INDICADOR POLITICO/Por Carlos Ramírez
Además de la política, económica y militar, el cuarto territorio de las guerras está siendo
prodigado por el presidente Donald Trump: la propaganda en forma de misiles declarativos,
tanques mediáticos, fuerza aérea digital y organismos de inteligencia como drones
desestabilizadores con desinformaciones que minan al adversario.
La acusación formal de una Corte de Nueva York contra el gobernador-exgobernador
sinaloense Rubén Rocha Moya y nueve cómplices, aún con las limitaciones de procedimientos
probatorios que cumplieron los requisitos del Gran Jurado como eje judicial, encontraron un
acuerpamiento gubernamental, institucional, judicial, político y de complicidad en el espacio
del sexenio del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Sheinbaum Pardo.
Los elementos probatorios presentados en la solicitud de arresto con fines de extradición
fueron suficientes para satisfacer los requerimientos del Tratado de Extradición, y en este
sentido se estableció un blindaje institucional a los diez de Sinaloa. En términos legales,
México no tiene más que dos respuestas: determinar que las acusaciones no son suficientes y
negar el arresto-extradición o entregar a los diez señalados y que sea la justicia americana la
que determine grados de responsabilidad. Cada una tendrá sus consecuencias.
En el camino, Trump sigue horadando la credibilidad nacional e internacional con
señalamientos de que México es un narcoestado y que los cárteles controlan a las
instituciones; y el problema no es que se le pida a Trump pruebas de esos dichos, sino que el
auge de los cárteles del narcotráfico de 2018 a la fecha corrobora todos los análisis en el
sentido de que el poder económico, regional, político y delictivo solo ha sido posible con la
complicidad o apatía de instituciones públicas.
Esta semana será decisiva para los escenarios políticos de corto plazo de Rocha Moya y
nueve de coacusados, pero con la circunstancia agravante que ya se perfila la liberación de
dos solicitudes adicionales en los mismos términos contra otros dos titulares de ejecutivos
estatales y la acumulación de expedientes –y no los de hechos de la Casa Blanca– son los que
ya minaron la credibilidad política del periodo de la 4aT, sobre todo porque se trataría de
entidades de sobra conocidas como controladas por el crimen organizado.
Sólo los militantes de Morena sostienen la inocencia de Rocha Díaz y nueve coacusados, pero
a pesar de evidencias adicionales sobre corruptelas locales en los que esta banda de los diez
sinaloenses construyó una mafia de corrupción alrededor del presupuesto público y con
ramificaciones familiares.
Frente a la obstinación gubernamental de defender a capa y espada a Rocha Moya y nueve
acusados, la narrativa mediática en redes no ha dado ningún signo de apoyo a los señalados y
por el contrario se han sumado evidencias locales nuevas. No se explica –a lo mejor sí, pero
no se quiere entender– la tozudez gubernamental de negar los pactos políticos de Rocha
Moya con el Cártel de Sinaloa y la facción de los mayitos, sobre todo por las evidencias y
varias de ellas autoconfesadas de que Rocha Díaz sí pactó a la luz del día con los capos de la
droga.
Y ahora que se revelan señalamientos de que los cárteles del narcotráfico confesaron en
Estados Unidos cómo controlaron las elecciones de gobernador en 2021 bajo las narices de
connivencia del INE de Lorenzo Córdova Vianello –hay complicidades por omisión, por
comisión y, la peor de ellas, por la estupidez de la arrogancia– y Rocha Díaz y el alcalde de
Culiacán estuvieron gobernando a la luz del día como un cártel político-electoral a favor del
cártel de Sinaloa de los mayitos.
Trump no ha ido hasta ahora más allá del contenido estricto de las 34 páginas de la solicitud
de arresto-extradición del 29 de abril y Palacio Nacional se está ahogando en la cobertura
política a Rocha Moya y los nueve coacusados, inclusive a costa de abrir expedientes
colaterales de distracción que a su vez deterioran la credibilidad gubernamental, como la
decisión de inventar un expediente contra Hernán Cortés a más de 500 años y de entorpecer
sin ningún rubor diplomático la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, cuyas revelaciones en España volvieron a descomponer el expediente del perdón por
los abusos criminales en la conquista.
La decisión de entregar a Rocha Moya y a nueve coacusados a las autoridades
estadounidenses cayó ya en el terreno personal y de poder del ex presidente López Obrador y
la tardanza en cumplir o no cumplir con la solicitud afectó la credibilidad de la presidenta
Sheinbaum Pardo frente al Gobierno de Donald Trump y sobre todo frente a la comunidad
internacional de naciones que está viendo con ojo crítico el gobierno mexicano está
protegiendo a políticos cómplices del narcotráfico.
La guerra de propaganda de la Casa Blanca ya la ganó Trump.
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Política para dummies: La política es de percepciones.
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