Cynthia Gallardo/ La Razón
A casi un año de la aprobación de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+ en Tamaulipas, el municipio de Tampico se perfila como referente estatal en la implementación de acciones afirmativas, al poner en marcha programas dirigidos a grupos históricamente vulnerables, bajo un enfoque de justicia social interseccional.
A través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Grupos Vulnerables, el gobierno municipal inició la entrega mensual de apoyos alimentarios desde el Centro de Desarrollo Comunitario y Atención a la Diversidad Sexual y de Género, con prioridad para personas con discapacidad y migrantes, como parte de una estrategia para reducir condiciones de desigualdad.
Estas acciones, consideradas herramientas de política pública para corregir brechas estructurales, buscan garantizar el acceso equitativo a derechos básicos.
Autoridades locales destacaron que el objetivo es “dignificar a todos los sectores sin distinción”, mediante programas que integren a quienes enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad.
Desde la sociedad civil, Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., se refirió al impacto de estas políticas al señalar:
“Hoy demostramos que la comunidad organizada es la mayor fuerza de cambio. Estos centros en Tampico y Altamira son únicos en su tipo porque aquí la política pública tiene rostro humano. Estamos educando al sistema y a nuestra propia comunidad: el bienestar es un derecho, no una dádiva”
En la misma línea, el presidente de Tendremos Alas A.C., Celso Pérez Ruiz, reconoció la relevancia del trabajo conjunto entre organizaciones y gobierno: “La unidad a través de la coalición Trabajo en Equipo LGBTTTIQ+ Tamaulipas es la clave. Estamos sensibilizando a los gobiernos para que entiendan que la inclusión debe ser interseccional. Si no incluimos a las personas con discapacidad y a los migrantes dentro de nuestra lucha, la igualdad no es completa”
Sin embargo, las organizaciones civiles advirtieron que aún existen pendientes en la agenda estatal, entre ellos la creación de una Ley de Identidad de Género administrativa, la no criminalización de personas con VIH, el establecimiento de unidades de salud integral para población trans, así como la tipificación de crímenes de odio y la implementación de un cupo laboral para personas trans y no binarias.
Finalmente, llamaron a las autoridades, academia y sector productivo a sumarse a este proceso de transformación social, al considerar que la coordinación entre gobierno y ciudadanía será clave para consolidar un modelo de inclusión en Tamaulipas donde, aseguran, “nadie se quede atrás”.
