cuando
menos como promesa de campaña un promedio anual sexenal de 4%, abajo del 6% promedio
anual que logró el período populista 1934-1982.
El segundo sexenio de la 4T ya le bajó una rayita a las expectativas de crecimiento económico
y lo ubica en un modesto 3%, pero a partir de las expectativas reales de que la economía
tendría que crecer 4% promedio anual para atender la demanda de empleo formal de salarios y
prestaciones del poco más del millón de mexicanos que se incorporan por primera vez cada
año a la población económicamente activa, y que el copetito de 2% adicional buscaría
responder al desempleo y la informalidad acumulados por el estancamiento de 1983 al 2024.
La vigente política económica neoliberal de México que fue impuesta desde 1976 por el Fondo
Monetario Internacional y que se revisa cada año hasta la fecha con compromisos asumidos en
Cartas de Intención de Política Económica se basa en el objetivo central de mantener baja la
inflación, pero con la circunstancia agravante de que los precios no se controlan por una
economía dinámica sino por tres instrumentos que forman parte de los mecanismos autoritarios
del Fondo que todos sus países socios deben de cumplir: el control de precios a través de la
demanda vía PIB bajo, salarios que no se conviertan en costo de producción y disminución del
gasto social improductivo que no está apuntalado con ingresos fiscales sanos del Estado.
La meta de PIB del secretario de Hacienda y los recursos multimillonarios anunciados por el
secretario de Economía no son buenas noticias para la mala estructura productiva de la
economía mexicana porque el aumento del PIB estaría generando desde ahorita presiones
inflacionarias.
Y en el caso del secretario Ebrard, falta por conocer la percepción real de los empresarios que
anunciaron cientos de miles de millones de pesos de inversión y de los inversionistas
extranjeros que también dicen que vienen con las alforjas cargadas de dólares. Desde la crisis
económica de 1973 las políticas económicas del neoliberalismo y del populismo son estrategias
para beneficiar al Estado y no para impulsar una economía productiva sostenida por la
inversión privada.
Los empresarios no van a invertir en México si los siguen acosando fiscalmente el SAT, si el
gobierno está regresando a artificiales controles de precios que afectan la recuperación de
inversiones vía utilidades, si no existe un sistema judicial que defienda el estado de derecho de
la economía privada porque hoy todos los jueces de bienestar, si los inversionistas tienen que
aparecer públicamente en Palacio Nacional para anunciar inversiones como demagogia y si la
inseguridad sigue chantajeando a la economía privada.
Si acaso los secretarios de Hacienda y de Economía tienen razón en sus metas de PIB e
inversiones que suenan más al cuento de la lechera, México de podría estar esperando una
tormenta perfecta de inflación.
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Política para dummies: la política es la antítesis de la economía, aunque la economía es la
síntesis de la política.
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