ENROQUE
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Aunque el PAN siempre ha presumido que sus gobernantes no solamente son eficientes e
incorruptibles, también fervientes defensores de la nación y de los valores patrios, el caso de la
intervención de la CIA en México autorizado por la gobernadora de Chihuhua, Maru Campos,
ha desenmascarado al partido Acción Nacional.
Permitir a agentes policiacos de los Estados Unidos al territorio ha exhibido a los panistas
como traidores a la patria, al mismo tiempo ha servido para sacar a la luz actos y disposiciones
que revelan que los servidores públicos albiazules no son tan honestos como a menudo
algunos de ellos alardean.
Gracias a ese escándalo se sabe hoy, por ejemplo, que gran parte del presupuesto de los
contribuyentes la entidad fronteriza ha sido utilizado para pagar sueldos millonarios a los
damnificados políticos del sexenio de Calderón, entre estos Roberto Gil Zuarth, Ernesto
Cordero y Javier Lozano, y a financiar campañas de descrédito contra Morena y la presidenta
Sheinbaum difundidas a diario por periodistas como Carlos Alazraki, Loret de Mola y TV Azteca,
entre otros.
Se ha hecho igualmente del conocimiento de los votantes que el esposo de la señora
Campos, el extinto Víctor Cruz Russek, y sus familiares fueron beneficiarios con contratos
millonarios otorgados por distintas dependencias del gobierno estatal, aparentemente como
pago del dinero que los parientes gastaron en costearle la campaña electoral a la mandataria.
A pesar de las graves acusaciones, ninguno de los presuntos involucrados se ha atrevido
a desmentir, quizá porque están conscientes de que son responsables de un evidente conflicto
de intereses debido a que la familia Russek es la dueña de la empresa automotriz que provee
de vehículos al gobierno Chihuahuense.
La crisis política causada por el caso no impidió que el pasado 22 de abril el ayuntamiento
del municipio de Chihuahua, que preside el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, aprobara
imponer el nombre del marido de la gobernadora a la avenida La Cantera, una de las
principales de la ciudad, y en el colmo de los desatinos autorizara asimismo que se agregara a
la frase “Movimiento Estudiantil de 1968” el de bulevar Díaz Ordaz, el nombre del presidente de
la República que ordeno la matanza de estudiantes en Tlatelolco.
Y uno de los más represivos de que se tiene memoria.
Ni siquiera les importó a los ediles panistas que el gobierno de Felipe Calderón, militante
destacado de Acción Nacional, había promulgado el 2011 una reforma legal para declarar día
de luto nacional el 2 de octubre, fecha de la masacre perpetrada por efectivos de los cuerpos
de seguridad del nefasto gobernante priista en la Plaza de las Tres Culturas de la ciudad de
México hace 58 años.
Ya encarrerados, los integrantes de la comisión de desarrollo urbano del cuerpo edilicio
de la capital del Estado dieron también el visto bueno para que se agregara el nombre del ex
gobernador Francisco Barrio Terrazas a otra calle del municipio.
Es necesario señalar que para modificar la nomenclatura urbana el gobierno municipal no
consulto la opinión a la población, ni se documentó ninguna acción para justificar el agregado la
denominación del cónyuge de la jefa del ejecutivo estatal.
Tampoco tomaron en cuenta el sentir y las reacciones de protesta de colectivos,
organizaciones ciudadanas y activistas ni las firmas que estos recabaron contra el cambio de
identidad, mucho menos, por supuesto, que los inconformes ingresaran al recinto de la sesión
de cabildo.
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