ENPUBLICO
Nora Marianela García Rodríguez
En Ciudad Victoria hay un expediente que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas conoce
con precisión y que todavía no tiene sentencia: un jefe de grupo de la propia policía
investigadora fue señalado como responsable directo de la desaparición de tres personas en la
capital del estado, la carpeta se judicializó, la prisión preventiva fue dictada, y ahí se detuvo el
proceso; el señalado está identificado, la institución que debería perseguirlo es la misma de la
que él formaba parte, y la condena sigue sin llegar, lo que convierte ese caso en una síntesis
más precisa que cualquier estadística del estado que guarda la justicia en Tamaulipas.
Ese expediente no está solo; forma parte de un registro que al corte de febrero de 2026
acumula 13,667 casos en esta entidad, una cifra que no la calculó ningún organismo crítico ni la
fabricó ninguna organización de oposición, sino que la administra el propio Registro Nacional
de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno federal; el 95% de esos casos están
vinculados a la comisión de un delito, lo cual significa que detrás de cada número hay una
familia que sabe, o sospecha con fundamento suficiente, que alguien se lo llevó y que el Estado
no ha respondido con nombre, fecha ni responsable.
Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en ese registro, por debajo de Jalisco y por
encima de cualquier otra entidad del norte; una posición que no refleja únicamente la violencia
del crimen organizado sino también décadas de omisión institucional, de fiscalías que
anunciaban revisiones integrales sin publicar sus avances, de presupuestos que crecían sin
que los índices de identificación mejoraran de manera proporcional, y de corporaciones
policiales que en varios períodos documentados no eran un contrapeso al crimen sino una
extensión territorial de él, con retenes, rutas y acuerdos que la autoridad federal ha reconocido
sin que eso se haya traducido en sentencias suficientes.
Ciudad Victoria aparece entre los cinco municipios con mayor concentración de casos, en una
lista que encabezan Reynosa y Matamoros; pero la relevancia de la capital en esta crisis no es
solo estadística sino estructural: es la sede donde se asignan las partidas para la búsqueda,
donde opera la Fiscalía que en enero de 2026 anunció que estaba analizando toda la
información recibida y que los avances se irían conociendo conforme avanzara la revisión
interna, una declaración que los colectivos de familiares conocen de memoria porque la han
escuchado, con distintas palabras y distintos titulares, durante más de una década sin
respuesta suficiente.
Raymundo Aguilera Gallardo lleva diez años buscando a su hijo Gabriel, quien tenía 34 años
cuando desapareció por última vez en el ejido 5 de Mayo, municipio de Padilla; en una marcha
en Ciudad Victoria para exigir resultados, dijo algo que ningún funcionario ha podido rebatir con
evidencia: no buscamos culpables, nada más necesitamos localizar a nuestros hijos; se perdió
un ser humano, no un animalito, una frase que no es retórica sino la descripción exacta de lo
que los colectivos enfrentan cada vez que presentan una solicitud ante una fiscalía que lleva
meses sin mover una carpeta.
Los colectivos no esperan los resultados de ninguna revisión institucional porque aprendieron,
jornada a jornada, que la presión sostenida es la única variable que efectivamente mueve
carpetas paralizadas; el Colectivo Amor por los Desaparecidos arrancó 2026 con una jornada
en la Brecha El Becerro, en Reynosa, y su presidenta Edith González lo dijo sin rodeos: si no
exigimos, las autoridades tienden a relajarse cuando no hay presión, un diagnóstico empírico
validado por años de trabajo en campo que recayó sobre mujeres que salían a buscar con o sin
acompañamiento oficial, porque la escolta no siempre llega y el expediente no espera.
La propia Fiscalía de Tamaulipas confirmó a principios de año la detección de más de 50 sitios
con restos humanos derivados de esas labores conjuntas; cincuenta predios identificados en el
territorio de un estado cuya capital tiene congreso, palacio de gobierno, universidades y toda la
arquitectura formal del poder funcionando, pero que convive, a pocos kilómetros de cualquiera
de esas instituciones, con terrenos donde hay restos que llevan meses o años esperando ser
procesados por un sistema forense que el propio Estado reconoce estar rebasado, sin que ese
reconocimiento se haya traducido en la capacidad técnica necesaria para reducir el rezago.
Ese rezago tiene historia: Tamaulipas fue durante años el territorio donde se ensayaron los
primeros operativos militarizados contra el narcotráfico, donde la lógica de la guerra contra las
drogas produjo sus primeras fosas masivas documentadas —San Fernando en 2010 y 2011—,
donde el 30 por ciento de los desaparecidos tenía entre 20 y 29 años al momento de su
ausencia, y donde la captura de líderes criminales no desmanteló las estructuras sino que las
fragmentó en grupos con mayor penetración institucional; treinta años después, la Fiscalía de
Ciudad Victoria sigue anunciando revisiones integrales y los expedientes siguen abiertos.
El contexto nacional de esta semana agrega una dimensión que Tamaulipas siente de manera
directa: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU escaló el caso de México a la
Asamblea General, solicitando cooperación técnica y asistencia especializada para búsqueda y
análisis forense; lo que el gobierno federal rechazó, calificando la resolución de tendenciosa e
injerencista, no era una condena sino una oferta de capacidad para atender lo que México no
ha logrado atender solo, y rechazarla mientras esta entidad acumula 13,667 expedientes y más
de 50 sitios con restos pendientes no es una postura soberana sino una decisión con
consecuencias directas sobre familias concretas de este estado.
Ciudad Victoria es la capital de todo eso: de los expedientes sin sentencia, de las fiscalías que
se revisan a sí mismas sin rendir cuentas externas, de los colectivos que rastrean predios
porque nadie más lo hace con la frecuencia que la crisis exige; es también la ciudad donde esa
deuda puede comenzar a pagarse o seguir aplazándose, porque la autoridad que define si los
protocolos se actualizan, si la búsqueda se intensifica, si el expediente de alguien desaparecido
en Padilla o en San Fernando tiene movimiento esta semana o espera otro año en el fondo de
un archivo, tiene su sede aquí, a unos kilómetros de los predios donde los colectivos siguen
encontrando lo que las instituciones no han terminado de procesar.
13,667 expedientes sin cerrar no caben en un boletín de prensa ni se neutralizan con un
comunicado de rechazo; son el inventario de una deuda que el Estado tamaulipeco tiene con
sus propias familias, una deuda que no se liquida con anuncios de revisión integral sino con
sentencias que lleguen antes de que quienes buscan ya no puedan hacerlo, con trabajo forense
que devuelva un nombre a cada resto que lleva años en alguno de esos 50 sitios, y con la
decisión que ninguna administración en Ciudad Victoria ha terminado de tomar en serio: que
identificar a cada desaparecido es una obligación del Estado, no una concesión que depende
de la presión que los colectivos puedan sostener cada semana con su propio tiempo y su
propia valentía.
