Golpe a golpe/ Por Juan Sánchez Mendoza
El presupuesto asignado a la educación superior en México es limitado
e insuficiente para dar cobertura a la demanda poblacional, por lo que
urge diseñar una efectiva adecuación a la ley que dé certidumbre a la
universidad pública.
No sólo para elevar su calidad educativa, sino también para enfrentar
los reclamos del mundo contemporáneo en materia de investigación,
ciencia y tecnología.
Así lo ha venido advirtiendo la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que promueve la
implementación de un nuevo modelo educativo que contemple asignar
más recursos al sector, bajo la premisa de que “a la fecha, no se
conoce un país que haya quebrado en sus finanzas por invertir en este
campo”.
Por el contrario, hay claros ejemplos de que América Latina avanza en
la cobertura de enseñanza superior –Argentina, Uruguay y Chile, son
tres naciones que han rebasado el 50 por ciento su matrícula–,
mientras México conserva un lastimoso rezago.
Muestra de ello es que aquí hay 5.5 millones de jóvenes analfabetas
(de 15 años de edad o más), 10 millones no han terminado la primaria,
y más de 16 millones dejaron truncos sus estudios de secundaria.
Esta situación, sumada a la deficiente calidad de la educación primaria,
al hecho de que más de tres de cada diez jóvenes en la edad
correspondiente no estudian el bachillerato y que casi siete de cada
diez entre los 19 y los 23 años no cursan estudios superiores, hace
urgente una gran transformación del sistema educativo nacional.
¿Y cómo lograrla?
Obvio: con una política (integral) de Estado con objetivos y metas
claras, diseñada para el mediano y largo plazos.
Centralismo financiero
La administración de los recursos económicos federales, según
advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
una atribución exclusiva del presidente.
En este caso, de Claudia Sheinbaum Pardo.
Y no existe forma de disputarle, en términos legales, cómo, cuándo y
dónde ejercer el gasto.
Por eso hay colaboradores de la inquilina de Palacio Nacional que
rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social,
a fin de evitar que éste se realice equitativamente para ellos seguir
ejerciéndolo de manera centralista (como hasta hoy ocurre), aun
cuando no conozcan los terrenos que pisan.
A ello obedece que en el Congreso de la Unión pudiera mantenerse
firme la convicción de revisar el marco jurídico del Pacto Federal, pues
legalmente éste resulta atentatorio contra el pueblo que tiene la
necesidad de que esos recursos ya no le sean conculcados.
Y más en estos momentos cuando la crisis económica afecta a miles de
ciudadanos en todo el país.
Dicho en otras palabras, hay una errónea interpretación del artículo 90
de nuestra Carta Magna, por el proceder exclusivo y excluyente (en el
manejo de recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué
ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros
públicos, para su repartición justa y equilibrada.
Hago esta reflexión ante la necesidad que existe de revisar el marco
jurídico a fin de que los 31 estados de la República Mexicana y la
Ciudad de México, como entidades libres y soberanas que son, tengan
mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía
impuestos.
Sobre todo, en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues
de cada peso que las entidades fronterizas envían a la Federación ésta
sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez
(cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices
graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles a los
regímenes subsidiarios la oportunidad de ayudar a sus pueblos
directamente, pues se da en agrupar políticamente el manejo de esos
dineros.
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis, fuera del
reclamo social que hoy existe.
Convencidos de que la aplicación de los recursos federales en cuanto
al rubro social hasta hoy resulta errónea, los diputados federales
podrían darse a la tarea de impulsar una iniciativa para reglamentar que
los estados y municipios definan las reglas de operación de esos
dineros para evitar el centralismo de éstos.
Algunos de ellos han externado ya que las reglas actuales de operación
son retrógradas, ineficientes e injustas, ya que entidades como
Tamaulipas son desplazadas en la aplicación de esos recursos, a pesar
de los altos impuestos que aquí se pagan y van a la Federación para su
manejo discrecional.
Esa actitud, por donde quiera vérsele, conlleva la peculiaridad de ir al
rescate de quienes menos tienen y más lo necesitan, para así poder
recuperar parte de lo perdido que, por cierto, no contempla el
presupuesto de la Federación como recurso emergente ante los
cambios climatológicos, pero el Gobierno Federal bien haría en echar
mano para auxiliar al pueblo.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
