Opinión Económica y Política.
Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía
La reciente postura del nuevo secretario de Relaciones Exteriores,
Roberto Velasco Álvarez, marca un cambio relevante en el discurso y
orientación de la política exterior mexicana: el reconocimiento pleno de
las personas migrantes como eje estratégico del desarrollo nacional y
como protagonistas en la relación entre México y el mundo.
Este enfoque coloca a la movilidad laboral en el centro de la acción
diplomática, con implicaciones profundas para la reforma de la Ley de
Migración —vigente desde 2011— que hoy es motivo de revisión y
actualización por parte del Congreso y el Instituto Nacional de
Migración (INM).
Desde esta óptica, el mensaje del nuevo secretario sintetiza una idea
poderosa: los migrantes no son únicamente sujetos de protección ni
beneficiarios de políticas compensatorias; son agentes de producción,
innovación y cohesión social. En particular, “la movilidad laboral” debe
asumirse como una política de Estado que vincule desarrollo, inversión
y derechos humanos, y que garantice condiciones seguras y justas
para quienes se desplazan en busca de empleo.
*Diagnóstico*
La nueva política exterior mexicana coloca en el centro a las personas
migrantes como actores del desarrollo y no solo como sujetos
vulnerables a proteger.
Sin embargo, esta narrativa contrasta con una realidad presupuestal y
operativa muy limitada en la Embajada y la red consular de México en
Estados Unidos, especialmente para atender jurídicamente a la
diáspora indocumentada.
1. Visión de movilidad laboral… con pies de barro
El discurso oficial apunta hacia una política exterior de movilidad laboral
moderna, vinculada al desarrollo económico, la inversión inteligente y el
fortalecimiento de habilidades técnicas y profesionales de los
migrantes.
Se habla de una diplomacia que impulse acuerdos bilaterales para una
contratación legal, ordenada y segura (programas H2-A, H2-B, TN,
etc.), en sintonía con el mandato constitucional de proteger los
derechos laborales de las y los mexicanos, dentro y fuera del territorio
nacional.
Pero esa misma visión tropieza con un dato incómodo: los recortes y
limitaciones presupuestales a los consulados, justo cuando aumenta la
demanda de asesoría y representación legal en un contexto de políticas
antimigrantes más restrictivas en Estados Unidos.
2. Diáspora prioritaria… sin suficientes abogados
Se insiste en que la diáspora mexicana es la prioridad número uno de
la política exterior, pero los hechos muestran que los recursos
asignados a protección consular y asistencia jurídica son insuficientes
y, en algunos casos, han sido rasurados en años recientes.
Programas como el PALE (Programa de Asesorías Legales Externas)
fueron diseñados para contratar despachos de abogados que apoyaran
a connacionales en materia migratoria, laboral, penal y civil, reforzando
la defensa jurídica en cortes y procedimientos administrativos.
No obstante, se han documentado recortes y periodos en los que no
hay abogados contratados de manera estable bajo este esquema, lo
que limita drásticamente el alcance real de la protección consular.
Aquí surge la primera gran contradicción: ¿Cómo hablar de prioridad
absoluta a la diáspora si los consulados deben operar con plantillas
reducidas, sin suficientes abogados, traductores y defensores
especializados, y con un presupuesto que no guarda proporción con la
magnitud del problema?
3. Diplomacia laboral sin músculo institucional
La propuesta de una diplomacia enfocada en el empleo y en la
movilidad laboral digna requiere algo más que discursos: necesita
instituciones con capacidad operativa real.
La modernización de la Ley de Migración de 2011, que el Congreso y el
INM están revisando, abre una oportunidad para incluir un capítulo
robusto de protección consular y defensa legal transnacional, con
fondos etiquetados y multianuales.
Sin embargo, los datos de los últimos años muestran reducciones de
recursos para la atención consular y, al mismo tiempo, una demanda
creciente de servicios de asesoría y defensa jurídica para mexicanos en
Estados Unidos.
Incluso cuando se han inyectado recursos extraordinarios —como
fondos específicos para servicios legales—, estos han sido parciales y
coyunturales, sin construir una infraestructura permanente de
protección.
4. Modernización legal: sin financiamiento no hay derechos
La actualización del marco jurídico migratorio, inspirada en principios de
gestión adecuada de la migración laboral y equidad de derechos entre
nacionales y extranjeros, solo será efectiva si se traduce en
presupuestos concretos para la red consular.
De lo contrario, conceptos como portabilidad de derechos, certificación
de empleadores, redes de contratación regulada o protección frente a
abusos en programas temporales quedarán como buenas intenciones
sin capacidad de ejecución para la mitad más vulnerable de la diáspora:
las y los indocumentados, quienes más necesitan acompañamiento
jurídico, defensa en cortes y representación especializada.
5. Conclusión: voluntad política vs. realidad presupuestal
El nuevo discurso de política exterior y movilidad laboral es, en sí
mismo, un avance: reconoce a los migrantes como sujetos de derechos
y actores del desarrollo, y propone una agenda de movilidad laboral
digna, ordenada y segura.
No obstante, mientras la Embajada y los consulados en Estados Unidos
sigan operando con presupuestos recortados, escasez de abogados y
programas intermitentes de defensa legal, la brecha entre retórica y
realidad seguirá creciendo.
La verdadera prueba de esta nueva política migratoria no será el
discurso, sino la capacidad de redirigir recursos, blindar presupuestos y
construir una red consular jurídica fuerte, capaz de acompañar de
manera efectiva a las y los mexicanos, documentados e
indocumentados, en su lucha cotidiana por un trabajo digno y una vida
con derechos a ambos lados de la frontera.
*Caso Tamaulipas*
En la nueva coyuntura de movilidad migrante y laboral, Tamaulipas
ocupa un papel estratégico como estado frontera y de tránsito, pero
también como expulsor y receptor de población migrante.
En este contexto, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) se
consolida como la instancia clave para articular una política humanista,
de protección y de movilidad ordenada.
El ITM funge como puente de acompañamiento, atención y vinculación,
garantizando la protección de derechos de personas migrantes
nacionales y extranjeras, independientemente de su condición
migratoria.
Sus funciones abarcan informar y orientar sobre riesgos y derechos,
brindar asistencia social y jurídica, coordinarse con los tres órdenes de
gobierno e instancias internacionales y promover mecanismos seguros
de envío de remesas y de inversión productiva de la diáspora.
En la fase actual, el ITM también impulsa la movilidad laboral segura
vía esquemas de visas temporales (como H-2A), apoyando
reclutamiento ordenado, traslado y acompañamiento institucional, y
vinculando la migración con empleo digno, desarrollo regional y
resiliencia de remesas.
