Opinión Económica y Financiera.
Dr. Jorge A. Lera Mejía.
Especialista en políticas públicas.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha convertido al estrecho de Ormuz en el
termómetro más preciso de la nueva crisis energética mundial.
En cuestión de días, el petróleo rebasó picos cercanos a 110–120 dólares por barril,
encendiendo las alarmas de bancos centrales, gobiernos y empresas ante el riesgo de una
recesión inflacionaria global.
Hoy, en pleno ultimátum del presidente Donald Trump para que Teherán reabra completamente
Ormuz bajo la amenaza de atacar sus plantas eléctricas, el mundo entero descubre su
dependencia extrema de unas cuantas rutas angostas por donde circula casi una quinta parte
del crudo mundial.
Dos décadas de “energía barata” se esfuman en dos semanas de guerra y bloqueos.
México no está en el Golfo Pérsico, pero sí está en la primera línea de impacto de esta
sacudida. La economía mexicana se alimenta de gas natural importado de Estados Unidos para
encender más de la mitad de sus centrales eléctricas, mover su industria y calentar millones de
hogares.
Cuando el gas y el petróleo se encarecen en los mercados internacionales, tarde o temprano la
factura llega: en el recibo de luz, en el cilindro de gas, en el tanque de gasolina y, finalmente, en
la bolsa de las familias.
La primera reacción de Hacienda fue volver al escudo conocido: reactivar los subsidios al IEPS
en gasolinas y diésel para evitar que el golpe de los 120 dólares por barril se tradujera de
inmediato en un estallido de precios en las estaciones de servicio.
Del 21 al 27 de marzo, el estímulo para la gasolina Magna es de 24.08% (unos 1.61 pesos por
litro), mientras que el diésel recibe el apoyo más fuerte, arriba de 60% de la cuota, para
contener un precio promedio nacional que rondaba ya los 26 pesos por litro a inicios de año.
Sin esa contención fiscal, los aumentos se transmitirían rápidamente a la canasta básica, al
transporte público, a los fletes y a las tarifas industriales, reeditando el fantasma de la inflación
desbordada.
Incluso con subsidio, los precios ya duelen. En varias ciudades del país, la gasolina Premium y
el diésel rebasaron los 30 pesos por litro a mediados de marzo; la Magna se ha defendido
alrededor de los 23.5–24 pesos gracias a un pacto del gobierno con gasolineros para no cruzar
esa línea psicológica.
En la frontera norte, donde operan esquemas especiales, la Magna se vende en algunos
puntos desde 21–22 pesos, pero con una enorme presión sobre la recaudación vía IEPS.
Por el lado de la electricidad, la Comisión Federal de Electricidad acaba de publicar nuevas
tarifas finales de suministro básico vigentes desde febrero, en medio de este contexto volátil.
El gobierno presume un presupuesto de casi 88 mil millones de pesos en subsidios eléctricos
para 2026, pero también advierte que no todos los hogares quedarán protegidos por igual:
algunos estados recibirán tarifa especial por calor desde marzo, mientras otros resentirán
ajustes al alza en sus recibos.
Si a ello se suma un gas natural estadounidense que, aunque todavía se cotiza en torno a 3
dólares por MMBtu al contado, ya refleja tensión en los futuros ante el conflicto, el riesgo de
encarecimiento en generación es real.
Tamaulipas es un caso emblemático de esa vulnerabilidad. Estado energético y fronterizo,
combina plantas de generación a gas, proyectos ligados al gas natural licuado y una intensa
actividad industrial y logística orientada al mercado estadounidense.
Un alza persistente en el precio del gas y del diésel encarece la operación de parques
industriales, puertos, carreteras y maquiladoras, y se traduce en presión sobre el empleo y los
salarios reales.
Si recordamos que crisis previas de gas ya provocaron apagones y paros en fábricas del norte
del país, el escenario de una “tormenta perfecta” no es una exageración periodística, sino una
memoria reciente.
En el terreno doméstico, la combinación es explosiva: luz más cara, gas más caro y transporte
más caro equivalen a un deterioro directo del ingreso disponible de los hogares, en especial de
los que destinan gran parte de su presupuesto a servicios básicos y movilidad.
La CFE contará este año con más recursos para subsidiar, pero el diseño de ese apoyo ya
anticipa que habrá hogares que paguen más a partir de marzo, justo cuando los combustibles
se disparan por la guerra en Irán.
¿Qué hacer, entonces, en el corto plazo, cuando la guerra sigue y Ormuz es rehén de la
geopolítica?
Primero, proteger a los más vulnerables con medidas quirúrgicas, no con subsidios masivos
que terminan beneficiando más a quien más consume. Focalizar estímulos al IEPS en el diésel
del transporte de carga y en gasolinas de regiones donde no hay alternativas de movilidad es
socialmente más eficiente que tratar de congelar todo para todos.
Segundo, blindar al sistema eléctrico reforzando inventarios de gas, asegurando contratos
firmes de suministro y preparando planes de contingencia para evitar apagones que paralicen
la industria y las ciudades, como ya ocurrió en crisis anteriores.
Tercero, usar el shock como recordatorio urgente: seguir apostando casi a ciegas a un modelo
eléctrico e industrial hiperdependiente del gas importado es una vulnerabilidad estratégica.
La transición hacia una matriz más diversificada –con renovables, eficiencia energética y
almacenamiento– no es un lujo ambiental; es un seguro económico frente a guerras que se
deciden a miles de kilómetros.
La historia del estrecho de Ormuz nos enseña que el mundo puede detenerse en un cuello de
botella más angosto que un municipio mexicano.
La pregunta es si México, y en particular estados como Tamaulipas, van a aprovechar esta
crisis para corregir el rumbo energético o si preferirán seguir confiando en que el próximo misil
no pase tan cerca de nuestra factura de luz y de gasolina.
