INDICADOR POLITICO/Por Carlos Ramírez
En febrero de 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez recibió un informe escrito que
revelaba que la embajada de la Unión Soviética en México y sobre todo la Estación del KGB
(oficina de espionaje) estaban interviniendo en política nacional y aparecían detrás del
entrenamiento a jóvenes guerrilleros mexicanos. De manera contundente, el gobierno
mexicano regresó a su embajador en Moscú, expulsó a cinco diplomáticos de la embajada
rusa, entre ellos al legendario Oleg Netchiporenko, y cerró la sección del KGB.
En aquel entonces no existía ninguna ley de seguridad nacional de México, e inclusive los
enfoques en esa materia respondían más a la lógica de los intereses de la guerra fría
estadounidense. Pero los reportes del grupo de investigación presidencial fueron contundentes
en la presentación de pruebas de que la agencia de espionaje de la URSS estaba operando
con impunidad en territorio mexicano para entrenar a grupos de la guerrilla que causaban
problemas y destrozos hasta que fueron liquidados por la Brigada Blanca.
El gobierno mexicano actual se encontró con la sorpresa –producto de un accidente
automovilístico inesperado– de que cuatro agentes de la CIA habían participado en un
operativo estatal en Chihuahua para destruir narcolaboratorios. El problema real fue que la
actual Ley de Seguridad Nacional, en su Título Séptimo, Capítulo I, obliga a las agencias
extranjeras –pero de manera concreta a la CIA, la DEA y el FBI– a registrar a todo su personal
y que cualquier participación en actividades dentro de México debiera ser reportada al
gobierno México.
En este sentido, la responsabilidad de la participación de la CIA a través de cuatro agentes en
operativos estatales debió acreditarse a las autoridades federales mexicanas que tienen la
obligación de hacer cumplir la ley. El mensaje directísimo que dejó el incidente está a la vista
de todos: la CIA –sobre todo la estructura conocida como Estación en México y de manera
estricta la embajada de Estados Unidos en México que controla a todo el personal que debiera
tener registro y supervisión diplomática– violentó la ley, incumplió la ley, violó la ley, y por tanto
se puede acreditar la sanción de obligar a la Embajada americana a cerrar ostensiblemente la
Estación de la CIA en México y enviar de regreso a Estados Unidos a todos los agentes, los
registrados o no.
Ahí se encuentra la crisis de seguridad nacional de México. La presidencia de la República no
puede quejarse de que la CIA no registró a sus agentes ni puede echarle toda la caballería al
gobierno estatal de Chihuahua, sino que la responsabilidad directa fue de la Embajada por
haber permitido que agentes identificados y no registrados participarán en un operativo
contra narcolaboratorios.
El menor de los problemas se encuentra en el agradecimiento que debiera dar el Gobierno de
México a la Embajada de EU y a la CIA por su apoyo en el operativo de Chihuahua, pero esos
resultados forman parte de lo que el lenguaje jurídico se conoce como “fruto de un árbol
envenenado”. La destrucción de narcolaboratorios pudiera, en términos legales, tener
consecuencias negativas para los fallecidos en el incidente y los arrestados por la ilegalidad en
el grupo gubernamental en un operativo con violaciones a la ley.
La fuente de la irregularidad del operativo estuvo en la violación de la Ley de Seguridad
Nacional por el incumplimiento del requisito de registro obligatorio de agentes extranjeros –en
este caso la CIA, y no se sabe la posibilidad de agentes de la DEA–. La parte estadounidense
debe cumplir con las exigencias de las leyes mexicanas con agencias que tiene permisos
legales para tener oficinas, pero la responsabilidad final recae en la Embajada de Estados
Unidos y por lo tanto en su embajador, con la circunstancia adicional de que el diplomático
Ronald Johnson llegó al cargo como un currículum donde registró haber sido agente en activo
de la CIA.
Cómo siempre ocurre en eventos diplomáticos en los que se aplica la fórmula de los seguros
automotrices de que “cada quien su golpe”, ahora sin embargo el asunto es más grave porque
la presidenta Sheinbaum ha sido insistente en señalar la violación de la ley y por lo tanto está
obligada a dar el paso siguiente que sería la exigencia del cierre de la Estación de la CIA en
México y la salida del embajador estadounidense por no cumplir con la Ley de Seguridad
Nacional de México.
La única manera que tiene México de darse a respetar en temas de espionaje invasor o
invasivo por parte de gobiernos extranjeros que fingen estar cumpliendo las leyes mexicanas y
en la realidad las violan con toda impunidad sería reproducir el ejemplo del presidente
Echeverría para exigir el cierre de la estación de la CIA en México y el cambio de embajador.
La insistencia en dinamizar el caso de la CIA en Chihuahua ha sido del gobierno mexicano y
por lo tanto a Palacio Nacional le corresponde exigir sanciones extremas.
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Política para dummies: En política, la debilidad es una derrota.
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