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Emergencias: cobertura sin capacidad

  • marzo 18, 2026
  • 6:53 am

En Público
NORA MARIANELA GARCÍA RODRÍGUEZ

El cierre de la Cruz Roja en Ciudad Victoria no es una anécdota ni un problema
administrativo que pueda explicarse con un comunicado; es, en los hechos, la
evidencia de una falla acumulada en la provisión de un bien público esencial: la
salud; y cuando eso ocurre en una capital lo que se exhibe no es la fragilidad de
una institución sino los límites del Estado para responder a lo básico. Conviene
poner los datos sobre la mesa; en Tamaulipas al menos nueve delegaciones de
Cruz Roja han suspendido o reducido operaciones recientes por inviabilidad
financiera, no por excepción sino por patrón; esto ocurre en una entidad donde
más del 45% de la población no tiene seguridad social (INEGI) , es decir casi la
mitad depende de servicios públicos o de esquemas de auxilio como la propia
Cruz Roja para atender emergencias. Ciudad Victoria concentra esa presión; no
sólo por su población cercana a 350 mil habitantes sino por su papel como nodo
administrativo y receptor de pacientes de otros municipios; la red hospitalaria,
Hospital General, Civil, Infantil, IMSS, ISSSTE y el Regional de Alta Especialidad,
opera con saturación constante, con tiempos de espera prolongados y con
limitaciones que no son nuevas pero sí cada vez más evidentes; a nivel nacional
México tiene alrededor de 1.4 camas hospitalarias por cada mil habitantes, según
la OCDE, muy por debajo del estándar de países con sistemas consolidados. En
paralelo la transición hacia IMSS-Bienestar se planteó como la solución para
atender a más de 53 millones de personas sin seguridad social; en la práctica ha
implicado centralización, ajustes presupuestales y una implementación que no
termina de cerrar brechas; el sistema asume más responsabilidades pero no
incrementa su capacidad al mismo ritmo. Desde la economía pública el
diagnóstico es conocido; mayor demanda, oferta limitada, financiamiento
insuficiente; México destina alrededor de 3% del PIB al gasto público en salud
mientras el promedio de la OCDE ronda el 6%, una brecha que no es técnica sino
política y que se traduce en menos infraestructura, menos personal y menor
capacidad de respuesta. La Cruz Roja operaba como una válvula de escape;
atendía emergencias, facilitaba traslados, absorbía parte de la demanda que el
sistema público no podía cubrir con oportunidad; su cierre no origina la crisis pero
sí la acelera porque elimina un componente que hacía funcional un sistema ya
tensionado; las emergencias no desaparecen, lo que desaparece es la capacidad
de respuesta inmediata. Lo que ocurre en Ciudad Victoria no es un colapso
súbito sino un desgaste progresivo; no es una ruptura sino una acumulación de
fallas que se vuelven visibles cuando el margen de maniobra se reduce; así se
deterioran los sistemas públicos, por omisión, por insuficiencia y por decisiones
que postergan lo urgente hasta que deja de ser postergable. Aquí ya no hay
espacio para eludir responsabilidades; lo que se requiere es decisión política con
recursos etiquetados, integrar formalmente la atención prehospitalaria al sistema
público, garantizar financiamiento estable, invertir en capacidad hospitalaria en la
capital y establecer indicadores que midan tiempos de respuesta y resultados;

sucede que cuando el Estado empieza a fallar en lo básico deja de administrar un
problema y comienza a incubar una crisis de gobernabilidad, y esa, a diferencia
de otras, no da segundas oportunidades.

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