José Luis Rodríguez Castro
Expreso – La Razón
La reforma constitucional aprobada esta semana por el Senado que propone un tope a las pensiones de
organismos como Pemex y CFE afectará a miles de trabajadores jubilados y en activo de ambas empresas en
Tamaulipas.
La iniciativa que ahora pasó a manos de la Cámara de Diputados amenaza con recortarles esa prestación de
manera retroactiva, sin importar lo que acordaron al momento de jubilarse ni los años de vida que laboraron.
Si bien el objetivo de la reforma planteada por la presidenta es atajar las pensiones irregulares y excesivas que se
asignaron ex funcionarios a pesar de haber trabajado solo unos pocos años, la redacción del dictamen golpea a
jubilados que trabajaron hasta 35 años operando refinerías, navegando en buques petroleros, supervisando
complejos petroquímicos, gestionando el suministro eléctrico o dirigiendo proyectos de infraestructura energética
en condiciones de alta responsabilidad y riesgo.
Lo hicieron bajo contratos y esquemas de retiro vigentes que prometían una pensión proporcional a esa
trayectoria.
En Tamaulipas, se estima que la mayor parte de los trabajadores afectados se encuentran en la zona conurbada,
Reynosa y Victoria.
La iniciativa de reforma, ya aprobada —incluso con los votos de la oposición— en el Senado de la República y
encaminada a ser discutida en la Cámara de Diputados en los próximos días, establece que las jubilaciones o
pensiones del personal de confianza a cargo de entidades paraestatales no podrán exceder la mitad de la
remuneración establecida para el titular del Ejecutivo federal —lo que se traduce en aproximadamente 70 mil
pesos mensuales—, aun cuando dichas pensiones hayan sido otorgadas en años anteriores y con validez legal.
La intención, según la propuesta, es acabar con las prestaciones millonarias que se adjudicaron de manera
irregular o abusiva algunos exdirectivos y altos funcionarios de Pemex y otras entidades públicas, con montos que
en algunos casos llegaron a superar el medio millón de pesos al mes.
“No estamos de acuerdo con las pensiones doradas. Nadie debe ganar más que la presidenta, en eso estamos de
acuerdo”, reconoció Silvia Ramos, secretaria de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la Unión
Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP). Pero Ramos subraya que el problema es otro: la
reforma no distingue entre quienes obtuvieron pensiones mediante abusos y quienes simplemente cumplieron con
años de servicio bajo las reglas establecidas.
“Calculamos que más o menos a mil de nuestros compañeros afiliados les afectaría esta situación (en el sur de
Tamaulipas)”, advirtió.
Otro elemento que genera inconformidad es la arbitrariedad del límite fijado. La representante de la UNTPP lo
expresó con una pregunta directa: “¿Por qué el 50 por ciento del salario presidencial? ¿Por qué no el 60 ó el 70?
¿Cuál es el criterio?”.
La Constitución ya establece, en el Artículo 127, que ningún servidor público puede ganar más que el titular del
Ejecutivo federal. Ese umbral, dicen los trabajadores, debería ser suficiente. Pero la reforma va más allá y fija la
mitad de ese salario como techo para las pensiones, sin ofrecer una justificación técnica que respalde esa
proporción.
Además, Ramos recordó que muchas de las pensiones hoy señaladas como “exorbitantes” fueron otorgadas
cuando el salario presidencial era considerablemente mayor al actual.
“Muchas de esas pensiones que ahora dicen que son exorbitantes se otorgaron cuando el presidente ganaba 400
o 500 mil pesos y estaban dentro de la Constitución”, explicó.
El daño colateral: los trabajadores en activo
La reforma no solo afecta a quienes ya están jubilados. Golpea también a los trabajadores de confianza que hoy
están en activo en Pemex y CFE —ingenieros, técnicos especializados, supervisores, mandos medios, personal de
dirección y coordinación de proyectos— y que durante años han estructurado su plan de vida con base en las
condiciones de retiro vigentes.
Para ellos, la reforma representa la eliminación unilateral de una parte sustancial del contrato implícito bajo el que
decidieron desarrollar su carrera en la industria energética del Estado.
En Tamaulipas, donde el sector energético es uno de los pilares económicos de la región —con instalaciones
estratégicas en la franja costera del Golfo de México, en la zona metropolitana de Tampico-Madero-Altamira y en
municipios del norte vinculados al corredor industrial fronterizo—, la incertidumbre es tangible.
Trabajadores afiliados a la UNTPP han realizado mítines en refinerías y complejos petroquímicos del país para
manifestar su inconformidad, y el próximo 17 de marzo está convocada una manifestación frente a la Torre de
Pemex en la Ciudad de México.
Advierten abogados: derechos adquiridos y retroactividad
La crítica no viene solo de los trabajadores. El Consejo General de la Abogacía Mexicana, que agrupa a colegios y
asociaciones de abogados del país, emitió un posicionamiento en el que advierte que la aplicación retroactiva de la
norma vulnera la seguridad jurídica y el principio de no regresividad de los derechos sociales.
El organismo señala que el Artículo Segundo Transitorio del dictamen, que ordena ajustar las pensiones ya
otorgadas y vigentes al nuevo límite, viola el Artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar leyes retroactivamente
en perjuicio de las personas.
A ello se suman las advertencias de 10 asociaciones de jubilados de confianza de Pemex —de Veracruz,
Tamaulipas, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Salamanca, y de organismos como
Fujipe y Frapecoju— que en una carta abierta señalaron que la medida también contraviene la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligatoria para el Estado mexicano, así como el Artículo 26 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe adoptar medidas que reduzcan el nivel de
protección de los derechos económicos y sociales ya alcanzado.
El Consejo de la Abogacía sostiene que la reforma constitucional no es el “instrumento idóneo” para resolver
situaciones individuales de irregularidad o enriquecimiento indebido. Si hubo funcionarios que se adjudicaron
pensiones de manera ilegal o abusiva, el camino correcto es la revisión caso por caso mediante los mecanismos
legales existentes, respetando el debido proceso.
Usar una reforma constitucional de aplicación general para resolver casos particulares es, en palabras del
Consejo, sentar un “precedente riesgoso” cuyo alcance trasciende a la propia reforma.
De ser aprobada por la Cámara de Diputados, la reforma tendría que ser ratificada por los congresos estatales
antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Eso abre una ventana de tiempo en la que los
trabajadores y sus organizaciones confían poder incidir en el proceso.
La UNTPP ya analiza estrategias jurídicas y evalúa la posibilidad de promover amparos y otros recursos legales.
