INDICADOR POLITICO
Por Carlos Ramírez
Los gobiernos mexicanos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo
parecieron nunca tomar en serio las acusaciones del presidente Donald Trump de que los
cárteles del narcotráfico “gobernaban México” enquistados en estructura estatal y federal de
poder.
En enero de 2025, apenas tomando Trump posesión de la silla presidencial, el Departamento
de Estado de manera oficial caracterizó a seis cárteles de la droga mexicana como
narcoterroristas y utilizó los instrumentos de inteligencia y seguridad nacional para
entrometerse en las estructuras internas de las bandas.
Sinaloa se convirtió en el discurso estadounidense en el ejemplo de la vinculación orgánica
entre el narco y las estructuras de gobierno. La estrategia de seguridad del presidente López
Obrador se basó en el concepto de “abrazos, no balazos” y durante todo su sexenio hubo
tolerancia en el funcionamiento y fortalecimiento de los cárteles.
La presidenta Sheinbaum retomó la estrategia de su antecesor, pero las presiones directas de
Estados Unidos y las amenazas de invadir militarmente a México para destruir los huevos de la
serpiente del narcotráfico la obligaron a comenzar un ciclo de arrestos y deportaciones de
narcodelincuentes.
Pero lo que más interesaba a EU era la vinculación entre el narco y la estructura política de
poder y el nombre del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya fue el que ocupó el primer
lugar de la lista de denuncias y revelaciones, con la circunstancia agravante de que el propio
político aceptó en varias entrevistas públicas con periodistas que había pactado con los capos
de la droga para poder ganar y administrar mínimamente el poder estatal.
La respuesta del gobernador Rocha Moya a la solicitud de una Corte estadounidense de su
arresto y deportación a tribunales estadounidenses en efecto reveló el punto sensible del
expediente en EU: no es una persecución contra personajes definidos, sino que está
implicando un enjuiciamiento a todo el proyecto político y de gobierno de la Cuarta
Transformación en el tema de la articulación o imbricación de intereses entre los gobiernos de
esa filiación y bandas del crimen organizado.
En Estados Unidos cayó como balde de agua fría aquel saludo de López Obrador a la mamá
de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en marzo de 2020 y el trato comedido del jefe del
Ejecutivo mexicano. En los tribunales mexicanos nunca ha existido ninguna denuncia formal
contra la señora Guzmán de Loera, pero un saludo en un evento político mandó mensajes que
fueron decodificados con malicia en las agencias de inteligencia y seguridad nacional de
Estados Unidos.
Los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo no supieron traducir las diferentes,
consistentes y reiteradas acusaciones y varias amenazas del presidente Trump que buscaban
obligar al Ejecutivo federal de México hacer más seria y profunda la lucha contra el crimen
organizado.
Lo paradójico del momento fue que la acusación contra el gobernador de Sinaloa y siete
políticos y funcionarios mexicanos ocurrieron en momentos en que Gabinete mexicano de
seguridad había incrementado su persecución, arresto y deportación de muchas de las
cabezas del narcotráfico en México, pero en los espacios de poder de Estados Unidos siempre
insistieron en que no se terminaría con el conflicto del narcotráfico si no se destruía la relación
política y de poder con instancias de gobierno.
La acusación de una Corte estadounidense con base en expedientes de las agencias de
inteligencia y seguridad nacional de EU ocurrió también en un instante que el Gobierno de la
presidenta Sheinbaum no supo calibrar la sensibilidad de la Comunidad de Inteligencia
americana: la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico posterior a un
operativo en el que el aparato mexicano de seguridad con el apoyo estadounidense había
destruido un gran laboratorio productores de droga.
La estrategia de Palacio Nacional fue la de aprovechar el ambiente para lanzar una campaña
de desprestigio contra la CIA, y tampoco aquí se supo decodificar el mensaje de la Casa
Blanca de que el presidente Trump esperaba mayor sensibilidad y empatía de México con los
agentes muertos y no una campaña de desprestigio que empañó a la CIA en México. Como
ocurrió en 1985 con el caso de la agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en el asunto de
los agentes de la CIA fallecidos se trató de culpar al área diplomática de la responsabilidad de
las muertes.
Los expedientes contra el gobernador Rocha Moya y siete presuntos corresponsables del
narcotráfico en Sinaloa son la punta de la hebra de otros archivos que están en proceso sobre
también personalidades locales vinculadas al narcotráfico. Y en el mismo espacio de política
judicial cae el caso del vicealmirante detenido en Argentina por el asunto de huachicol fiscal
de EU a México para presuntamente financiar campañas de Morena.
El gobernador Rocha Moya actuó con impunidad porque se sintió protegido por el
expresidente López Obrador y por la presidenta Sheinbaum Pardo. Y la sola solicitud de
extradición se convirtió en la crisis más grave de gobierno en los siete años y meses de
administración federal morenista.
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Política para dummies: La política siempre será la política, aunque sea policiaca.
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