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Expreso-La Razón
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el 22 de febrero de 2026 la muerte de Nemesio Oseguera
Cervantes, El Mencho, durante un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, tras una operación coordinada entre el
Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
La respuesta fue inmediata, y Tamaulipas fue uno de los estados donde el CJNG activó bloqueos carreteros
coordinados junto con Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Quintana Roo, Aguascalientes, y otros, lo
que revela la dimensión real de la presencia operativa del cártel en el país.
El dato no es menor, Tamaulipas era considerado hasta 2019 territorio infranqueable para organizaciones
externas, blindado por el Cártel del Golfo, Los Zetas y su derivación, el Cártel del Noreste, tres estructuras con
décadas de control sobre los cruces fronterizos más rentables del país.
Que las células del CJNG respondieran el día de hoy desde Tamaulipas con la misma velocidad y coordinación
que en Jalisco es la medida más concreta de lo que El Mencho logró construir en ese estado entre 2019 y 2026,
y de lo que el Estado mexicano enfrenta ahora.
La infiltración: alianzas sobre fracturas internas El Mencho no entró a Tamaulipas con una invasión
armada sino con una estrategia de infiltración construida sobre las fracturas internas de los cárteles locales,
alianzas que no habrían sido posibles sin la debilidad estructural de las organizaciones que dominaban el
estado.
El primer enlace documentado fue Carlos Roel, alias El Chuy 7, integrante de Los Zetas Vieja Escuela, un grupo
que disputaba espacios al CDN tras la ruptura interna de esa organización, y que encontró en el CJNG un socio
con recursos para sostener esa disputa.
El segundo acceso fue César Morfín Morfín, alias El Primito, operador de Los Metros, facción del Cártel del Golfo con presencia en Reynosa, quien según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos reorientó su actividad hacia el robo y contrabando de combustible en asociación con el
CJNG.
La simultaneidad de esas dos alianzas, una con una escisión de Los Zetas y otra con una facción del Cártel
del Golfo, ambas históricamente enemigas, revela la capacidad del CJNG para operar en lógica de franquicia
más que de conquista territorial directa.
Para 2020, la presencia del CJNG se había extendido hacia el norte, avanzando por Díaz Ordaz, Camargo y
Miguel Alemán, con el objetivo estratégico de llegar a Nuevo Laredo, el cruce fronterizo más importante del
país para el trasiego de mercancías y droga hacia Texas.
Tamaulipas: el valor logístico de una plaza Nuevo Laredo concentra el mayor volumen de comercio
terrestre entre México y Estados Unidos. En 2024, más de 540 mil millones de dólares en mercancías legales
cruzaron por esa aduana, lo que la convierte en la principal puerta de entrada para el contrabando de
fentanilo y la salida de efectivo ilícito.
Controlar Nuevo Laredo significaba para el CJNG cerrar el corredor completo desde los puertos de Colima y
Michoacán hasta la frontera texana, unificando rutas de cocaína, fentanilo, metanfetaminas y combustible robado
bajo una sola estructura logística.
La paradoja del CDN: el movimiento más disruptivo del CJNG en Tamaulipas no fue territorial sino político, lograr
que una facción del Cártel del Noreste, heredero directo de Los Zetas y rival histórico de cualquier organizaciónexterna, estableciera una alianza operativa con El Mencho.
El vínculo se consolidó tras noviembre de 2022, cuando el grupo delictivo cambió de mando con una orientación
distinta a la de sus predecesores.
Se generó así una alianza que invertía décadas de historia criminal en el estado; cedía autonomía territorial
a cambio de respaldo logístico y de fuego.
El negocio del combustible: huachicol de ordeña y fiscal Paralelo al narcotráfico, el CJNG desarrolló en
Tamaulipas una segunda economía criminal centrada en el robo y contrabando de combustible en dos
modalidades documentadas por el Departamento del Tesoro de EEUU: el huachicol tradicional mediante tomas
clandestinas en ductos de Pemex, y el huachicol fiscal o ventanilla, un esquema de contrabando con
documentación falsa.
El huachicol fiscal opera introduciendo gasolina y diésel al país declarados como lubricantes o aceites, categorías
con aranceles menores y sin el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, que grava las
importaciones de combustible, un diferencial que convierte cada embarque en una operación de evasión
fiscal de millones de dólares.
El puerto de Altamira en Tamaulipas fue identificado como punto clave de esta operación; en el operativo de
marzo de 2025, los documentos aduanales encontrados apuntaban a empresas con operaciones en Tampico y
Nuevo Laredo, mientras el buque Torm Agnes descargaba 120 mil barriles de diésel en Ensenada bajo
la misma modalidad.
La empresa Mefra Fletes, con operaciones en Nuevo León y Jalisco, fue identificada en ambos
aseguramientos con pipas de su propiedad y un terreno de almacenamiento administrado por la misma
compañía, lo que la convierte en uno de los eslabones más documentados de la cadena.
