Por Raúl López García
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las prácticas irregulares durante el proceso de preinscripción escolar volvieron a quedar bajo la lupa luego de que la Secretaría de Educación de Tamaulipas reconociera seis planteles señalados por condicionar la inscripción al pago de cuotas, una acción prohibida por la ley y que afecta directamente el derecho a la educación.
El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que dos escuelas en Matamoros y cuatro en Reynosa fueron detectadas tras quejas presentadas por padres de familia, quienes denunciaron presiones económicas para asegurar un lugar a sus hijos.
“No se puede condicionar la inscripción. La aportación es voluntaria y así debe explicarse a los padres”, subrayó el funcionario, al recordar que la Constitución y la Ley General de Educación establecen con claridad este principio.
El señalamiento ocurre en medio de un proceso de preinscripción que, de acuerdo con la propia Secretaría, alcanza ya cerca del 80 por ciento de avance, con mayor demanda en la zona sur del estado y en la región cañera, aunque Reynosa presenta la mayor presión de espacios.
Valdez García reconoció que, aunque la mayoría de los padres realiza aportaciones sin conflicto, el problema no radica en el monto, sino en la obligatoriedad impuesta por algunos planteles.
“En realidad es nada más por el tema de la obligación, de que no puede ser”, puntualizó.
Según cifras oficiales, entre el 89 y el 94 por ciento de los padres realiza aportaciones voluntarias, pero cuando estas se convierten en requisito, se configura una falta administrativa grave que puede derivar en sanciones para directivos.
El secretario aclaró que no existe una cuota estándar, ya que los montos son definidos por las sociedades de padres de familia, y no por directores, supervisores ni por la Secretaría de Educación.
“Esa no la fija el director, no la fija la Secretaría, la fija la propia sociedad de padres”, explicó.
Además, recordó que la ley contempla alternativas para quienes no pueden pagar, como la aportación mediante horas de trabajo o servicios a la escuela, opción que en muchos casos no es informada a las familias.
Ante estos señalamientos, la Secretaría reiteró que mantiene canales abiertos de denuncia, tanto en oficinas centrales como a través de supervisores y jefes de sector, para atender cualquier abuso durante el proceso de inscripción.
“Por favor, que nos lo hagan saber. Todos los supervisores deben ser conscientes de esto”, insistió Valdez García, al reconocer que las quejas siguen llegando conforme avanza el proceso.
El contexto no es menor: actualmente cerca de 423 mil alumnos ya se han preinscrito, y se estima que hasta 622 mil estudiantes ingresen al sistema educativo estatal en el próximo ciclo escolar, lo que incrementa la presión sobre escuelas con alta demanda.
Para el siguiente año, la Secretaría prevé migrar completamente el proceso a una modalidad virtual, con el objetivo de evitar largas filas y reducir la discrecionalidad en los planteles.
“Esperamos poder hacerlo totalmente virtual y evitar que se hagan largas filas, para que sea un proceso más fluido y menos incómodo”, señaló el secretario.
Mientras tanto, el caso de las seis escuelas señaladas deja al descubierto una práctica persistente que, aunque no generalizada, sigue vulnerando el acceso a la educación pública, especialmente en zonas con mayor saturación escolar.
