Opinión Económica y Financiera/ Dr. Jorge A. Lera Mejía.
En 2026 México transita por una fase de inflación moderada pero aún por encima de la meta
oficial de 3%, en un contexto de bajo crecimiento, riesgos externos y presiones internas de
costos.
El dato de enero, con una inflación general anual de 3.79%, confirma que los precios siguen en
una trayectoria descendente respecto a los picos de años previos, pero todavía no alcanzan la
convergencia plena al objetivo del Banco de México.
La decisión de la Junta de Gobierno de mantener la tasa de referencia en 7%, en una
resolución unánime, envía la señal de que la prioridad sigue siendo consolidar la desinflación,
aun al costo de una recuperación económica más lenta, especialmente en la primera mitad del
año.
Hacia adelante, el escenario central apunta a que la inflación se ubique en un rango cercano a
3.5–4% a lo largo de 2026, con una posible aproximación a 3–3.5% hacia el cierre del año si no
se materializan choques significativos en tipo de cambio, precios de energía o alimentos.
Sin embargo, existen riesgos al alza: los aumentos acumulados del salario mínimo y de los
salarios contractuales presionan la inflación de servicios en un entorno de baja productividad;
las tensiones comerciales y la revisión del acuerdo con Estados Unidos pueden encarecer
importaciones y depreciar el peso; y los shocks climáticos, combinados con mayores costos de
transporte, inciden en los precios de alimentos, pegando con fuerza en los hogares de menores
ingresos.
En este marco nacional, el caso de Tamaulipas sobresale por un comportamiento inflacionario
relativamente más benigno y por la fortaleza reciente de su aparato productivo.
El estado cerró 2024 entre las entidades con menor inflación del país, con variaciones por
debajo del promedio nacional y con ciudades como Tampico / Altamira de la zona conurbada,
ubicadas entre las más baratas, lo que sugiere una combinación de mayor competencia en
mercados locales, mejor articulación de la oferta y cierta estabilidad en precios de servicios.
En 2026 Altamira seguirá la tendencia inflacionaria nacional moderada, pero con focos de
presión en vivienda, servicios urbanos y alimentos por su integración al corredor industrial y
portuario Tampico– Madero. Aunque la región es relativamente barata, el encarecimiento de
vivienda y transporte presionará el ingreso familiar.
Al mismo tiempo, la economía tamaulipeca llegó a 2025 y 2026 con un marcado impulso
industrial: el dinamismo manufacturero, la maquila de exportación, la actividad energética y los
proyectos asociados al nearshoring colocaron al estado entre los de mayor crecimiento
industrial del país, aumentando el empleo formal y reforzando la demanda interna.
Esa dualidad define el reto para 2026: el dinamismo industrial y la llegada de nuevas
inversiones pueden generar presiones en rubros específicos —rentas urbanas, servicios,
alimentos en ciudades fronterizas— y, si la inflación nacional se mantiene por arriba de la meta,
existe el riesgo de que trabajadores y amas de casa pierdan poder adquisitivo a pesar del
mayor empleo. De ahí la necesidad de políticas estatales y municipales que acompañen la
estabilidad de precios y protejan el ingreso real.
En el plano laboral, resulta crucial que los incrementos salariales en la industria tamaulipeca y
en los servicios formales al menos igualen la inflación esperada y, en lo posible, incorporen un
margen de recuperación real para los trabajadores con menores ingresos, vinculando a la vez
incentivos públicos a la expansión de empleo formal y a la provisión de prestaciones.
En el ámbito del consumo, una estrategia de canasta básica estatal con monitoreo público de
precios en las principales ciudades, acuerdos con cadenas comerciales y mercados
municipales, y programas de abasto popular en colonias y comunidades rurales podría
amortiguar el impacto inflacionario sobre alimentos esenciales.
Complementariamente, apoyos focalizados a jefas de hogar vulnerables, esquemas de
transporte social con tarifas reducidas y programas de educación financiera y organización del
consumo (compras comunitarias, cooperativas) serían instrumentos relevantes para cuidar el
bolsillo de las familias.
Finalmente, el impulso a la producción agropecuaria local y a los encadenamientos entre
productores tamaulipecos y mercados regionales ayudaría a reducir la dependencia de insumos
externos más caros y a moderar la inflación de alimentos, permitiendo que el crecimiento
industrial del estado se traduzca en una mejora efectiva del poder de compra y no sólo en
indicadores macroeconómicos favorables.
