Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
A las amenazas de Donald John Trump se sumó el secretario de
Guerra de Estados Unidos, Pete Brian Hegseth, al advertir que el
gobierno de México debe dar un paso adelante contra los cárteles de la
droga para que su país no tenga que intervenir.
La advertencia la hizo ante el Senado y la Cámara de Representantes,
luego de que el inquilino de la Casa Blanca ubicara a México y a
Colombia como objetivos prioritarios de su Estrategia Nacional de
Control de Drogas 2026, mediante un documento que endurece la
política antidrogas del Tío Sam y exige resultados ‘medibles’ contra el
narcotráfico, especialmente en el combate al fentanilo y los cárteles.
El funcionario yanqui ha mantenido una postura de alta confrontación y
de presión extrema hacia el régimen de Claudia Sheinbaum Pardo —
desde febrero del 2025–, principalmente enfocada a los temas de
seguridad y del narcotráfico, amenazando sobre posibles acciones
militares unilaterales de Estados Unidos dentro de territorio mexicano.
De ahí que ese nuevo amago no deba pasarse por alto, pues atenta al
respeto de nuestra soberanía y confirma la política injerencista de
Trump y colaboradores en temas que sólo atañe resolver al Gobierno
mexicano y a sus fuerzas armadas.
Lo que Donald y Pete Brian no dicen, es que su gobierno no ofrece en
‘su guerra’ contra el crimen organizado resultados tangibles para frenar
las actividades de las mafias que operan allende el río bravo; y son
quienes se ocupan de facilitar a los grupos delincuenciales el trasiego
de drogas.
Así que la impertinencia que Trump asoma al calificar la lucha contra el
narcotráfico en México, merece el rechazo y la desaprobación unánime
de nuestro pueblo.
Sobre todo, porque el presidente de la Unión Americana no es capaz de
negar que el origen del narcotráfico, a nivel mundial, se encuentra en la
enorme demanda de estupefacientes de la sociedad estadounidense.
Sin embargo, el precio y las consecuencias de esa ley del mercado y su
solución pretenden endosárnosla, de manera injusta y prepotente, con
su correspondiente costo en materia de seguridad pública, criminalidad,
violencia y hasta desprestigio.
Es además totalmente injusto identificar con las instituciones de
gobierno a los funcionarios policiacos que de manera individual
sucumben ante la tentación de ganancias fáciles provenientes del
narcotráfico.
En México, la Federación, junto con los estados que la integran, se han
convertido en el ‘pararrayos’ que evita una mayor oferta de drogas para
el ávido mercado norteamericano.
Véanse si no las estadísticas sobre los cientos de toneladas de
enervantes decomisados, destruidos e incinerados en los últimos años.
Pero de manera dolosa, Trump ha encontrado, en las acusaciones sin
fundamento, un rico filón para presionar a nuestro país con el fin de que
en su segundo régimen presidencial someta su soberanía a los
dictados de la Administration de Control de Drogas, la Central de
Inteligencia Americana y la Oficina Federal de Investigación –DEA, CIA
y FBI, por sus siglas en inglés–, aunque haya quienes sugieran que tan
sólo se trata de un intento por crear una policía binacional.
Sólo que en esta ocasión es necesario advertirle a Trump, de cara al
mundo entero, que cuando Estados Unidos tenga menos viciosos en su
territorio, menos será también el tráfico de enervantes, pues
demostrado está que por la incesante demanda todos los delincuentes
quieren utilizar nuestro suelo para satisfacer la glotonería yanqui.
Código desfasado
En éste su segundo período ordinario de sesiones, del segundo año de
ejercicio constitucional, la LXVI Legislatura del Congreso local podría
por fin atender una demanda prioritaria del pueblo tamaulipeco, si
acaso los 36 diputados decidieran dar paso a la discusión de reformas
al Código Penal.
De esta forma se atendería uno de los reclamos más urgentes de la
sociedad en su conjunto, pues el castigo a la delincuencia se ha
convertido en una prioridad si acaso el objetivo es aminorar la
inseguridad pública.
Con las modificaciones jurídicas, la nueva reglamentación podría
facultar a los jueces a utilizar criterios propios para evaluar las
circunstancias en que fueron cometidos los delitos, y al mismo tiempo
determinar la peligrosidad de los responsables, para que éstos no muy
fácilmente ganaran nuevamente la calle para volver delinquir.
La esperada reforma es urgente, también, porque hay que detener la
ola criminal que se extiende por los 43 municipios del estado; y porque
no hay rincón donde todo tipo de hampones no haya sentado sus
reales, aunque la estadística delictiva haya disminuido en los últimos
años.
Aunado a ello, en una malentendida defensa de los derechos humanos,
diversas organizaciones no gubernamentales han logrado que
consumados delincuentes, poco después de ser encarcelados,
alcancen nuevamente su liberación para seguir trasgrediendo la ley,
agredir y causar daño y dolor a sus semejantes.
De ahí la importancia de reformar el Código Penal.
Y de ahí, también, la razón para que haya mayor rigidez en el
otorgamiento de beneficios penales, pues estos sólo deben brindársele
a quienes muestren ausencia o nula criminalidad.
Esperemos.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
