En Publico/Nora Marianela García Rodríguez
La elección de gobernador en Tamaulipas es en 2028; los partidos ya
mueven fichas desde abril de 2026, y quien crea que la sucesión
comienza cuando se imprimen las boletas no conoce cómo funciona el
poder en este estado, ni en ningún otro.
La carrera ya comenzó, los tableros ya están abiertos, y la pregunta
que nadie formula en voz alta es la que más importa: ¿qué perfil
necesita Tamaulipas, o simplemente recibiremos al que el partido
decida?
El doctor Américo Villarreal Anaya cursa su cuarto año de gobierno, lo
que en la lógica política mexicana significa una cosa concreta: quien
conduce Morena Tamaulipas también tiene influencia decisiva sobre
quién viene después, de ahí que las mesas de análisis de perfiles ya
operen con el gobernador como primer morenista del estado y árbitro
informal del proceso.
Los nombres que circulan son varios; entre los más mencionados están
Olga Patricia Sosa Ruiz, senadora de la República con trayectoria
reconvertida al morenismo; José Ramón Gómez Leal, senador y ex
delegado federal en la entidad; Erasmo González Robledo, presidente
municipal de Ciudad Madero, y Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa,
el municipio más poblado del estado, con una familia política que
acumula cuatro periodos consecutivos en ese ayuntamiento.
A ese mapa se suma un dato reciente: en círculos políticos de la capital
se menciona a Eduardo Gattás, alcalde de Ciudad Victoria, cuya
imagen habría sido trabajada en el entorno cercano a la presidenta
Claudia Sheinbaum, aunque sus dos administraciones municipales
generan opiniones encontradas.
La oposición enfrenta un problema estructural más serio que la falta de
candidatos, a saber, la falta de proyecto. César Verástegui sigue en el
mapa con trayectoria acumulada, aunque su derrota en 2022 no fue
solo electoral sino narrativa: el panismo tamaulipeco llegó a esa
contienda sin una propuesta de gobierno diferenciada, apostó a la
maquinaria y perdió frente a un voto de cambio que no requirió
convencer, sino simplemente aparecer.
Tres años después, el PAN no ha resuelto esa deuda; deberá definir si
apuesta por un perfil propio o construye una nueva alianza, en un
contexto donde el tricolor ya no garantiza votos sino apenas estructura
operativa en municipios que el propio PRI tampoco gobierna.
El problema de fondo es que una victoria opositora en 2028 no
resolvería por sí sola la contradicción estructural del estado; cambiaría
el partido en turno, no el modelo, porque el modelo, esa combinación
de economía de exportación con salarios de subsistencia y servicios
públicos precarios, ha sobrevivido tanto a los gobiernos panistas como
al morenismo actual sin que ninguno lo haya cuestionado en serio.
Movimiento Ciudadano, que en 2022 obtuvo apenas el 3.1% de la
votación estatal según el IETAM, tendría que construir presencia
territorial real antes de presentarse con candidato viable, algo que
hasta ahora no ocurre.
La pregunta de fondo no es quién mueve fichas más rápido, sino qué
modelo de gobierno representa cada uno, porque el estado que recibirá
el próximo gobernador no es el del discurso de glosa.
Según datos del INEGI, en 2023 Tamaulipas fue la quinta entidad
exportadora del país, con 34,277 millones de dólares en ventas al
exterior, lo que representa el 6.4% del total nacional; el 43.5% del flujo
comercial carretero entre México y Estados Unidos cruza por la entidad,
principalmente por Nuevo Laredo y Reynosa, según la Secretaría de
Economía.
Esas cifras son reales, y también lo es lo que no dicen: el centro y el
sur del estado siguen rezagados en infraestructura, servicios y salario;
la Cruz Roja colapsó en nueve delegaciones en 2025, y el salario
promedio mensual en Tamaulipas no superó los 8,610 pesos en el
primer trimestre de ese mismo año, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
Un estado que exporta electrónica de punta desde Reynosa mientras
sus trabajadores ganan menos de cuatro dólares al día no tiene un
problema de crecimiento; tiene un problema de distribución, y ese
problema no se resuelve solo cambiando de gobernador.
Hay un patrón que se repite en cada sucesión tamaulipeca y conviene
nombrarlo con precisión: Tamaulipas no elige gobernadores, los recibe;
los elige el partido en turno, el gobernador saliente, el centro del poder
federal, o la combinación de los tres; el ciudadano ratifica o castiga
después, pero rara vez inicia.
Esa mecánica explica por qué ninguno de los perfiles en circulación ha
articulado todavía una respuesta a la contradicción entre el dinamismo
exportador del estado y la precariedad salarial de quienes lo sostienen;
lo que se observa, en cambio, es la lógica de siempre: posicionamiento
mediático, gestión de lealtades, acumulación de capital político dentro
del partido.
La ciudadanía, en ese esquema, no es el origen del mandato sino el
destinatario final de una decisión ya tomada entre cúpulas.
Si en 2028 llegamos a la boleta sin haber discutido qué hacer con la
brecha entre las exportaciones récord y los salarios de subsistencia,
entre el liderazgo industrial y el colapso de los servicios básicos, no
habremos elegido gobernador; habremos avalado, una vez más, que
otros decidan por nosotros.
