EN PUBLICO/NORA MARIANELA GARCIA RDZ
La reforma electoral que impulsa Claudia Sheinbaum no debe leerse como un ajuste administrativo ni como un gesto de austeridad política; es una redefinición estructural de los incentivos que organizan la competencia democrática en México, y por tanto, una decisión que impacta la arquitectura misma del poder público; ocurre además en la antesala de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y buena parte del poder territorial, en un contexto donde el oficialismo concentra mayorías amplias y capacidad constitucional suficiente para intentar modificar reglas fundamentales; el momento no es neutro, es estratégico, y en política institucional el tiempo importa tanto como el contenido.
El eje discursivo es potente y políticamente eficaz: reducir hasta en 25 % el costo del sistema electoral; disminuir el número de senadores de 128 a 96; modificar la representación proporcional para que las curules no dependan de listas cerradas elaboradas por dirigencias; compactar estructuras administrativas; hacer más eficiente la democracia; sin embargo, en economía política la eficiencia no se mide sólo por el tamaño del presupuesto, sino por la relación entre gasto, legitimidad y estabilidad institucional; el costo promedio por voto en la elección federal pasada superó los 200 pesos, cifra utilizada como argumento de sobredimensionamiento, pero estrechamente vinculada al nivel de participación ciudadana; a menor participación, mayor costo unitario; el problema no fue derroche operativo, fue abstencionismo estructural; y reducir inversión sin aumentar participación no corrige la ecuación, la tensiona.
El financiamiento público a partidos, diseñado tras décadas de conflictos poselectorales, cumple una función económica concreta: reducir la dependencia de recursos privados y acotar la captura empresarial o territorial de la política; disminuirlo sin fortalecer fiscalización y transparencia puede generar incentivos perversos; cuando el dinero público baja abruptamente y la competencia se mantiene intensa, la búsqueda de financiamiento alterno se desplaza hacia zonas grises; la experiencia comparada muestra que sistemas con menor financiamiento público pero controles débiles tienden a registrar mayor opacidad y litigiosidad; la pregunta no es cuánto dinero reciben los partidos, sino qué tipo de competencia se quiere preservar y bajo qué reglas se protege la equidad.
El rediseño de la representación proporcional es aún más delicado; este mecanismo surgió para corregir un sistema mayoritario que durante décadas sobrerrepresentó a la fuerza dominante y subrepresentó a minorías ideológicas; fue una válvula de inclusión que permitió incorporar corrientes políticas diversas al Congreso y disminuir la conflictividad; modificarlo implica alterar el equilibrio entre gobernabilidad y pluralidad; un sistema excesivamente mayoritario produce mayorías cómodas pero menor representación efectiva; un sistema excesivamente proporcional produce fragmentación; el arte institucional está en el punto medio; cualquier ajuste debe calibrarse con criterios técnicos y no únicamente políticos, porque las reglas electorales no son instrumentos coyunturales, son estructuras de largo plazo.
No es un experimento inédito; Italia redujo en 2020 su Parlamento de 945 a 600 miembros bajo la promesa de eficiencia y ahorro; el impacto fiscal fue marginal en términos macroeconómicos, mientras el debate sobre pérdida de representación territorial y concentración partidista se intensificó; la gobernabilidad no mejoró automáticamente y la volatilidad política persistió; la lección comparada es clara: adelgazar escaños no garantiza estabilidad ni mayor calidad democrática; puede simplificar la aritmética legislativa, pero no necesariamente fortalece la legitimidad institucional; el ahorro presupuestal fue simbólico frente al costo político de la reforma.
Reducir el Senado mexicano tiene implicaciones federales profundas; la cámara alta no es sólo un órgano legislativo, es un espacio de representación territorial; en un país con asimetrías regionales marcadas: norte industrializado, centro administrativo y sur con rezagos estructurales adelgazar escaños puede reducir la diversidad de voces regionales en la toma de decisiones; menos senadores no significa automáticamente mayor eficiencia deliberativa; puede significar menor capacidad de negociación y menor pluralidad territorial; en sistemas federales consolidados, la representación regional es un componente de estabilidad, no un lujo presupuestal.
En el plano político interno, la reforma también revela tensiones dentro de la propia coalición gobernante; modificar financiamiento y reglas de asignación de curules afecta directamente la supervivencia de partidos aliados cuya representación depende en buena medida de esos mecanismos; alcanzar mayorías calificadas para una reforma constitucional exige cohesión plena; si la iniciativa se percibe como concentradora o unilateral, la legitimidad del proceso legislativo se debilita; y en materia electoral, la percepción pública es tan relevante como el diseño normativo.
Las implicaciones económicas externas tampoco son marginales; México compite por atraer inversión extranjera directa en un entorno de relocalización industrial y reorganización de cadenas de suministro; los inversionistas evalúan estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y certidumbre jurídica; pero también observan estabilidad institucional y previsibilidad de reglas políticas; reformas electorales profundas, aprobadas sin consenso transversal amplio, pueden interpretarse como señales de concentración o de volatilidad normativa; la prima de riesgo político no se determina sólo por indicadores financieros, sino por la confianza en la continuidad de las reglas del juego; y la confianza institucional es un activo que tarda décadas en construirse y minutos en erosionarse.
En el plano social, la discusión es aún más sensible; México arrastra niveles persistentes de desconfianza hacia partidos y autoridades; jóvenes y sectores urbanos muestran fatiga democrática; en ese contexto, cualquier reforma que reduzca espacios de representación o altere equilibrios debe ir acompañada de mecanismos claros de participación y transparencia; una democracia más austera no necesariamente es una democracia más robusta; la legitimidad no se obtiene por ahorro, se obtiene por inclusión y confianza.
El dilema de fondo no es si el sistema electoral puede optimizarse; toda institución es perfectible; el dilema es si la optimización preserva pluralidad, autonomía arbitral y credibilidad; la democracia mexicana nació costosa porque nació de la desconfianza; cada reforma respondió a crisis que dejaron lecciones institucionales; abaratar sin blindar puede ser una apuesta de alto riesgo; porque cuando la certeza electoral se debilita, el costo no se mide en millones de pesos, se mide en polarización, litigios interminables y gobernabilidad comprometida.
Al final, la pregunta no es cuánto cuesta organizar elecciones; la pregunta es cuánto está dispuesto el país a invertir en la estabilidad de sus reglas; la certeza es un bien público; y como todo bien público, cuando se reduce su provisión, el mercado político no se corrige solo; se desordena; la verdadera eficiencia democrática no está en el recorte, sino en la capacidad de garantizar que, gane quien gane, el resultado sea aceptado; la reforma no sólo modifica números, reconfigura poder; y cuando se reconfigura poder, lo que está en juego no es el presupuesto, es el equilibrio democrático.
