EN PÚBLICO
NORA GARCIA RODRIGUEZ
Existe en Tamaulipas un tipo de persona que no trabaja para el gobierno, el gobierno trabaja
para ella, aunque nunca lo diría así; ocupa un cargo de dirección en una secretaría estatal,
llega tarde porque “venía de una reunión”, tiene tarjeta de presentación con escudo oficial que
entrega con solemnidad de embajador, y sus publicaciones en redes sociales alternan fotos en
eventos institucionales con imágenes de restaurantes que califica, sin ironía visible, como
“merecido descanso”; esa persona no es un servidor público en el sentido funcional del
término, es el espécimen más acabado de la tamaurocracia, la clase social que Tamaulipas ha
producido con la misma eficiencia con que sus maquiladoras producen arneses: en cadena, sin
falla, sin preguntarse para qué.
El dato de partida es estructural: Tamaulipas ocupa el octavo lugar nacional en empleados
gubernamentales, con 90 mil 399 personas en nómina federal y estatal, ejerce el primer lugar
nacional en presupuesto para programas de desarrollo social con 37 mil 225 millones de pesos
repartidos en 57 programas, y sin embargo queda en el lugar 22 del país en contratos y
licitaciones de obra; la ecuación no es un error contable, es un retrato de clase, porque un
estado que gasta primero pero construye en el lugar 22 no está invirtiendo en infraestructura
sino en sí mismo; el presupuesto público tamaulipeco no es un instrumento de transformación
territorial: es el fondo de pensiones de una clase que aprendió a administrar sin producir.
Entender la tamaurocracia requiere primero entender lo que no es: no es corrupción en el
sentido penal (aunque a veces también lo sea) sino algo más difícil de procesar jurídicamente
porque opera en la legalidad plena; es la conversión del cargo público en plataforma de
distinción social, el uso de la institución como acreditación de clase en un territorio donde el
apellido no alcanza, el capital no sobra y la frontera no está al alcance de todos.
El funcionario tamaulipeco de rango medio no roba, o no necesariamente, simplemente ha
entendido que el presupuesto público es el único mecanismo de movilidad social que su
entorno le ofrece, y lo ha optimizado con una racionalidad que, en otra economía, habría
dirigido hacia el emprendimiento; su pecado no es la deshonestidad sino la eficiencia aplicada
al propósito equivocado.
Sin el patrimonio de la burguesía empresarial fronteriza ni la trayectoria de una élite académica
consolidada, la tamaurocracia construye su jerarquía sobre la cercanía al poder: la proximidad
al secretario, el acceso al evento oficial, la foto junto al gobernador y esa cercanía no puede
verificarse desde afuera, lo que la hace simultáneamente frágil e inflada; el director de área que
asiste a la firma de convenio no tiene más poder real que el que le otorga esa proximidad
momentánea, pero esa proximidad se fotografía, se sube a redes y se convierte en moneda de
cambio en el círculo inmediato, donde todos comparten la misma gramática de jerarquía y la
misma necesidad de creerla real.
El viernes por la tarde, los restaurantes del corredor comercial de cada ciudad capital se llenan
de funcionarios medios con la misma conversación: quién sube, quién baja, a qué dependencia
se mueve el licenciado Fulano y nadie en esa mesa pregunta qué construyó la semana ni qué
problema ciudadano resolvió.El punto más delicado no es económico sino cultural: la
tamaurocracia ha democratizado hacia abajo el mecanismo de posicionamiento vacío que
caracterizó a la élite fronteriza, de modo que una proporción amplia de la población orienta sus
aspiraciones hacia el gobierno no como servicio sino como destino.
El joven universitario de Ciudad Victoria o Matamoros que estudia derecho o administración
pública no está pensando en transformar nada, está pensando en pertenecer, en acceder al
uniforme institucional que en Tamaulipas funciona como sustituto del apellido o del capital; esa
orientación no es irracional, es la respuesta lógica de quien observó que el gobierno era el
único empleador estable en una entidad sacudida por violencia y volatilidad; entre 2010 y 2016
el empleo gubernamental no cayó, creció, y lo que comenzó como alivio de emergencia se
institucionalizó como modelo, y el modelo sobrevivió a la crisis que lo justificaba.
El costo es el más caro de todos: Tamaulipas es el séptimo estado en PIB, con una planta
exportadora que mueve miles de millones de dólares, y sin embargo su mercado interno es
raquítico y su tejido de pequeñas y medianas empresas es delgado para el tamaño de su
economía formal; la razón no es falta de talento, es que los mejores cuadros llevan décadas
eligiendo el organigrama gubernamental sobre el riesgo productivo, la nómina segura sobre la
empresa propia; cuando el Estado absorbe sistemáticamente el talento disponible, lo que
queda para el mercado no es la reserva, es el residuo.
Y así, con noventa mil empleados gubernamentales, primer lugar nacional en gasto social y
vigésimo segundo lugar en obra construida, Tamaulipas ha resuelto con elegancia un problema
que otros estados aún no saben que tienen: ha creado una clase media estable, satisfecha y
perfectamente improductiva; una burguesía sin capital que se reproduce a sí misma por
decreto, que confunde el organigrama con el árbol genealógico, que celebra el nombramiento
como se celebraba antes el título de nobleza.
En un arranque de eficiencia que ningún programa de desarrollo social podría superar, ha
encontrado la manera de que el ciudadano pague, con sus impuestos, la ilusión de grandeza de
quienes deberían servirle; si eso no es una política pública exitosa, al menos es una “historia de
amor” entre el Estado y sí mismo y digna del corrido más largo del norte.
