EXPOSICIÓN DE MOTIVOS –JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
En los últimos meses se ha puesto de moda en el
Congreso del Estado invocar los llamados Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), esa ambiciosa propuesta
de ruta global impulsada por la ONU bajo el amparo de la
Agenda 2030.
Y sí, en el discurso suena muy bonito, impoluto:
desarrollo sostenible, inclusión, combate a la
desigualdad, instituciones sólidas… nadie en su sano
juicio podría oponerse a eso; el problema empieza
cuando entendemos que la narrativa lo vende todo… y la
realidad no.
Desde hace algunos meses vemos iniciativas en el
Congreso Local que, casi religiosamente, incorporan
referencias a los ODS como si bastara mencionarlos
para que automáticamente las políticas públicas que
proponen se alineen con estándares internacionales.
Evidentemente, se ha vuelto un recurso retórico citar la
Agenda 2030 para vestir de modernidad lo que, en el
fondo, sigue siendo legislación débil, ambigua o, peor
aún, inoperante.
Y es que el problema no es los citen, ya ni siquiera, que
abusen —como es su costumbre—, es que, en algunos
casos, tal parece que ni los entienden…
El ejemplo más reciente confirma lo dicho. La iniciativa
constitucional aprobada la semana pasada en materia de
derecho de petición —vendida como un paso hacia la
armonización normativa y el cumplimiento de
compromisos globales— no pasa de ser una
homologación a medias.
Si, un mero ajuste cosmético que no establece
obligaciones claras, ni define metas verificables, ni fija
plazos concretos para su cumplimiento. En otras
palabras: una norma diseñada para cumplir en el
discurso —solamente para estar—, pero no en la
práctica.
Y aquí es donde vale la pena hacernos la pregunta
incómoda: ¿realmente estamos abonando a materializar
la Agenda 2030 o simplemente estamos utilizando sus
conceptos como fachada política?
Porque asumir en serio los ODS implica mucho más que
citarlos en una exposición de motivos; implica traducirlos
en políticas públicas con indicadores, presupuestos
etiquetados y mecanismos de evaluación; pero implica,
también, reconocer las condiciones reales de
Tamaulipas: capacidades institucionales limitadas y
finanzas públicas bajo presión.
La realidad es que cualquier diputado puede citar un
ODS, pero pocos se atreven a etiquetar el presupuesto
que lo haga realidad y, con eso, volvemos a la misma de
siempre: sin dinero, el desarrollo sostenible es solo
bonita literatura de exportación.
Tal parece que, en Tamaulipas, la discusión legislativa
parece moverse entre dos extremos igualmente estériles:
el reformismo superficial de “parchecitos” y la resistencia
a cualquier cambio que incomode al poder.
Y hay que decirlo tal cual es: en ese terreno y bajo esos
términos, la Agenda 2030 corre el riesgo de convertirse
en un adorno más a los cientos que tenemos en nuestro
apartado de “letra muerta vigente”
, un lenguaje
aspiracional que no se traduce en resultados tangibles,
vaya, en algunos casos, ni siquiera existentes.
El problema de fondo no es citar los ODS; es hacerlo sin
asumir sus implicaciones: Una ley sin plazos y términos
es una promesa indefinida. Una norma sin mecanismos
de exigibilidad es solamente una recomendación. Y una
política pública sin recursos es, simple, llana total y
evidentemente, simulación.
Si el Congreso Local realmente quiere subirse al tren del
desarrollo sostenible, tendrá que dejar de legislar para la
“publicación de insta” y empezar a legislar para el
resultado…
La Agenda 2030 no necesita embajadores de discurso;
necesita responsables de resultados. En Tamaulipas, por
ahora, parece que solo tenemos lo primero…
