En visto | Dora de la Cruz
Los dos recientes hechos de feminicidio, pusieron a prueba a las fiscalías, en su
capacidad para prevenir, investigar y castigar este delito, cito los casos de Edith
Guadalupe y Carolina Flores, que exhibieron, una vez más, las limitaciones
institucionales para responder con resultados, transparencia y acceso a la justicia
frente a la violencia contra las mujeres.
Las fiscalías, parece que dan clases de apología del feminicidio, y pocas veces salen
a proporcionar información concreta sobre avances y resultados de las
investigaciones; solo dicen lo obvio y dejan muchas preguntas al aire, que se hace la
ciudadanía.
El caso del feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años, volvió a colocar en el centro
de la conversación pública una crisis: el tema de la desconfianza ciudadana hacia las
fiscalías; pusieron en duda la presunta responsabilidad de Juan Jesús “N”, el guardia
del edificio, donde fue encontrada sin vida la joven; luego de que los familiares
dieron aviso de la desaparición, las autoridades se negaron a iniciar la búsqueda
inmediata; en cambio, les solicitaron dinero. Edith fue encontrada sin vida dos días
después.
El otro caso, fue el de la ex reina de belleza, Carolina Flores, a quien presuntamente
la asesinó su suegra en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México, que
dejó a la fiscalía de la Capital del país, exhibida por su incapacidad para esclarecer
un caso documentado incluso en video; pero además, el comportamiento del esposo
de la víctima generó cuestionamientos, al ser visto poco congruente con la gravedad
de lo ocurrido.
Ni la suegra, ni el esposo han sido detenidos, ni se conoce con claridad si están
formalmente bajo investigación en este caso de feminicidio, las autoridades, no han
salido a informar nada del asunto. La opacidad institucional vuelve a exhibir cómo,
desde las fiscalías, la violencia contra las mujeres se maneja con burocratismo, sin la
urgencia que exige la pérdida de una vida.
En Tamaulipas, el pasado 25 de abril, Lorenia, de 30 años, fue víctima de feminicidio
en Reynosa. De acuerdo con el reporte oficial, fue atacada por su pareja en el
restaurante donde ambos laboraban. El presunto responsable fue detenido y
permanece a disposición de la autoridad, por lo que deberá enfrentar proceso por
este delito, recientemente tipificado en el estado.
En algunos casos, como el ocurrido hace unos días en Tamaulipas, se actuó de
inmediato, pero los daños colaterales, ahí quedan, y aunque el marco legal se ha
fortalecido, el feminicidio continúa registrando incidencia, lo que plantea una
pregunta que es respuesta: algo está fallando… algo no está funcionando.
Las reformas y políticas públicas no han logrado bajar los casos de feminicidio en su
incidencia; dan señales de fallas estructurales en la prevención y atención del grave
problema.
Parecería que nos estamos convirtiendo en simples espectadores, de un problema
grave que se repite en todos los espacios, en edificios públicos, departamentos,
restaurantes y lugares públicos, donde, en teoría, las mujeres deberían estar
seguras. La pregunta ya no es solo qué está pasando, sino dónde está la falla que
impide reducir las cifras de feminicidio.
Qué es lo que debería de reestructurarse, o crear, para avanzar hacia el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia. Lo que sí está en entredicho, es la eficacia
en la respuesta de las autoridades, a quienes compete la protección, prevención,
procuración y administración de la justicia.
