Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El llamado ‘Plan b’ presidencial en materia político-electoral contempla
1) la reducción del número de diputados y de presupuesto en
congresos locales; 2) disminuir los privilegios que persisten en los
municipios (como el número de regidores); y 3) fortalecer la consulta
popular.
El documento que entraña reformas a diversas leyes secundarias de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será entregado
este día (probablemente) en la Cámara de Diputados para, en primera
instancia, ser analizada y dictaminada ‘fast track’, antes de llevarse al
pleno para ser votado.
En esta ocasión se dice que a la fracción parlamentaria de Movimiento
Regeneración Nacional (morena) se sumarían las bancadas de los
partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM),
aunque no todos, a causa de sus divisiones internas.
De cualquier forma, el membrete guinda cuenta con la mayoría relativa
(también llamada simple) requerida por la ley para sacar avante ese
trámite en la sesión plenaria, pues suma 253 diputados. Y aunque
faltaran algunos se consideraría en los momios solamente a los
presentes, por lo que lograr la votación a favor de con el 50 % de los
presentes más uno, sería sencillo, prácticamente.
Sin embargo, aprobar apresuradamente reformas, conlleva riesgos.
Lo vimos en 2023 cuando el ‘Plan b’ de Andrés Manuel López Obrador
que aprobó la Cámara baja fue invalidado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), al presentar vicios en procedimiento
legislativo, como la manera apresurada en que se hizo, sin diálogo o
violando las normas del Congreso.
Los tiempos son otros y otras las circunstancias, debo reconocerlo (en
el Poder Judicial), pues éste ahora trabaja ‘de la mano con el Ejecutivo’.
Pero ‘dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es la ley), según sentencia
una máxima jurídica.
Así que no hay que descartar a priori una eventual invalidación.
En cuanto a los ejes centrales del ‘Plan b’, asoman coincidencias entre
la sociedad y la intención presidencial, pues hay ‘representantes
populares’ que sólo utilizan el cargo para promocionarse políticamente,
cobrar dietas y ‘recomendar’ a sus allegados para ocupar cargos
administrativos. Tanto en los gobiernos estatales como los municipales.
Son los mismos que mucho les ofrecieron a los sectores populares (en
campaña) para logar su voto. Pero una vez instalados en el Congreso
local se olvidaron de ellos, con el añadido de que su labor de gestoría
ha sido, y es, tan pobre como intrascendente.
Vemos ahora, precisamente, a un mar de diputados locales afilarse de
nueva cuenta las uñas por codiciar alcaldías, lo mismo que regidores,
pues creen que el pueblo es tonto y no repara en sus aviesas
intenciones.
Así que reducir su número es un reclamo justo y necesario, como reza
el proyecto presidencial.
¿En qué afectaría al estado y a los municipios?
En nada, así de simple.
Más bien los libraría de abriles espacios a más parásitos.
El tema más discutible, por los partidos políticos, incluyendo a morena,
tiene qué ver con la consulta popular para recomendar cambios de
fondo al marco legal vigente, pues bien saben que un plebiscito echaría
por tierra su permanencia en el pútrido sistema de partidos.
Pero su eventual aprobación podría polarizar al tejido social, aunque la
mayoría comparte el reclamo de reducirles a las instituciones
electorales su presupuesto; y, sobre todo, a los partidos políticos el
financiamiento público por ser ambos millonariamente escandalosos.
De cualquier forma, en el fondo, se trataría de utilizar la consulta como
un recurso para restarles autoridad a los organismos electorales,
además de una ‘sujeción’, bien merecida, a la actuación del Poder
Legislativo tras el fracaso de la reforma electoral.
La conveniencia o inconvenientes de la propuesta presidencial, estriba
en su aplicación.
Y al parecer lo que pase en las 32 entidades no interesa a los partidos.
Liderazgo de Carmen Lilia
Carmen Lilia Canturosas Villarreal de nueva cuenta quedó situada en el
top ten del ranking nacional de 150 alcaldes que mensualmente son
evaluados por Consulta Mitofsky, a través de una encuesta.
En el estudio demoscópico correspondiente a febrero próximo pasado,
la presidenta municipal de Nuevo Laredo aparece en el cuarto sitio
general. Pero igual ocupa la primera posición de los ediles
tamaulipecos (valorados) por segundo mes consecutivo en este 2026.
Para no herir susceptibilidades, omito sus identidades, pues se sitúan
en posiciones nada honrosas.
Lo cierto es que Carmen Lilia alcanzó la alta aprobación ciudadana por
su desempeño administrativo de honestidad; por combatir la corrupción;
su capacidad para resolver los problemas municipales (como son los
servicios públicos) y la percepción ciudadana en materia de seguridad.
Por tanto, ese resultado de la encuesta de Mitofsky refrenda el por qué
Carmen Lilia figura entre las 100 mujeres mejor empoderadas del país.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
