EXPOSICIÓN DE MOTIVOS / JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
El derecho de acceso a la información es, sin duda, uno de los pilares de cualquier sistema
democrático; la transparencia no solo permite vigilar al poder, sino que fortalece la confianza
ciudadana y mejora la toma de decisiones públicas.
Así, en materia de transparencia y acceso a la información tenemos que la línea entre ejercer
una facultad legítima y convertirla en simulación es extremadamente delgada.
Y tal parece que por lo menos en el Congreso de Tamaulipas, esa línea ya ha desaparecido con
una práctica cada vez más recurrente: la presentación de iniciativas cuyo único objeto es
solicitar de información a diestra y siniestra.
Un análisis realizado al trabajo de la presente Legislatura local arrojó un dato muy revelador: al
menos 57 iniciativas han sido presentadas con el único y ambiguo propósito de “pedir
información” sobre temas que fácilmente pueden ser considerados como “extremadamente
random”.
Me refiero, por ejemplo, a preguntar cuántas obras públicas se han realizado con recursos
estatales, cuántos cocodrilos hay en la zona sur del Estado, hasta cuáles han sido las
afectaciones que enfrentaron los productores tamaulipecos durante el periodo neoliberal del
campo mexicano; pasando por cuestiones tan disparatadas como preguntarle a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado que está haciendo para prevenir el robo de cableado eléctrico,
como si no hubiera temas más importantes en que enfocarse.
A todo esto, la pregunta obligada es: ¿para qué?
En primer lugar, habría que comentarles a los diputados Francisco Adrián Cruz Martínez,
Francisca Castro Armenta e Ismael García Cabeza de Vaca que ya existen mecanismos
institucionales para acceder a muchos de estos y otros datos públicos.
Que inclusive, cuando se trata de solicitudes formales a dependencias, estas pueden realizarse
mediante canales administrativos sin necesidad de revestirlas de “iniciativas” que saturan
innecesariamente el trabajo en comisiones.
Sin embargo, es evidente que el problema va más allá del procedimiento. Han confundido la
fiscalización con la mera “curiosidad administrativa” o, de plano, con la intención de simular que
atienden una problemática solo con llevar el tema a Tribuna —algunos nada más a
correspondencia —.
Aun y concediendo que la información solicitada sea relevante, lo cierto es que el Congreso
Local tiene capacidades limitadas para incidir directamente en muchos de los temas sobre los
que preguntan.
¿O es que acaso tendrán la intención y la capacidad de asignar presupuesto de manera
discrecional para atender estas problemáticas? Si no es así, entonces, ¿qué hacen con esa
información una vez obtenida?
La respuesta es muy simple: por lo regular, nada.
Ahí es donde estas iniciativas dejan de ser verdaderas herramientas de transparencia y se
convierten en ejercicios de mera retórica. Generan actividad legislativa en el papel, engrosan
estadísticas y alimentan informes de “productividad”, pero no se traducen en soluciones
concretas.
Por ello, resulta lamentable que algunos legisladores hayan hecho de este recurso una
constante, repitiendo el mismo esquema una y otra vez, y otra vez; situación que solo desgasta
la función legislativa y que, además, trivializa una herramienta que, bien utilizada, pudiera ser
muy valiosa para llamar a cuentas al titular del Ejecutivo.
Tal parece que nuestros legisladores no han entendido que sí, la transparencia es
indispensable, pero cuando se usa como pretexto para simular trabajo, deja de ser virtud y se
convierte en coartada… Y en política, las coartadas suelen ser el síntoma más claro de la falta
de resultados.
En fin, espero que las y los diputados tamaulipecos pronto conozcan y aprendan a usar la
Plataforma Nacional de Transparencia, a ver si eso les ahorra un poco el tiempo para que se
concentren en las cuestiones verdaderamente importantes.
