INDICADOR POLITICO/Por Carlos Ramírez
La decisión propia o hasta inducida de dos o tres de los principales acusados por el Gobierno
de Estados Unidos de narcopolíticos y por tanto de narcoterroristas marcó el punto final del
proyecto lopezobradorista de Morena y abrió una incógnita para el corto plazo: hundirse todos
envolviéndose en la bandera nacional o demostrar que Claudia Sheinbaum Pardo recibió
realmente el bastón de mando y tendría por tanto la autoridad para replantear el movimiento.
El tiempo apremia. Y los pendientes siguen siendo muy altos: el ahora exgobernador Rubén
Rocha Moya y los siete u ocho coacusados tendrían que ser entregados a los sheriffes bajo el
Tratado de Extradición, pero habría todavía una quincena de importantes figuras en cargos
altos en la República política que no quedarían exonerados, entre ellos, personalidades del
círculo familiar íntimo y del círculo político del presidente emérito Andrés Manuel López
Obrador.
La insistente negativa en los últimos días de la presidenta Sheinbaum Pardo de llevar el caso
judicial que se reventó “en una oficina de Nueva York” y la argumentación de investir a los
acusados como representantes de la soberanía nacional ocurrió pese a que ya habían sido
señalados en medios como vinculados al crimen organizado del narcotráfico y ello desgastó la
autoridad presidencial y en la mañanera de hoy lunes deberá de haber un deslindamiento muy
estricto o seguir hundiendo la credibilidad institucional de la República defendiendo a
indefendibles.
La argumentación central y única para responder a la solicitud del Gobierno de Estados Unidos
basados en autorizaciones de seis o siete sesiones de un Gran Jurado en la Corte de Brooklyn
fue la de exigir pruebas contundentes y luego señalar que los inculpados estarían protegidos
por el aura de la soberanía de México frente a presiones extranjeras.
La entrega decidida por motu proprio de dos de la banda de los diez y la posibilidad de un
tercero que no se ha confirmado de manera oficial terminó el debate jurídico entre la solicitud
de arresto con fines de extradición, el examen de la documentación presentada con cargo al
tratado de extradición y la determinación del Poder Judicial mexicano de aceptar o rechazar la
fuerza de los argumentos presentados.
El fin de semana se precisó una argumentación en redes sociales: las pruebas son hoy los
testigos protegidos y entregarán más información que va a probar los dichos avalados por el
Gran Jurado y México se quedaría sin la argumentación-madre de que las informaciones
presentadas en la solicitud de arresto con fines de extradición eran sólo de dichos; con
seguridad dos de los inculpados y probablemente un tercero en las próximas horas cancelaron
la primera fase de la solicitud de arresto-extradición y el juicio formal comenzará con dos o tres
de los inculpados y los siete u ocho restantes no serán indispensables en el juicio, aunque la
sentencia los convertirá en prófugos de la justicia de Estados Unidos y ofrecerán recompensa
por su captura.
Palacio Nacional perdió mucho tiempo en atrincherarse en el argumento de “pruebas, pruebas,
pruebas” y la invocación de la soberanía territorial de la República y la tardanza pericial de la
Fiscalía General dejó escapar algunas opciones de corto plazo para cuando menos ganar más
tiempo y puede darse el caso que Estados Unidos diga “gracias por participar” y comience el
juicio con dos o tres inculpados y los demás enjuiciados en ausencia.
La presidencia de la República, también, dejó pasar 72 horas desde que se conoció la
información oficial de que el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Finanzas de la
administración del gobernador Rocha Moya cruzaron con tranquilidad la frontera sin que
ninguna autoridad mexicana reaccionara y se entregaron a las autoridades de EU en un acto
que implicó el reconocimiento de las acusaciones en su contra y por lo tanto abrió ya la
siguiente fase que es la negociación de más información y más pruebas contra Rocha Moya y
narcopolítica en Sinaloa, inclusive con la expectativa de que los dos o tres testigos protegidos
posean más información de la protección político-institucional de la estructura gubernamental
estatal y federal y presidencial formalmente desde 2021 pero con indicios de que inclusive la
candidatura de Rocha Moya ya había sido parte de la negociación.
No hay forma de que en el corto plazo Morena se sacuda de las figuras vinculadas y referidas
de manera pública al crimen organizado ni tampoco hay tiempo ni circunstancias para que a
posteriori de la entrega de dos o tres acusados pueda el presidente emérito López Obrador
sacudirse en el peor de los casos de la corresponsabilidad política pública del Gobierno de
Rocha Moya funcional a las facciones de los chapitos en el cartel de Sinaloa.
Por eso el ciclo político –y moral– de Morena ya terminó y la presidenta Sheinbaum Pardo es
la única que puede ejercer ahora sí el bastón de mando para dar por finalizada la fase del
lopezobradorismo y comenzar otra con nuevas figuras y sin nadie los señalados como
cómplices del crimen organizado.
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Política para dummies: la política no muere, sino sólo se transforma.
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