A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES
Con la aprobación que hicieron las Comisiones Unidas del Congreso, el gobierno municipal de Ciudad Madero terminó el proceso para cumplir con el pago de más de 53 millones de pesos al Sindicato Único de Trabajadores del H. Ayuntamiento (SUTSHA) por concepto de un laudo laboral.
El asunto fue votado a favor por la mayoría d ellos integrantes de las Comisiones, quienes analizaron los argumentos presentados por el Ayuntamiento maderense para dar cumplimiento a la resolución de un juez, en torno a un conflicto laboral que llevaba algunos años.
Al no existir impedimentos, las y los legisladores locales autorizaron al gobierno que encabeza Erasmo González Robledo comenzar el proceso administrativo para darle al sindicato controlado por Azael Jonathan Portillo Alejo un primer pago de 3 millones de pesos y después, durante casi 100 meses poco más de medio millón de pesos.
La discusión y aprobación de la propuesta estuvo a cargo del presidente de Comisiones Unidas del Congreso, diputado Isidro Vargas Fernández, quien destacó las ventajas de que el Legislativo diera luz verde a esta propuesta.
Hace un par de semanas, el Cabildo de Madero aprobó el plan para pagar la millonaria cantidad al sindicato de trabajadores del Ayuntamiento, pues a pesar de que representará una enorme sangría para las finanzas municipales, se trata de cumplir con una responsabilidad jurídica y de respetar el compromiso de respetar los derechos laborales.
El asunto, como se recordará, escaló mediáticamente cuando se propuso en una sesión del Cabildo y varios regidores -principalmente de Morena-, se opusieron a votar a favor del convenio de pago, pasando por alto que no era opcional, sino que era una obligación legal que tenía que cumplirse.
El asunto se politizó y en medio de todo, mientras los opositores aprovechaban la coyuntura para fortalecer una embestida mediática contra el gobierno local y contra Erasmo, en el seno de la fracción morenista que sí estuvo de acuerdo en acelerar el proceso de finiquito, se fortaleció la especie de que tendrían que luchar contra quienes siendo del mismo partido parecían actuar por consigna de terceros.
Total, que con voto mayoritario que dieron ayer los diputados, el gobierno que encabeza Erasmo González podrá avanzar rápidamente en el cumplimiento del laudo y evitar sanciones legales por desacato a un mandamiento judicial.
Al mismo tiempo, esto deja una lección que habla del éxito en la gestión que se hizo ante el Congreso, ante quienes se hizo un cabildeo intenso y fundado en argumentos legales, para convencerlos de la conveniencia de darle luz verde a la medida que es, además, una responsabilidad legal del Ayuntamiento.
Los mismos diputados hicieron énfasis en que el convenio de pago propuesto es manejable para las finanzas municipales, a pesar del impacto que tendrá en el largo plazo, pero que, de no hacerlo, la carga presupuestal sería mayor, además de las consecuencias legales.
Con esto, ya todo está listo para que después de la politización y de los embates mediáticos que resintió el gobierno maderense, por fin se pueda cumplir con esta obligación legal en favor del sindicato de trabajadores municipales. El capítulo se cerró, pero seguramente, los opositores a la administración local buscarán más oportunidades de seguir usando narrativas a su favor.
ESCOTILLA
Pasó el asunto del convenio de pago del Ayuntamiento de Ciudad Madero al SUTSHA, pero los regidores que se opusieron a su aprobación en el Cabildo siguen sin cuestionar el papel de la dirigencia de esa organización.
Azael Jonathan Portillo, el heredero del sindicato, fue regidor y cercanísimo a los alcaldes que tuvieron en sus escritorios el caso de la demanda laboral, sin resolverla y sin mostrar interés en atender las exigencias de los trabajadores.
El dirigente omitió manifestar públicamente su decisión de que los sucesivos gobiernos locales aceleraran la respuesta al caso y con su silencio, contribuyó a la decisión que hoy le toca pagar a los ciudadanos maderenses más de 51 millones de pesos durante varios años. Ninguno de los regidores que se opusieron a la firma del convenio, ha cuestionado ese evidente conflicto de interés.
