José Luis Rodríguez Castro Expreso La Razón
La organización Artículo 19 México y Centroamérica publicó un comunicado para advertir sobre los riesgos de la propuesta en el Congreso estatal.
“Dicha iniciativa, en su redacción actual, otorgaría un rol de control al Estado sobre lo que considera ‘prácticas éticas periodísticas’, y provoca el riesgo de ser utilizado como herramienta de hostigamiento legal contra la prensa”.
Señala que, aunque la propuesta afirma no buscar censura, “efectivamente genera un mecanismo por el cual se pueden iniciar ‘quejas’ contra periodistas por fallas éticas que las volvería públicas”.
En ese sentido, advierte que la vinculación del Colegio con instancias estatales permitiría canalizar señalamientos que podrían derivar en procesos de exposición pública contra periodistas.
“Publicar recomendaciones y extrañamientos públicos… corren el riesgo de convertirse en listas negras de periodistas o señalamientos públicos que busquen minar la confianza o reputación”.
También cuestiona la posibilidad de imponer medidas como disculpas públicas, al considerar que generan presión indirecta sobre el ejercicio informativo en contextos de riesgo.
“Generando efectivamente medidas de presión a la prensa”, advierte el documento al referirse a las recomendaciones y posibles acciones del organismo propuesto.
La organización subraya que la definición de periodista planteada podría ser restrictiva y contraria a estándares internacionales que reconocen el ejercicio como una función social amplia.
“No existen parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el contenido de estas categorías”, cita al referirse a criterios de moralidad o ética en la regulación.
Finalmente, llama a replantear la iniciativa y enfocar los esfuerzos en fortalecer la protección a periodistas, en lugar de establecer mecanismos de control sobre su labor.
Reconoce que los colegios de periodistas existen en otros países, pero insiste en que su funcionamiento debe garantizar autonomía plena frente a cualquier instancia gubernamental.
“Debe primeramente existir una definición clara sobre su rol autónoma, separada del Estado, y con mecanismos internos de regulación que permitan mantener una independencia de éste”.
Plantea que la promoción de estándares éticos es válida, siempre que no derive en mecanismos de evaluación individual con exposición pública o señalamientos directos.
“Los Colegios de Periodistas pueden generar protocolos éticos para la prensa, más no deben de generarse tribunales de facto con criterios arbitrarios”.
Advierte que, en contextos de violencia contra la prensa, cualquier figura que permita clasificar o exhibir periodistas puede agravar riesgos y vulnerabilidad en el ejercicio informativo.
Finalmente, reitera el llamado a que el Estado priorice acciones de protección y evite asumir funciones que impliquen juzgar contenidos o prácticas periodísticas.
