EN VISTO/Dora de la Cruz
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución a
partir de la cual se va a crear la Ley General en materia de feminicidio. La
modificación establece que todas las muertes de mujeres deberán investigarse con
perspectiva de género y plantea lineamientos para la prevención, esclarecimiento,
sanción y reparación del daño, lo que implica un reto para las fiscalías estatales,
que en general enfrentan deficiencias en la atención de estos casos.
La propuesta incorpora nueve razones de género que obligan a investigar bajo ese
enfoque: signos de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de
violencia, la presencia de prejuicios, relaciones de poder entre víctima y agresor,
condiciones de indefensión, así como la exposición del cuerpo. Establece penas de
40 a 70 años de prisión y añade 21 agravantes. También fija que la tentativa de
feminicidio será sancionada con la mitad de la pena prevista para el delito
consumado.
La iniciativa se presenta como una reforma integral, no sólo tipifica y agrava el delito;
también incorpora por primera vez la reparación del daño y reconoce los costos
sociales del feminicidio, como la orfandad. Sin embargo, no contempla una
asignación clara de recursos para su implementación.
El problema es evidente: sin presupuesto y con fiscalías donde persisten prácticas
machistas, la aplicación pudiera ser limitada. La ley puede ser completa en el papel,
pero su verdadero alcance dependerá de cómo se lleve a la práctica y por supuesto,
de la voluntad política para que se logre el objetivo de esta ley, que es lograr
impunidad cero en este delito.
El tema de las fiscalías, es que omiten juzgar con perspectiva de género; ante las
muertes de mujeres, suelen decir “se suicidó”, porque estas autoridades encargadas
de investigar, no quieren aparecer en las listas nacionales, con mayor número de
feminicidios, por un tema político, pero es al contrario, porque sancionar a los
feminicidas, meterlos a la cárcel, es hablar del combate a la impunidad en este delito
que tiene sus raíces, en una estructura de desigualdad y una falsa creencia de
poder masculino sobre la vida de las mujeres.
El feminicidio se puede prevenir cuando las denuncias se atienden a tiempo y las
autoridades investigan con eficacia. Cuando la procuración y la aplicación de la
justicia se dilatan, la violencia escala y el riesgo se convierte en feminicidio; ejemplos
se tienen muchos; las mujeres que fueron víctimas de este delito, generalmente por
su pareja, o por una persona de su círculo familiar cercano, tuvieron un antecedente
de denuncia o marcaron alguna vez al 911 para pedir ayuda.
Los feminicidios no se detienen únicamente con leyes, sino con instituciones que
funcionen, personal capacitado con perspectiva de género y fiscalías con formación
adecuada en procuración de justicia. Aunque la reforma establece un marco amplio
para su atención, los avances dependerán de la aplicación efectiva por parte de las
autoridades responsables.
La reforma, dejó fuera la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, que fue
diseñada para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en territorios específicos
de México, donde las cifras de este delito encendían los focos rojos y que aplicaban
una serie de acciones de seguridad, las cuales eran clave para las zonas de mayor
riesgo para las mujeres.
En México, en el 2025, las cifras oficiales señalan que se registraron 721 casos de
feminicidios que fueron juzgados como tales y en Tamaulipas, se reportaron en este
mismo año 30 casos, de acuerdo a la fiscalía del estado.
Es una reforma de alcance nacional; sin embargo, su efectividad dependerá de su
aplicación. Su cumplimiento deberá ser observado por autoridades y por colectivos
feministas.
El gran reto es el auténtico y total acceso a la justicia de las mujeres.