En Tamaulipas específicamente, se construyó una red de empresas fachada que adquirían crudo robado a
empleados de Pemex y a otros operadores del CJNG, lo
distribuían a gasolineras locales y utilizaban documentación aduanera falsificada para el contrabando
transfronterizo hacia Texas, según la sanción emitida por
la OFAC.
La Semar, los 34 marinos y la red política: El caso más grave de implicación institucional en la operación del
CJNG en Tamaulipas involucra a la Secretaría de Marina, la misma institución responsable de la vigilancia de los
puertos por donde entraba el combustible ilícito, y cuyo secretario en el periodo 2018-2024 fue el almirante
Rafael Ojeda Durán.
La trama fue detonada por un audio revelado por Aristegui Noticias en el que el contralmirante Fernando
Rubén Guerrero Alcántar denunciaba ante el propio Ojeda Durán la existencia de una red de huachicol fiscal
operada desde dentro de la institución, con Fernando Farías Laguna como uno de sus operadores principales.
Meses después de presentar esa denuncia interna, Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo en
noviembre de 2024, el puerto que concentra el mayor volumen de carga del Pacífico mexicano y que la Semar
administraba bajo el esquema de puertos integrales.
La FGR identificó a 34 marinos como presuntos integrantes de la red, con compensaciones documentadas de hasta ocho millones de pesos
mensuales para el contralmirante Marco Antonio Bandala y cinco millones mensuales para el contralmirante
Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba cuando administró la aduana de la Ciudad de México.
En el ámbito financiero, El Financiero documentó señalamientos del gobierno de EE.UU. contra Vector
Casa de Bolsa, firma propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de López
Obrador, por presunto lavado de 220 millones de pesos provenientes del huachicol fiscal a través de Grupo
Potesta.
La investigación que articuló los vínculos entre el CJNG, el huachicol fiscal y estructuras políticas tamaulipecas no
fue iniciada en México sino en la Corte del Distrito Sur de Texas, en 2022, a partir de la detención de José de Jesús
Tapia Fernández, exdiputado del PRI en Tamaulipas. Tapia Fernández fue vinculado a la red de huachicol que
operaba en asociación con el Cártel del Golfo en una primera etapa y, posteriormente, con el CJNG, una
transición que refleja el proceso más amplio de absorción de estructuras locales por parte del cártel jalisciense en
el estado.
El antecedente directo de esa red fue Sergio Carmona Angulo, alias El Rey del Huachicol, quien operó rutas de
combustible ilícito desde Texas hacia Tamaulipas con documentación falsa y mecanismos de evasión fiscal
hasta su asesinato en 2021, sin que su organización fuera desmantelada.
Hay otros golpes institucionales: sanciones y aseguramientos documentados: entre 2023 y 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos aplicaron las sanciones más amplias de su historia contra la red de combustible ilícito del CJNG, con acciones que por
primera vez cruzaron la frontera para señalar a operadores y empresas en territorio estadounidense.
En junio de 2023, la OFAC sancionó a los hermanos Guerrero Covarrubias, ahijados de El Mencho, por robo
de combustible, tráfico de armas de alto calibre y lavado de activos, bloqueando sus propiedades e intereses en
territorio de Estados Unidos.
Tiempo después, en septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro, coordinado con la DEA y la
Unidad de Inteligencia Financiera de México, sancionó a nueve personas y 26 empresas con sede en Veracruz,
entre ellas gasolineras que operaban como puntos de venta de combustible robado.
El operativo de marzo y abril de 2025 en Ensenada y Altamira fue el mayor aseguramiento de combustible
ilícito en la historia del país, con 18 millones de litros, 14 detenidos entre empresarios y funcionarios portuarios, y
la apertura formal de cargos contra agencias aduanales.
En agosto de 2025, la OFAC emitió una nueva ronda de sanciones contra cuatro integrantes del CJNG y 13
empresas ligadas al tráfico de combustibles y fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta, incluyendo al
empresario Michael Ibarra Díaz Jr.
Lo que queda: una red sin cabeza
La muerte de El Mencho cierra un ciclo pero no desactiva la arquitectura que construyó en Tamaulipas, una
estructura de tres niveles, el institucional con marinos, aduaneros y funcionarios de Hacienda cooptados, el
empresarial con transportistas, gasolineras y firmas transfronterizas, y el político con legisladores locales y
presuntos vínculos de financiamiento de campaña.
El huachicol del CJNG no era un negocio periférico sino la columna vertebral financiera secundaria del cártel, la
que le permitía sostener operaciones de reclutamiento, armamento y corrupción en los periodos de mayor
presión sobre las rutas de droga, y cuya rentabilidad, 50 millones de pesos semanales estimados solo en la red
Semar, la hace insustituible para quien herede la plaza.
Las investigaciones abiertas en EE.UU. y México, desdela Corte del Distrito Sur de Texas hasta la causa penal
325/2025 en Almoloya, continuarán su curso independientemente de la muerte del líder, y sus
resoluciones determinarán si la red de impunidad quehizo posible siete años de operación del CJNG en
Tamaulipas tiene consecuencias institucionales reales o se limita a operadores de segundo nivel.
