Opinión Económica y Financiera/Jorge A. Lera Mejía.
El reciente ajuste a la baja en el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
para 2026 por parte del Banco de México, de 1.6% a 1.1%, constituye una señal clara de
desaceleración económica que no puede ni debe minimizarse. Más allá de lecturas políticas o
discursivas, este recorte refleja una evaluación técnica sustentada en indicadores objetivos que
apuntan a una debilidad más profunda de la actividad económica nacional.
El contraste entre el optimismo gubernamental basado en anuncios de inversión extranjera y la
cautela del banco central evidencia una desconexión preocupante entre narrativa y realidad
económica. Si bien las promesas de inversión son relevantes para generar expectativas
positivas, su materialización efectiva depende de condiciones estructurales que actualmente
presentan rezagos: incertidumbre regulatoria, debilidad del estado de derecho, infraestructura
insuficiente y limitaciones en capital humano especializado.
Banxico, como órgano autónomo, no responde a coyunturas políticas sino a datos duros:
consumo interno moderado, inversión privada contenida y un entorno internacional menos
dinámico. La revisión a la baja del crecimiento no solo implica menores oportunidades de
empleo y generación de ingresos, sino también presiones adicionales sobre las finanzas
públicas, especialmente en un contexto de elevada dependencia de ingresos petroleros y
limitaciones fiscales.
Desde una perspectiva crítica, es necesario reconocer que la economía mexicana enfrenta
problemas estructurales persistentes. La baja productividad, la informalidad laboral superior al
50%, y la limitada diversificación industrial continúan siendo lastres para un crecimiento
sostenido. Además, la política económica ha privilegiado proyectos emblemáticos de alto costo,
cuya rentabilidad social y económica sigue siendo objeto de debate, en detrimento de una
estrategia integral de desarrollo regional y fortalecimiento de cadenas productivas.
Sin embargo, el escenario no es irreversible. Este ajuste puede y debe convertirse en una
oportunidad para reorientar la política económica hacia un enfoque más pragmático y basado
en evidencia. En primer lugar, es indispensable fortalecer la certidumbre jurídica para atraer
inversión efectiva, no solo anunciada. Esto implica reglas claras, respeto a contratos y
autonomía de organismos reguladores.
En segundo término, se requiere impulsar una política industrial moderna que fomente la
innovación, el desarrollo tecnológico y la integración de pequeñas y medianas empresas en
cadenas globales de valor. México tiene ventajas competitivas en el contexto del nearshoring,
pero su aprovechamiento exige infraestructura logística, capacitación laboral y coordinación
interinstitucional.
Asimismo, es fundamental fortalecer el mercado interno mediante políticas que incentiven el
consumo y la formalización laboral. La ampliación de la base tributaria, sin recurrir a
incrementos distorsionantes de impuestos, puede lograrse mediante incentivos a la formalidad
y simplificación administrativa.
Finalmente, la coordinación entre política fiscal y monetaria debe mantenerse como un pilar de
estabilidad macroeconómica. Banxico ha cumplido su función de advertir riesgos; corresponde
ahora a la política pública responder con medidas concretas y coherentes.
El recorte en el pronóstico de crecimiento no es únicamente una cifra, sino un llamado de
atención. Ignorarlo sería un error; asumirlo con responsabilidad y visión estratégica puede
marcar la diferencia entre un estancamiento prolongado y una recuperación sostenida.
