El Faro/ Francisco de Asís
Los primeros registros de la libertad de expresión se remontan a Atenas (siglos VI-V a.C.) con el concepto de parresía: hablar abiertamente y sin temor a represalias en el ágora, plaza pública y centro neurálgico de la vida política, comercial y social de las polis griegas. Aunque ese derecho estaba restringido a ciudadanos libres, sentó una semilla fundamental: la palabra como herramienta de participación política.
Durante la Edad Media (siglos V al XV) no existía el “derecho” a la libre expresión. No solo la palabra, incluso el pensamiento, estaban fuertemente condicionados por el monopolio educativo y doctrinal de la Iglesia. La filosofía escolástica armonizaba fe y razón, pero limitaba el razonamiento autónomo.
Entre los siglos XVI y XVIII comenzó una transición. La Reforma Protestante quebró el monopolio religioso y la invención de la imprenta multiplicó las ideas. Surgieron nuevas formas de censura, pero también una lucha creciente por la libertad de conciencia.
En la Ilustración, siglos XVIII y XIX, se consolidó la idea de que las personas debían poder expresarse libremente como parte de un conjunto más amplio de derechos humanos. Kant defendió el “uso público de la razón” y exhortó a emanciparse de la coacción exterior y atreverse a pensar por uno mismo. Voltaire, Montesquieu y Rousseau enfrentaron al Antiguo Régimen, que censuraba toda crítica.
Los avances legales fueron significativos: Suecia abolió formalmente la censura; en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia consagró la libre expresión; en 1791 la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos estableció uno de los estándares más sólidos en la materia. Sin embargo, incluso entonces persistieron persecuciones bajo figuras como la “difamación sediciosa”.
En el siglo XX, la libertad de expresión quedó incorporada en las normativas internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce este derecho como pilar indispensable para el ejercicio de los demás.
Pero de la letra a los hechos media una distancia profunda. En regímenes autoritarios —China, Irán, Rusia, Corea del Norte, Arabia Saudita, Cuba, Nicaragua— la expresión está severamente restringida. Incluso en democracias consolidadas, gobiernos y grupos de poder buscan influir o presionar medios y plataformas digitales para moldear la opinión pública.
En Estados Unidos, el retorno de Donald Trump ha reabierto un debate intenso sobre el respeto institucional a la crítica, la autonomía académica y la relación entre poder político y libertad intelectual.
En México, la libertad de expresión está garantizada en los artículos 6 y 7 constitucionales. Pero el problema no es la norma: es su aplicación. El país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Asesinatos, agresiones, acoso judicial y estigmatización desde el poder configuran un entorno hostil.
Entre 2018 y 2026 se han registrado decenas de periodistas asesinados. A ello se suman múltiples casos de persecución directa, especialmente en gobiernos locales. En estados como Veracruz, Puebla, Campeche y la Ciudad de México, se han documentado presiones políticas, demandas intimidatorias y uso de recursos públicos para desacreditar voces críticas.
El caso de Campeche ilustra una tendencia preocupante: concentración de poder, castigo al disidente y utilización del aparato del Estado como instrumento de intimidación. Cuando se aprueban leyes a modo, se instrumentaliza la fiscalía o se despliega fuerza pública ante el desacuerdo político, el mensaje es claro: disentir no se permite.
En días recientes, tras una recomposición del Congreso local, el despliegue de policías ministeriales alrededor del recinto legislativo mostró algo más profundo que un conflicto político: mostró intolerancia frente al contrapeso.
Y sin contrapesos, la democracia se vacía.
Porque la libertad de expresión no es un lujo liberal ni un capricho intelectual. Es el mecanismo mediante el cual la sociedad vigila al poder. Es el freno que impide que la autoridad se convierta en arbitrariedad.
Cuando el poder descalifica, intimida o silencia, no solo ataca a periodistas u opositores: erosiona el derecho de los ciudadanos a saber, a cuestionar y a decidir.
Las democracias no mueren únicamente cuando se cancelan elecciones. Mueren cuando el miedo sustituye a la crítica, cuando la censura se normaliza y cuando el silencio se vuelve costumbre.
Y si la palabra deja de ser libre, el poder deja de tener límites
