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Expreso-La Razón
El aseguramiento de más de 2.1 millones de litros de hidrocarburo ilegal en
Reynosa, ocurrió en un parque industrial localizado en un sector conocido como
rancho San Cristóbal.
En ese sitio, operan diferentes compañías dedicadas a diferentes ramas de la
industria energética, y del transporte, algunas de ellas vinculadas con
empresarios que han enfrentado problemas con la justicia.
Aunque la autoridad no ha dado a conocer a quién pertenece el predio donde se
aseguró el huachicol fiscal y las unidades en las que se albergaba, las sospechas
apuntan a una de estas compañías.
El pasado lunes, el gobernador Américo Villarreal Anaya, pidió a la Fiscalía
General de la República que llegue al fondo de las investigaciones para deslindar
responsabilidades.
“No cejemos en llevar a sus últimas consecuencias, quienes son los propietarios
de ese predio y de esos auto tanques, que tienen esa cantidad de combustible;
que ahí están los verdaderos huachicoleros, y queremos llegar al fondo de
quienes son para que queden realmente expuestos”, dijo.
En el rancho San Cristóbal, ubicado a la altura del kilómetro 198 sobre la
carretera Reynosa-Monterrey, no muy lejos de las instalaciones de Pemex, tiene
su sede la empresa PJP4, que tiene su origen en Venezuela en la década de los
noventa, y en el año 2004 abrió su filial mexicana.
Esta compañía brinda diversos servicios relacionados con la industria petrolera y
ha recibido contratos por miles de millones de pesos con Pemex.
En el pasado, por ejemplo, tuvo a su cargo la operación integral del Bloque Nejo
con una vigencia extendida de 78 meses, uno de los proyectos de servicios más
largos y lucrativos en la región de Tamaulipas.
PJP4 ha sido relacionada con empresarios cuestionados, que han enfrentado
problemas con la justicia.
La empresa, por ejemplo, sostuvo un contrato conjunto con Pemex, en el que
también figuró la empresa Barca de Reynosa S.A de C.V., propiedad de Baltazar
Higinio Reséndez Cantú, quien pasó casi dos años preso, por presuntamente
formar parte del esquema de recursos públicos que habría encabezado el ex
gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo señaló como el principal operador
financiero de una red que desviaba recursos públicos mediante sus empresas
Inmobiliaria RC Tamaulipas y Barca de Reynosa. Presuntamente recibió contratos
estatales por más de 138 millones de pesos para obras (como centros de justicia
y unidades de docencia) que fueron triangulados a través de otras empresas para
finalmente financiar la compra de un departamento de lujo en Santa Fe, CDMX,
propiedad del exgobernador.
PJP4 también ha sostenido contratos con Soluciones Gasíferas del Sur, la
empresa propiedad del empresario Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen
Miss Universo, acusado de encabezar negociaciones con empresarios
gasolineros para distribuir el huachicol, que era contrabandeado principalmente
desde Guatemala y Estados Unidos.
Los negocios ilícitos de Rocha Cantú se vinculan con el Cartel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y la Unión Tepito.
En el mismo parque opera la empresa Petroquimia del Golfo SA de CV, inscrita en
el padrón oficial de importadores de químicos e hidrocarburos y que le ha
facturado miles de millones de pesos a Pemex.
También Servicios Integrales Tamabra SA de CV, otra empresa que realiza
diferentes trabajos en los pozos de la región, y opera en sintonía con las otras
compañías situadas en el llamado rancho San Cristóbal.
Ahí mismo, hay patios de almacenamiento y maniobras de empresas de
transporte como Transportes RyR, y Transportes 365.
EXPRESO reportó que en los últimos ocho meses, se han asegurado casi 5
millones de litros de hidrocarburo ilegal en bodegas y predios de la ciudad de
Reynosa, además de los decomisos que se han llevado a cabo en el Valle de
Texas.
El 28 de marzo de 2026, agentes de la Fiscalía General de la República
ejecutaron una orden de cateo en un predio de Reynosa y aseguraron dos
millones 189 mil litros de combustible de origen presuntamente ilegal, junto con
49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, catorce tanques metálicos y
diversas motobombas. La pista llegó por denuncia anónima a la Guardia
Nacional, que canalizó la información a la delegación de la FGR en Tamaulipas
para integrar la carpeta de investigación.
El 26 de julio de 2025, la misma delegación había asegurado una bodega
clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de la ciudad, con un millón 802
mil 650 litros de hidrocarburo distribuidos en nueve pipas, 39 frac tanks, doce
motobombas y tres vehículos. Sumados, los dos operativos en Reynosa
acumulan cerca de cuatro millones de litros en ocho meses.
Este decomiso tuvo una consecuencia documentada. Días después del operativo
de julio, fue asesinado el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac
Vázquez Reyna.
Fuentes empresariales consultadas en Reynosa describieron que la estructura de
corrupción en las aduanas tamaulipecas es persistente: el combustible se declara
como aceite mineral, nafta o destilados de menor carga impositiva, y en algunos
casos el ingreso se realiza por tren para reducir la exposición en los cruces
vehiculares.
Los expedientes judiciales abiertos entre 2024 y 2025 además identifican al
menos 31 buques con rutas desde puertos de Texas hacia las costas
tamaulipecas. El Nord Supreme acumuló cuatro viajes y 72 millones de litros
desde Houston; el MTM Hamburg realizó cinco travesías con 43 millones de litros
en 2024. Ambos declaraban aceites lubricantes o aditivos para eludir el IEPS.
En el cruce Los Indios-Lucio Blanco, que conecta Brownsville con Matamoros,
circulan alrededor de cien pipas diarias de 55 mil litros cada una, con cambio de
rombos de identificación de material peligroso antes de la línea internacional.
La Secretaría de Hacienda informó el 9 de octubre de 2025 que existen querellas
activas por 16 mil millones de pesos relacionadas con contrabando y facturación
ilegal de combustibles.
