EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO –
Hay temas que en Tamaulipas parecen no discutirse: se esquivan. Se rodean. Se administran
con silencios incómodos y posturas ambiguas.
Tal vez uno de los más incomodos es el relacionado con los derechos de las mujeres a decidir
sobre su propio cuerpo y, en general, los derechos de las personas que integran la diversidad
sexual.
No es casualidad que nuestro estado haya sido el último en reconocer el matrimonio igualitario,
ni que, en materia de aborto, la conversación pública siga cargada de prejuicios, evasivas y
cálculos políticos.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a intervenir en un tema en el
que el Poder Legislativo simplemente ha decidido voltear a otro lado: invalidó diversas
disposiciones en materia de aborto en Tamaulipas.
Más allá del contenido técnico de la resolución, el mensaje político e institucional es claro: hay
derechos que no pueden seguir sujetos a la comodidad o incomodidad de quienes legislan;
pues el costo real es la salud y la vida de miles de tamaulipecas.
Porque ese es, en el fondo, el problema; no estamos frente a una falta de discusión, sino ante
una falta de voluntad. Para una parte importante de la clase política tamaulipeca, reconocer
abiertamente ciertos derechos implica asumir costos frente a una cultura que sigue siendo, en
muchos aspectos, profundamente conservadora. Y ante ese escenario, la respuesta ha sido
recurrente: congelar iniciativas, diluir debates… o como se diría en el barrio: simplemente
“patear el bote”.
Pero los derechos no deberían depender del clima político, ni del cálculo electoral. La igualdad
jurídica no puede seguir siendo un discurso ornamental que se invoca en Tribuna, pero que se
evade en los momentos decisivos. Garantizar derechos implica incomodarse, asumir posiciones
claras y, sobre todo, entender que el papel del Estado no es reflejar prejuicios sociales, sino
garantizar libertades.
En ese sentido, resulta preocupante que causas legítimas —como la autonomía reproductiva
de las mujeres o el reconocimiento pleno de la diversidad— sigan siendo utilizadas como botín
político.
Se invocan en campañas, se mencionan en discursos progresistas cuidadosamente diseñados,
pero en la práctica legislativa se relegan a la “congeladora”, donde duermen el sueño de lo
políticamente inconveniente.
Tenemos que decirlo como es: la resolución de la Corte no resuelve por sí sola el problema de
fondo, pero sí vuelve a colocar el reflector donde debe estar: en una asignatura pendiente que
arrastra Tamaulipas desde hace ya algunas legislaturas.
Ahora, el reto es para el Congreso local. Para diputadas y diputados que, más temprano que
tarde, tendrán que decidir si están dispuestos a asumir el costo político de legislar en serio o si
optarán, una vez más, por la ruta de la evasión.
Y ojalá que sean totalmente conscientes de que lo que está en juego no es un tema ideológico
menor, sino la garantía efectiva de derechos para miles de personas tamaulipecas, que con
independencia de si nuestros legisladores lo entienden o no, les parece o no, están de acuerdo
o no, ellos son los que verdaderamente padecen las consecuencias reales de estas omisiones.
Habrá que estar pendientes de si esta vez estarán a la altura del desafío. O si, fieles a la
costumbre, vuelven a esconderse cuando el debate deja de ser cómodo y empieza a ser
necesario.
Finalmente, termino haciendo un reconocimiento a la lucha de las colectivas tamaulipecas que,
con esta resolución favorable de la Corte ven coronado el esfuerzo y la lucha de muchos años;
particularmente, a dos personas que admiro mucho por su tenacidad y su persistencia en la
defensa de estos temas: Nancy Ruíz y Yasmin Luna del sur de Tamaulipas… Gracias por
seguirnos demostrando que no hace falta ser la causa, para defender la causa.
