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Expreso-La Razón
A raíz del caso de huachicol fiscal
detectado en los puertos de Tampico
y Altamira, han sido detenidos a seis
“petrofactureros” relacionados con 40
empresas implicadas, a las que le
aseguraron más de 126 millones de
pesos en bienes y recursos.
Ulises Lara, Fiscal de Asuntos
Relevantes de la FGR, dio a conocer
que estas capturas se lograron luego
de que un Juez de control girara
diversas ordenes de aprehensión
contra los presuntos implicados.
Detalló que esta indagatoria deriva
del caso del “Challenge Procyon”,
buque con un cargamento de 10
millones de litros de combustible que
fue asegurado en marzo de 2025 en
Tamaulipas, que está relacionado con
la presunta red de corrupción de
marinos que operaban en las
aduanas.
“Las personas investigadas se
encuentran relacionadas con más de
40 empresas de diversos giros como
logística, construcción energéticos,
maquiladoras, transportistas, entre
otras”, dijo Lara en una rueda de
prensa conjunta con Omar García
Harfuch, titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC).
“Hemos llevado a cabo la
aprehensión de seis posibles
participantes de los ‘petrofactureros’,
quienes fungían como operadores
prestanombres y líderes de la red de
huachicol fiscal relacionados con al
menos ocho empresas”, detalló el
Fiscal de Asuntos Relevantes de la
FGR.
Indicó que durante esta investigación
fueron asegurados 5 inmuebles, con
valor total de 52.4 millones de pesos;
47 vehículos de alta gama, con un
valor de 66.6 millones de pesos;
joyería, con un valor cercano a 1.6
millones de pesos, y 265 mil pesos en
efectivo.
“Con ello, mermamos a la
organización criminal de los
‘petrofactureros’ con 126 millones 265
mil pesos aproximadamente, por lo
cual las investigaciones con respecto
a esta red continúan y
profundizaremos hasta llegar llevar a
cabo toda la responsabilidad en el
marco de la ley contra estas
personas”, precisó Lara.
Según se conoció en las indagatorias
posteriores, en ese esquema
participaron las empresas Mefra
Fletes, Enerpol, Autolíneas Roca y
AMOL.
La FGR informó además que, desde
marzo del año pasado, cuando fue
asegurado en Tamaulipas un buque
relacionado con la red de corrupción
de marinos en las Aduanas, se
calcula que los esquemas de
simulación de operaciones
comerciales han generado ganancias
por 23 mil millones de pesos.
Lara dijo que este es un asunto en el
que están implicadas empresas
fachada que simulan operaciones
comerciales.
“Como se recordará, en marzo del
año pasado, se desplegó un
importante operación en Altamira,
Tamaulipas, donde se aseguró el
buque ‘Challenge Procyon’, de la cual
se obtuvo conocimiento por trabajos
de inteligencia, llevados a cabos por
la Secretaría de Marina y la SSPC
con un saldo inicial de 11 servidores
públicos (detenidos)”, dijo.
“Desde entonces, las investigaciones
para combatir el contrabando de
combustible han continuado y han
permitido tener conocimiento de
mayor información al respecto. Estas
empresas dedicadas al contrabando
de combustible han recurrido a
esquemas de simulación de
operaciones comerciales que han
llegado a los 23 mil millones de
pesos”.
Lara mencionó que estas empresas
han hecho uso de documentación
falsa o con datos inexactos para
aprovechar áreas de oportunidad en
sistemas de control y construir un
entramado para contrabandear
hidrocarburos y evadir sus
obligaciones fiscales regulatorias.
Estas estructuras empresariales
ilícitas, manifestó, operan mediante
un esquema logístico multimodal que
combina los transportes marítimo,
ferroviario y terrestre para la
introducción, traslado,
almacenamiento y comercialización
ilegal de hidrocarburos en
Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
Aprietan a empresas fantasma
Durante los últimos ocho meses, el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT) incluyó al menos a quince
empresas de Tamaulipas en el listado
definitivo del artículo 69-B del Código
Fiscal de la Federación, por ser
consideradas factureras.
Las mayoría de estas razones
sociales, operaban, al menos
nominalmente, en giros directamente
relacionados con el sector energético:
comercialización de hidrocarburos,
importación de combustibles no
fósiles y venta de gasolina y diésel.
