ENPUBLICO
Nora Marianela García Rodríguez
Un presupuesto no miente, pero tampoco lo dice todo; hay que leerlo como lo que
es: una declaración de prioridades, y el Paquete Económico 2026 del gobierno
federal es, en ese registro, bastante elocuente sobre a quién protege el Estado de
manera sistemática y a quién apenas administra.
La administración de Claudia Sheinbaum corrigió el desfinanciamiento de años
anteriores en tres rubros sociales que lo necesitaban: salud creció 4.5%,
educación 2.3% y vivienda 2.1%, cifras que Fundar, Centro de Análisis e
Investigación documenta en su análisis del paquete, sin embargo, cuando se
revisa la clasificación funcional del gasto, es decir, cómo se distribuyen los
recursos según sus objetivos reales, aparece una contradicción que el discurso
oficial prefiere no nombrar.
La desaparición de personas no cede: al inicio de 2026 hay casi 140 mil personas
desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país, y frente a esa
dimensión la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas recibirá 1,214
millones de pesos este año, apenas 58.9 millones más que en 2025, un
incremento de 5% que no tiene ninguna proporción con la magnitud del problema
ni con la velocidad a la que crece.
En 2024, la federación y las entidades federativas juntas destinaron el 0.036% del
gasto público total a la búsqueda de desaparecidos y a la atención de la crisis
forense, según el informe En búsqueda de presupuesto 2024, de Fundar,
Elementa DDHH y Política Colectiva; menos de cuatro centavos de cada 10 mil
pesos del erario fueron a buscar a quienes no aparecen, mientras 987 mil
millones de pesos, equivalentes a 2.5% del PIB, se asignaron a programas
sociales prioritarios en el mismo ejercicio.
Esa diferencia revela algo más que una brecha presupuestal: revela dos
categorías distintas de ciudadanía dentro de la política pública, los beneficiarios
de transferencias sociales (pensiones, becas, apoyos al campo) y las víctimas de
violencia estructural, que incluyen a personas desaparecidas, sus familias y
quienes esperan una identificación forense para recuperar a los suyos; los
primeros reciben atención sistemática y recursos crecientes, los segundos reciben
administración, que es una forma de respuesta que no resuelve sino que distrae.
Los datos judiciales confirman esa distracción: en 2023 se abrieron 10,706
carpetas por desaparición, pero solo existían 900 causas penales activas, 8.4%
del total, lo que significa que nueve de cada 10 desapariciones no se investigan
como delito sino que se procesan como trámite, con esa proporción el Estado no
busca, clasifica, y el tiempo corre a favor de la impunidad.
El gobierno argumenta que sus programas sociales atacan la raíz del problema
porque reducen la pobreza que alimenta la violencia, y hay evidencia de que los
ingresos de los hogares mejoraron en años recientes, sin embargo, reducir la
pobreza no reemplaza la política de justicia: son respuestas en tiempos distintos
del mismo daño, una opera antes de que ocurra, la otra cuando ya ocurrió,
cancelar la segunda en nombre de la primera no es racionalidad presupuestal, es
una elección sobre quién tiene derecho a ser reparado.
El problema de fondo es de raíz institucional: la atención a la crisis forense no
funciona como política de Estado porque no existe una rectoría que la conduzca
de forma sostenida, los restos de decenas de miles de personas permanecen en
morgues saturadas o fosas comunes sin que nadie tenga la obligación concreta
de identificarlos, y esa ausencia tiene historia: el Banco Nacional de Datos
Forenses, que la ley mandató desde 2017, solo se instaló en 2023 después de
que un juez lo ordenó, el retraso no se recupera con 5% anual ni con convenios
que obligan a las comisiones locales a solicitar recursos que deberían llegar sin
pedir permiso.
Para Tamaulipas la discusión no es teórica, el estado tiene la tasa de
desaparición más alta del país en términos per cápita, con más de 18,500
personas no localizadas desde el año 2000 según el Registro Nacional de
Búsqueda, y siete de cada 10 casos concentrados en Matamoros, Reynosa y
Nuevo Laredo, la diferencia entre un presupuesto suficiente y uno inercial es la
diferencia entre una comisión local con personal especializado o una operando
con contratos temporales, sin equipo y con recursos que llegan en dos
ministraciones al año, cuando la búsqueda no tiene calendario.
El nudo presupuestal tiene una explicación política muy evidente, los programas
sociales producen resultados medibles, beneficiarios registrados, transferencias
verificadas, pobreza por ingresos reducida, que se traducen en informes,
indicadores y votos; la justicia para víctimas produce algo distinto: verdad,
reparación, dignidad, categorías que no generan titulares celebratorios ni
semáforos en verde, lo que no se puede contar con facilidad no se presupuesta
con generosidad, y esa asimetría no es técnica, es política.
Toda política pública enfrenta la tensión entre el beneficio del mayor número y la
protección de quienes están en los márgenes; cuando el gasto se orienta solo
hacia lo que produce resultados agregados visibles, los derechos de quienes más
lo necesitan quedan subordinados a la aritmética de la mayoría, un Estado que no
corrige ese sesgo no está siendo eficiente, está decidiendo que ciertas pérdidas
son administrables y que ciertas familias pueden seguir esperando.
El presupuesto lo dice sin decirlo: aliviar la pobreza es una obligación exigible;
encontrar a los desaparecidos es una aspiración sujeta a disponibilidad, esa
jerarquía no figura en ningún artículo de ley, pero está impresa con exactitud en
cada cifra, y lo que no se nombra, no se puede corregir.
