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Expreso – La Razón
La Auditoría Superior del Estado (ASE), dio a conocer los resultados de la revisión de la cuenta pública 2023 del Sistema DIF de Ciudad Madero, en la que se detectaron irregularidades por un monto total de 4 millones 620 mil 997 pesos con 65 centavos, recursos que podrían considerarse como un posible daño a la hacienda pública si no se solventan conforme a la normatividad.
Entre las observaciones más relevantes se encuentra un pliego relacionado con la falta de comprobantes de pago correspondientes a la nómina de la segunda quincena de enero 2023, así como al pago de aguinaldos de diciembre de ese mismo año, por un monto total de 3 millones 632 mil 713 pesos con 42 centavos, lo que representa la mayor parte de las inconsistencias detectadas en esta revisión.
Dentro del informe también se mencionan los nombres de los servidores y exservidores públicos que podrían tener posible responsabilidad administrativa por estas irregularidades, entre ellos María Isabel Ruiz de León, exsubdirectora de Administración y Finanzas; Amelia Josefa Pérez Rodríguez, exdirectora general del Sistema DIF; Francisco Reyes Durán, excoordinador Jurídico y de Recursos Humanos; así como Fabiola del Rocío Robles, coordinadora de Recursos Humanos, y la contadora Virginia Zavala Laurense, coordinadora de Egresos.
De igual forma, se incluye a Norma Yolanda Mucharraz Quintero, extitular del Órgano de Control Interno, además de Cristian Enrique Vargas Romero, coordinador de Inventarios, quienes también tendrían responsabilidad conjunta en los 10 pliegos de observaciones restantes detectados durante este proceso de fiscalización.
El documento público de la ASE, se precisa que “se encuentran en proceso los procedimientos para determinar las responsabilidades administrativas y, en su caso, la imposición de las sanciones correspondientes conforme a la ley”, por lo que los implicados aún cuentan con la oportunidad legal de solventar las observaciones.
Actualmente está por vencer el plazo establecido para que la Auditoría Superior del Estado determine si existen responsabilidades administrativas y proceda conforme a la legislación aplicable, lo que podría derivar en sanciones o en la obligación de resarcir el daño patrimonial en caso de que no se justifiquen los recursos observados.
Este proceso forma parte de los mecanismos de fiscalización que buscan garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el correcto ejercicio del presupuesto en los organismos asistenciales municipales.