De hecho, tres de las firmas
publicadas por el SAT en Tamaulipas
aparecen en documentos judiciales
de un proceso federal en Texas
vinculado al contrabando de más de
cuatro mil cargamentos de crudo
robado a Pemex.
Dos de las empresas incluidas en el
listado de 2025 —Tramitadora
Aduanal de Reynosa, S.A. de C.V. y
Grupo Petrotamps, S.A. de C.V.—
aparecen mencionadas en
documentos del proceso judicial que
se sigue en Estados Unidos contra la
familia Jensen, empresarios acusados
de traficar con combustible robado a
Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con registros comerciales
citados en ese proceso, la compañía
Luxemborg Trading LLC, constituida
en 2010 en Texas, realizó entre 2019
y 2025 casi dos mil seiscientos envíos
desde México por un valor de 62.8
millones de dólares, en coordinación
con empresas asentadas
principalmente en Reynosa,
Tamaulipas.
Entre esas firmas figuran Tramitadora
Aduanal de Reynosa y Grupo
Petrotamps, ambas clasificadas ese
mismo año por el SAT como
compañías que simulan operaciones.
Los documentos judiciales describen
un esquema en el que agentes
aduanales mexicanos habrían
falsificado documentación para
exportar petróleo crudo declarándolo
bajo otras denominaciones —
destilados de petróleo, aceite
lubricante usado— con el propósito
de eludir controles arancelarios y de
origen. Las autoridades
estadounidenses estiman el valor del
combustible introducido de manera
ilícita en 300 millones de dólares
entre 2018 y 2025.
Un tercer caso con vínculos al sector
hidrocarburos es el de Leonel
Guadalupe Jiménez Pérez, persona
física domiciliada en Matamoros cuya
actividad declarada ante el SAT era la
venta en territorio nacional de
gasolina y diésel. Investigaciones de
la Fiscalía General de la República lo
ubican en el entorno del denominado
huachicol fiscal, modalidad que
combina el robo físico de
hidrocarburos con la emisión de
facturas falsas para legitimar su
comercialización.
Hace un año, como parte de los
operativos para detectar
combustible traficado desde
Estados Unidos hacia México en el
esquema conocido como ‘Huachicol
fiscal’, autoridades federales
monitoreaban la llegada de un
buque al puerto de Tampico, en
Tamaulipas.
Parte de su cargamento terminó en
San Luis Potosí, considerada una de
las bases de operación para este
negocio criminal y multimillonario.
Entre 2024 y 2025, el Gabinete de
Seguridad le seguía el rastro a
buques de una red criminal de 8
empresas de ‘Huachicol fiscal’ que,
con la complicidad de funcionarios
públicos y fuerzas armadas de
aduanas, ingresó millones de litros de
combustible ilegal en la región
noreste del país.
Para el 19 de marzo de 2025,
autoridades federales esperaban la
llegada del buque Challenge
Procyon a la aduana de Tampico,
Tamaulipas, debido a que estaba
vinculado a esta red criminal. Traía
contenedores por 20 millones de litros
de combustible ilegal.
Entre el 19 y el 20 de marzo,
empresas piperas arribaron a la
aduana para extraer el
combustible, según documentos en
poder de N+ Focus. Sin embargo, la
orden judicial todavía no era
autorizada.
Fue hasta el día 21 a las 3 de la
tarde cuando un juez lo autorizó, y
en el operativo con FGR y SSCPC
confiscaron 22 pipas con 10
millones de litros de combustible.
De acuerdo con fuentes federales,
una parte de la gasolina extraída
terminó en San Luis Potosí.
Ya en tierra, el combustible se
distribuía a través de las empresas
de autotransporte Mefra Fletes,
Enerpol, Autolíneas Roca y AMOL.
Los operadores de Amol son los
hermanos Cristian Noé y Jesús
Tadeo Amaya Olvera, quienes
simularon el traslado de mercancía
lícita por lo menos entre diciembre de
2023 y marzo de 2025.
Tras los aseguramientos de millones
de litros de diésel en Ensenada, Baja
California, y Tampico, Tamaulipas, en
marzo de 2025, la Fiscalía General
de la República comenzó a rastrear
a la familia Olvera y, como parte de
sus investigaciones, hizo llamadas
anzuelo a sus integrantes para
verificar sus actividades ilegales.
De acuerdo con el expediente del
caso, al que N+ Focus tuvo acceso,
agentes ministeriales se hicieron
pasar como compradores de
combustible.
