Golpe a golpe/Por Juan Sánchez Mendoza
La solicitud que el gobierno estadounidense hizo al gobierno de México,
vía diplomática para la detención provisional del gobernador de Sinaloa,
Rubén Rocha Moya y de nueve funcionarios y/o ex funcionarios
públicos, con fines de extradición, no es una acción injerencista.
Para nada, pues solamente se trata de una petición que toca atender o
rechazar a las autoridades federales.
En principio a la Fiscalía General de la República (FGR), cuya tarea es
confirmar la comisión del delito mediante investigaciones, para
presentar al Poder Judicial de la Federación la denuncia
correspondiente. O desecharla de plano, al no encontrar elementos
probatorios contra los inculpados.
Y, al considerar improcedente esa petición, la FGR la desechó.
Sin embargo, el mandatario sinaloense y el alcalde de Culiacán –Juan
de Dios Gámez Mendívil–, reavivaron el tema ‘injerencista’ al pedir
licencia para separarse (temporalmente) de sus funciones. Y enfrentar
la acusación estadunidense, si acaso un agente del Ministerio Público
federal determina que son prospectos a vincularlos a proceso, mediante
una denuncia formal ante la autoridad judicial, por lo que tocaría a un
juez de distrito resolver en consecuencia.
Así que, aún sin fuero, ambos indiciados seguirían en libertad.
Pero también sin protección para evitar ser aprehendidos.
El acuerdo de extradición entre México y Estados Unidos es muy claro
al referir: ‘No se requiere probar la culpabilidad total, solo la viabilidad
de la acusación’.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que no
se permitirá la injerencia de Washington en las decisiones nacionales,
‘bajo ningún motivo’.
Y con ella estamos de acuerdo, considerando que la injerencia de una
nación en los asuntos internos de otra viola su soberanía, autonomía y,
por supuesto, los tratados internacionales de respeto entre las
naciones.
Pero este no es el caso, pues solamente se trata de la solicitud de una
detención con fines de extradición, porque en la Unión Americana
existe un proceso judicial contra Rocha Moya y otras nueve personas,
acusadas de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración,
como lo aseguran el Departamento de Justicia y la Corte Federal del
Distrito Sur de Nueva York.
El documento que fue remitido el pasado 28 de abril a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), consigna le presunción de que Rocha
Moya y otros nueve funcionarios o ex funcionarios públicos resultan
vinculados con ‘Los Chapitos’ y el ‘Cártel de Sinaloa’ en la comisión del
narcotráfico, recibir sobornos y brindarles protección institucional.
Acusaciones que nada tienen qué ver con la injerencia de otro país, ya
que la actitud injerencista es la tendencia de un gobierno a
entrometerse (o intervenir) indebidamente en decisiones y/o conflictos
de terceros, sin tener legitimidad o competencia para ello, implicando
una intromisión que viola la soberanía, autonomía o privacidad.
Lo que han hecho las autoridades gringas, es sólo una solicitud para la
detención de actores señalados por su colusión con el crimen
organizado.
Por eso extraña la furibunda respuesta presidencial a esa petición.
Y, desde luego, la reacción de los legisladores militantes de morena, al
malinterpretar la petición. O quizá instruidos para defender lo
indefendible a botepronto al asegurar que por parte de la Unión
Americana se percibe una actitud injerencista.
¡Bah!
No hay que confundir a las preñadas con las paridas.
Lamentablemente, Rocha Moya y sus nueve cómplices cuentan con el
proteccionismo presidencial para evitar por ahora ser enjuiciados en el
país vecino del norte que, con índice de fuego, los tiene en la mira.
Y, para protegerlos, se habla de injerensimo.
Proceso desatendido
La presidenta Sheinbaum Pardo, en respuesta a la presión
estadunidense, podría reclamar la extradición de Francisco Javier
García Cabeza de Vaca, quien en México es acusado por delincuencia
organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de
dinero) y defraudación fiscal.
Esto, atendiendo el marco jurídico internacional.
Andrés Manuel López Obrador, durante su régimen presidencial, nada
hizo para llevarlo al patíbulo, aun cuando ‘ordenó su desafuero’, y
aparente persecución judicial, como lo divulga ‘Pancho’ a través de sus
testaferros.
Así que, para Claudia, podría ser una moneda de cambio, so pena que
los gringos adopten medidas comerciales severas contra México por
seguir protegiendo, ella, al supuesto narco-gobernador y sus
compinches, bajo un rollo ‘injerencista’.
Cicuta
Circula profusamente, en redes sociales, la versión de que Andrés
Manuel López Obrador reaparecería públicamente, para presentar su
nuevo libro.
De confirmarse el hecho, se entendería que lo haría con miras a evitar
más fracturas en el movimiento transformador del país –como él lo
llama–, derivadas de las pugnas internas en morena, de cara al
proceso electoral en puerta.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
