Cynthia Gallardo
La Razón
El sistema de justicia familiar en Tamaulipas enfrenta duras críticas tras revelarse que diversos jueces están impidiendo la inscripción de padres morosos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, otorgándoles una prórroga de facto que vulnera el derecho básico a la alimentación de menores de edad.
El vacío legal que castiga el hambre Nury Romero Santiago, integrante del Frente Nacional Feminista de Abogadas, denunció que el criterio aplicado por los impartidores de justicia en el estado es “mínimo” y carente de perspectiva de infancia.
Según la activista, aunque los padres ya tengan órdenes judiciales de pago, los jueces se niegan a sancionarlos bajo el argumento de que la ley marca plazos que no coinciden con las necesidades biológicas.
“Se les solicita que se manden al Registro porque tienen mes, mes y medio que no proporcionan alimentos y el mismo juez dice:
“pues sí, pero la Ley dice que hasta 60 días”. Un niño no come cada 60 días, ni un adulto”
La abogada señaló que incluso cuando se logra el trámite administrativo, la burocracia parece jugar a favor del deudor.
A pesar de que el Registro Civil recibe los oficios para la inscripción, la transparencia es nula.
“Estamos entregando oficios para inscribirlos… el Registro Civil sí recibe los oficios para que inscriban, checamos un mes después y no están apareciendo en el Registro”
Indicó que esta omisión violenta directamente la vulnerabilidad de las personas necesitadas.
Para Romero Santiago, no se trata de errores aislados, sino de un sistema patriarcal arraigado que obliga a las madres a pelear en dos frentes: contra el padre ausente y contra el Estado.
“Algunos jueces familiares están violentando muchísimo a niñas, niños, adolescentes y personas acreedoras de pensión alimenticia… el mismo sistema patriarcal está orillando a que lleves a cabo un proceso en contra de su servidor público que no funciona. O llevas a cabo un proceso legal por el papá que no está cumpliendo o por el juez que lo está solapando”.
Ante la gravedad de los hechos detectados durante el inicio de 2025 en el sur de Tamaulipas, Romero Santiago anunció medidas contundentes para romper el ciclo de impunidad, una queja formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial; denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de los jueces que permiten la evasión de responsabilidades además del seguimiento estricto a las dos denuncias ya interpuestas contra impartidores de justicia de la zona sur.
