Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Los recientes cierres de maquiladoras en Matamoros han detonado en
pérdidas de empleos formales y ha evidenciado la vulnerabilidad del
modelo de ensamble orientado a la exportación, particularmente en la
frontera norte del estado.
En este contexto, Matamoros se ha convertido en el epicentro de la
problemática, pero los efectos se están extendiendo también a
Reynosa y Nuevo Laredo generando un entorno de incertidumbre
laboral y productiva que exige respuestas inmediatas y coordinadas.
En Matamoros, el cierre de las empresas TRIDONEX, CARDONE y,
más recientemente, TRICO Componentes S.A. de C.V., ha significado
la pérdida de poco más de cinco mil empleos formales, afectando
principalmente a trabajadores operarios con alta dependencia de este
tipo de plazas manufactureras.
La situación de TRICO está asociada a la crisis financiera y quiebra del
corporativo internacional First Brands Group, propietario también de
TRIDONEX y CARDONE, lo que demuestra que decisiones
empresariales tomadas fuera del país tienen impactos directos sobre la
planta productiva y el empleo local.
Ante este escenario, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, ha activado mecanismos de emergencia
para salvaguardar los derechos laborales de más de tres mil
trabajadores vinculados a estas empresas.
Los cierres de TRIDONEX y CARDONE se explican, en gran medida,
por la quiebra de First Brands Group y por la naturaleza de las
maquiladoras afectadas, altamente integradas a la cadena automotriz
de Estados Unidos.
Estas plantas de autopartes operaban con márgenes estrechos,
dependientes de contratos con armadoras y distribuidores
estadounidenses.
La reciente política de aranceles, medidas proteccionistas y amenazas
de mayores impuestos a ciertos productos importados por parte del
gobierno de Estados Unidos ha elevado la incertidumbre y los costos
en estas cadenas de suministro.
Ello ha llevado a corporativos como First Brands a reestructurar
operaciones, cerrar plantas en México, compactar producción y
priorizar instalaciones ubicadas dentro del territorio estadounidense,
con el objetivo de reducir el riesgo asociado a cambios abruptos en la
política comercial.
La Secretaría del Trabajo ha instrumentado una estrategia integral
basada en el diálogo, la conciliación y el acompañamiento directo a las
y los trabajadores afectados.
A través del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas y de la
Procuraduría de la Defensa del Trabajo se han ofrecido asesoría
jurídica, revisión de liquidaciones, orientación sobre prestaciones y
apoyo en la presentación de quejas y demandas, con el objetivo de
garantizar el pago de indemnizaciones conforme a la legislación vigente
y evitar abusos patronales.
Sin embargo, la magnitud de la crisis rebasa el ámbito estrictamente
laboral y se proyecta hacia el tejido económico y social de la región.
En Reynosa se han registrado “ajustes” en varias maquiladoras que, en
conjunto, han dejado sin empleo a cientos de obreros, reflejándose en
recortes de personal, cancelación de turnos y congelamiento de nuevas
contrataciones.
En Nuevo Laredo, más que cierres masivos, se observa una reducción
en las contrataciones y en el ritmo de operación, asociada a la
renegociación de contratos y a la incertidumbre sobre la demanda
externa.
Ciudad Victoria presenta un escenario mixto: aunque existen anuncios
de expansión de algunas plantas con generación limitada de nuevos
empleos, estos son insuficientes para compensar las pérdidas en la
frontera y para absorber a los trabajadores desplazados.
Ante esta coyuntura, se propone un paquete de soluciones inmediatas.
Primero, la creación de un fondo estatal de emergencia para garantizar
el pago oportuno de liquidaciones y prestaciones a los trabajadores
afectados, mediante esquemas de cofinanciamiento con la Federación
y, cuando sea posible, con los propios corporativos.
Segundo, el diseño de un programa intensivo de recolocación laboral y
reconversión de habilidades, que articule al Servicio Nacional de
Empleo, universidades tecnológicas y empresas de otros sectores para
acelerar la inserción de los obreros despedidos en nuevas actividades
formales.
Tercero, la implementación de incentivos fiscales y administrativos de
corto plazo para empresas que mantengan o incrementen su plantilla
laboral en Tamaulipas, condicionados al respeto de los derechos
laborales.
Cuarto, avanzar en una estrategia de diversificación productiva que
reduzca la dependencia de un número limitado de corporativos
internacionales y de un solo tipo de producto, fomentando la llegada de
inversiones en sectores de mayor contenido tecnológico y en cadenas
de valor regionales.
Quinto, fortalecer de manera permanente las capacidades del Centro
de Conciliación Laboral y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,
de modo que las medidas de atención no se limiten a la emergencia
actual, sino que se conviertan en un pilar institucional para la
prevención y manejo de futuras crisis en el sector maquilador.
Frente a esta coyuntura, Tamaulipas tiene la oportunidad de
transformar la crisis maquiladora en un punto de inflexión hacia un
modelo productivo más diversificado y resiliente. Si gobierno,
empresas, sindicatos y universidades articulan un pacto por el empleo
digno, que combine apoyo inmediato a los trabajadores despedidos con
inversión en innovación, capacitación y atracción de nuevas industrias,
la frontera puede transitar de la dependencia a pocos corporativos a
una plataforma industrial más sólida, competitiva y socialmente
incluyente.
