Finanzas familiares /Angélica G. González López
En un contexto donde la inflación es persistente y las presiones internacionales sobre los energéticos son constantes, parece atractiva la idea de establecer un precio tope a los hidrocarburos; y, en México esta parece ser la solución al problema que se enfrenta.
En días pasado en un reciente acuerdo se estableció un tope al precio del diésel —en 28 pesos por litro— como medida de alivio para los consumidores. Sin embargo, más allá del aparente beneficio inmediato, esta decisión abre una discusión más profunda respecto a la sostenibilidad económica de que el estado intervenga en el precio de mercados estratégicos.
Desde una perspectiva microeconómica, establecer un precio máximo por debajo del equilibrio de mercado no elimina el problema, sino que genera desplazamientos en las curvas de oferta y demanda. Es decir, si el precio es más bajo —puesto que se ha fijado de forma artificial— la demanda tiende a aumentar, mientras que la oferta enfrenta restricciones derivadas de menores incentivos económicos. Este desajuste genera presiones que no se manifiestan como desabasto deforma inmediata, pero si genera afecciones a los mercados y genera dependencia a subsidios implícitos.
En el caso del diésel, la situación se vuelve más interesante aún, porque este es un bien que está presente en diversos insumos. Por ejemplo, sostiene la logística y está presente en el transporte de mercancías, por lo que gran parte de la estructura de costos de bienes en la economía lo consideran dentro del establecimiento de precio.
En México, el mecanismo para amortiguar el impacto de aumentos internacionales es a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual permite que se reduzca la carga impositiva sobre los combustibles, en este caso. No obstante, este impuesto se ha vuelto recurrente por lo que su uso plantea dos interrogantes. La primera se relaciona con el impacto en la recaudación fiscal (porque se recauda un menor recurso del pago de impuesto en combustibles). Y, la segundo es la que es subsidio se vuelva regresivo, es decir al abaratar el combustible los beneficiarios (de forma proporcional) son quienes más consumen energía, por lo que, son los hogares de mayores ingresos los que tiene mayores beneficios.
Así que, hay dos impactos evidentes: en primer lugar, la intervención de los subsidios afecta a productores y distribuidores, pero también puede afectar a consumidores, ya que se altera el nivel de precios dado que se generan distorsiones en la producción y el consumo. Mientras que, el uso combinado de precios tope y estímulos fiscales puede beneficiar a unos cuantos, lo que terminan acentuando las desigualdades económicas ya existentes.
Desde la perspectiva de los hogares, el efecto es ambivalente. En el corto plazo, un precio contenido del diésel puede moderar el encarecimiento de bienes básicos, especialmente los vinculados al transporte. Pero, en el mediano plazo, puede verse afectada la calidad de los servicios, generar presiones sobre las finanzas públicas y limitar al estado para sostener políticas sociales.
El dilema de fondo no es si se debe proteger a los consumidores, sino cómo hacerlo sin distorsionar los incentivos de mercados, ya que si no existen soluciones estructurales el control de precios se convierte en una respuesta políticamente atractiva, pero económicamente limitativa, porque al final del día, el precio bajo de hoy se paga mañana.
