Staff/Expreso – La Razón
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, los presentó como parte de un engranaje político y policial al servicio del Cártel de Sinaloa, y abrió la puerta a un proceso de extradición.
La acusación lleva fecha del 23 de abril, sello de copia fiel del subsecretario del tribunal, y un reparto que comienza por el gobernador Rocha Moya, sigue por el senador Enrique Inzunza Cázarez, y termina en un comandante municipal apodado Juanito.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, después de desclasificar el documento, asignó el caso a la jueza federal Katherine Polk Failla, y colocó al estado de Sinaloa, completo, en el banquillo de los acusados.
Diez nombres, todos funcionarios o exfuncionarios de alto nivel, son ubicados por la fiscalía como piezas del aparato político y policial que protege a la facción de los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa, todos hoy en territorio mexicano.
El gran jurado los acusa, entre otros cargos, de asociación delictuosa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos, y de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con el tráfico de drogas.
Diez nombres, una estructura
Rocha Moya gobierna Sinaloa desde el 1 de noviembre de 2021, y según la fiscalía, opera ese cargo como cobertura institucional de las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos.
El escaño senatorial por Sinaloa lo ocupa Enrique Inzunza Cázarez desde agosto de 2024, antes fue secretario general del gobierno de Rocha, y la acusación lo ubica en reuniones con líderes del cartel para acordar el apoyo del estado a cambio de favores políticos.
En el rol de operador aparece Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado de entregar a los Chapitos los nombres y direcciones de los rivales políticos de Rocha antes de la elección, para que el cartel los intimidara.
Bajo la clave Culiacán Regio figura en la nómina mensual de los Chapitos el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Zaavedra, en funciones desde octubre de 2021, con un pago aproximado de once mil dólares al mes.
La jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, conocida como Policía Ministerial, la ejercieron sucesivamente Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, ambos identificados en la lista bajo la clave R1.
A cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre 2023 y diciembre de 2024 estuvo Gerardo Mérida Sánchez, a quien la fiscalía acusa de avisar a los Chapitos de al menos diez redadas a laboratorios de drogas durante 2023.
Con el apodo Tornado aparece directamente en la lista mensual José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector y comandante de la Policía Estatal, con un pago aproximado de cinco mil cuatrocientos cincuenta dólares mensuales.
La alcaldía de Culiacán la encabeza desde junio de 2022 Juan de Dios Gámez Mendívil, quien recibe más de diez mil dólares al mes según el documento, y a cambio, dice la fiscalía, abre la ciudad capital al control operativo del cartel.
El único de los diez al que la acusación imputa además dos cargos por secuestro con resultado de muerte de una fuente confidencial de la DEA es Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, comandante municipal de Culiacán.
El relato del fiscal Clayton arranca a principios de 2021, cuando Rocha Moya estaba en campaña por la gubernatura, y asegura que se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, los dos hijos del Chapo que entonces lideraban la facción.
Antes de los comicios, Díaz Vega habría entregadi a los líderes del cartel una lista con los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha, para que los Chapitos los amenazaran y los obligaran a retirarse de la contienda por la gubernatura.
El día de la elección, en junio de 2021, sicarios bajo órdenes de Iván robaron papeletas y urnas del partido opositor en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, según consigna la acusación con detalle de nombres de ciudades.
Nómina en papel cuadriculado
La acusación incluye fotografías de listas manuscritas en hojas de cuaderno, halladas en México durante la investigación, y la fiscalía las presenta como la nómina mensual de sobornos que los Chapitos pagan a funcionarios.
Cada lista lleva un encabezado, Gobierno o Gob., una cifra total subrayada en amarillo, y filas con cantidades en pesos, algunas con nombre y otras con clave operativa para proteger la identidad del funcionario en la nómina.
Castro Zaavedra, el vicefiscal, aparece bajo la clave Culiacán Regio con doscientos mil pesos al mes, lo que la fiscalía traduce a unos diez mil ochocientos noventa y tres dólares a tipo de cambio del corte.
Los jefes de la Policía Ministerial, Almanza Avilés y luego Contreras Núñez, aparecen bajo la clave R1 con trescientos mil pesos mensuales, equivalentes a dieciséis mil seiscientos setenta dólares según el propio documento.
Tornado, el comandante de la Policía Estatal, recibe cien mil pesos al mes, y Juanito, el comandante municipal de Culiacán, treinta mil pesos, montos que la fiscalía calcula en cinco mil cuatrocientos cincuenta y mil seiscientos sesenta y siete dólares respectivamente.
La operación de pagos la coordina el llamado jefe de plaza de Culiacán, un mando intermedio del cartel, que recibe cada mes una caja con efectivo y la lista de funcionarios a pagar, según describe el documento federal.
A cambio de esos sobornos, la acusación detalla, los funcionarios no detienen a miembros del cartel, sí detienen a sus rivales, dejan pasar laboratorios, dejan pasar embarques, y avisan con antelación de cualquier operativo federal.
Fuente de la DEA asesinado
El cargo más grave del expediente corresponde a Juan Valenzuela Millán, el comandante municipal apodado Juanito, y se refiere al secuestro y homicidio de una fuente confidencial de la DEA en octubre de 2023.
La fuente lleva nombre y apellido en el documento, Alexander Meza León, y según la acusación, había estado entregando información a la agencia estadounidense sobre las actividades de tráfico de Iván Archivaldo y sus asociados.
Iván y otro miembro de alto rango ordenaron los secuestros, según la fiscalía, y bajo el mando de Millán, agentes de la Policía Municipal de Culiacán los detuvieron a bordo de una patrulla oficial el 22 de octubre de 2023.
Los entregaron luego a sicarios del cartel, quienes los torturaron, y posteriormente los asesinaron junto con un familiar de la fuente, identificado en el documento como Familiar-1, con la mención específica de un menor de trece años.
La fiscalía agrega que Millán ordenó a sus agentes vigilar y detener a punta de pistola a otros civiles relacionados con la fuente, que también fueron entregados al cartel y que también fueron asesinados después.
El cargo cuatro y el cargo cinco del expediente, secuestro con resultado de muerte y asociación delictuosa para cometer secuestro con resultado de muerte, contemplan en el código penal federal estadounidense la pena máxima.
Para sustentar el cargo principal, asociación delictuosa para la importación de narcóticos, la fiscalía enumera embarques específicos del cartel decomisados entre mayo de 2022 y enero de 2025 en territorio estadounidense.
