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Expreso-La Razón
El Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió inhabilitar al juez federal Juan Fernando Alvarado López, tras determinar que incurrió en actuaciones contrarias a la legalidad y a los principios de imparcialidad judicial en asuntos vinculados con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con el expediente analizado por el Tribunal, el juez otorgó medidas cautelares sin sustento legal suficiente, lo que generó una afectación directa al funcionamiento regular del sistema de justicia. Desde 2022, se habían acumulado al menos 37 quejas administrativas contra jueces y magistrados federales con sede en Reynosa, relacionadas con presuntas resoluciones orientadas a beneficiar al exgobernador.
El expediente señala que, pese a que el exgobernador se encuentra fuera del país desde septiembre de 2022, se promovieron acciones judiciales para obtener una constancia de residencia municipal. A través de resoluciones emitidas por el juez Alvarado López, se buscó obligar al Ayuntamiento de Reynosa a expedir dicho documento.
Asimismo, el Tribunal tuvo en cuenta que García Cabeza de Vaca cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de carácter grave, como delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que jurídicamente limita el ejercicio de sus derechos políticos.
Aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro de la candidatura, el juez federal concedió una suspensión con el propósito de mantener la inscripción, pese a carecer de competencia en materia electoral.
El órgano disciplinario de la SCJN concluyó que el juez incurrió en faltas calificadas como graves, entre ellas la emisión de una suspensión para impedir la remoción del entonces fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, a pesar de que éste no contaba con las evaluaciones de control y confianza requeridas por la ley.
La resolución establece que dicha actuación vulneró el orden público y el interés social, además de representar una intervención indebida en asuntos de naturaleza electoral. El Tribunal determinó que el juez transgredió los artículos 99 y 107 de la Constitución, al exceder las atribuciones conferidas a los jueces de distrito.
Con base en la gravedad de las conductas acreditadas, el Tribunal de Disciplina resolvió imponer la inhabilitación de Juan Fernando Alvarado López para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La resolución señala que las suspensiones concedidas formaron parte de un esquema de actuaciones judiciales que impidieron el ejercicio de acciones penales y procesales en contra del exgobernador, afectando el curso ordinario de la justicia federal.
