El Faro/Francisco de Asís
“Se lo llevaron en la madrugada.
No traían orden. Traían armas.
Me dijeron que no preguntara.
Desde entonces no duermo.
No sé si está vivo… o si alguien lo está buscando.”
Podría ser cualquiera.
Pero no lo es.
Es la voz de madres como Irma Leticia Hidalgo Rea, que desde hace más de
una década busca a su hijo, Roy Rivera Hidalgo, sustraído de su casa por
hombres armados, algunos con chalecos de policía.
No es un expediente.
No es una cifra.
Es una voz.
Y, sin embargo, esa voz —multiplicada por miles— es la que ha empezado a
cruzar fronteras.
En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada activó el
procedimiento del artículo 34 de la Convención. Es un mecanismo excepcional,
reservado para cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o
sistemáticas.
En otras palabras: lo que durante años fue denuncia de familias… hoy empieza
a ser preocupación formal de la comunidad internacional.
El siguiente paso podría llevar el caso mexicano a la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
No es menor.
Detrás de esa decisión hay un diagnóstico construido no solo por organismos
internacionales, sino por quienes han tenido que asumir una tarea que no les
corresponde: buscar.
Un informe presentado en enero de 2026 ante la ONU —respaldado por 36
organizaciones de la sociedad civil y 18 especialistas— advierte un deterioro
profundo: debilitamiento del amparo, erosión de la autonomía judicial,
reducción de contrapesos, opacidad en la rendición de cuentas, militarización
sin controles civiles efectivos y una impunidad persistente.
Pero hay algo más grave detrás de ese diagnóstico técnico.
El surgimiento de un fenómeno que no debería existir en un Estado de
derecho:
las familias convertidas en buscadoras.
Madres como María Hortencia Rivas Rodríguez, que no hablan de política ni
de instituciones, sino de ausencia:
“La desaparición de una persona que fue amada… es un dolor que no se
mide… exijo que sea localizado… y que cada paso los lleve a la justicia.”
Y aun así, buscan.
Madres, padres, hermanas, hijos… que salen con palas, varillas y fotografías a
recorrer terrenos, brechas, desiertos. Que organizan brigadas. Que abren
fosas. Que encuentran restos.
No porque quieran.
Porque no hay quien lo haga.
Diversos informes y testimonios coinciden en un hecho inquietante: en un
número significativo de casos, los hallazgos no provienen de investigaciones
oficiales, sino del trabajo directo de las familias.
Ese deterioro no se mide solo en leyes.
Se mide en el tiempo de quienes buscan.
La escritora Celia Palacios lo documentó con crudeza:
“Me dio mucha tristeza que algunas de las señoras estaban enfermas,
cansadas, agotadas por las búsquedas… los expedientes siguen acumulando
polvo, pero las personas no se rinden.”
No solo desaparecen personas.
También se desgastan las vidas que las buscan.
México construyó durante décadas un entramado institucional —con muchas
deficiencias, sí— pero funcional en lo esencial.
No es que el sistema no funcionara.
Es que los cambios estructurales lo están destruyendo.
Cuando se limita el amparo, se erosionan los contrapesos y se diluye la
rendición de cuentas, lo que se pierde no es teoría.
Es capacidad.
Y cuando esa capacidad se pierde, lo que antes era excepción… se repite.
Frente a este diagnóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la
metodología del Comité: señaló que el análisis no refleja la realidad actual y
rechazó que exista una política de desaparición forzada atribuible al Estado.
La respuesta del Comité fue sobria.
Reconoció el derecho a disentir, pero advirtió que la descalificación no lo es.
Recordó que forma parte del sistema de Naciones Unidas y que su evaluación
no se limita al pasado, sino que considera la evolución hasta hoy.
El debate no es metodológico.
Es factual.
“Yo no quiero venganza”, dicen muchas madres.
“Solo quiero saber dónde está mi hijo.”
Esa frase —que debería resolverse en una institución— en México ha tenido
que recorrer caminos, excavar tierra… y llegar hasta instancias internacionales
para ser escuchada.
Ese es el punto.
Porque cuando una madre tiene que convertirse en investigadora, en perito y
en buscadora…
no es solo una tragedia.
Es que pareciera que al poder no le importa.
