Arca de Noé/Pedro Alfonso García
Confieso de entrada que no soy abogado. Cursé cuatro años de Derecho en la
UAT, y al llegar al quinto la vida me puso ante una disyuntiva: asumir la dirección
de la redacción del periódico donde trabajaba o terminar la carrera y titularme.
Elegí el periodismo.
Pero esos cuatro años me dejaron la fortuna de haber escuchado en las aulas a
juristas como Francisco Hernández, Lauro Rendón, Eduardo Garza Rivas,
Antonio Marroquín, Even Garza Mascorro, Bibiano Ruiz Polanco y el entrañable
Rogelio Ramírez Covarrubias. Todos coincidían en una idea sencilla: la justicia se
contamina cuando el juez mira hacia el poder político. No hace falta corrupción
explícita; basta con la expectativa de otro cargo.
En los años ochenta me tocó vivir de cerca, como directivo de un periódico, un
episodio que ilustra esa convicción: el gobernador Emilio Martínez Manautou
presionó al presidente del Tribunal, Humberto de la Garza Kelly, para imponer un
juez. Observé el forcejeo: las llamadas, los recados, los emisarios y De la Garza
Kelly no cedió, sostuvo el pulso hasta que hizo pública su renuncia, denunciando
la presión.
Más atrás, la historia registra a Guadalupe Mainero —presidente de la Suprema
Corte estatal de 1888 a 1896 y luego gobernador— y a Juan Gojon, que alternó
ambos cargos en el siglo XIX. Después vinieron generaciones de gobernadores
tamaulipecos —de Portes Gil a Américo Villarreal Anaya— provenientes del
Senado, la Cámara, las alcaldías o las secretarías estatales. Ninguno pasó por la
presidencia del Supremo Tribunal.
La lección no fue solo tamaulipeca. La Constitución de 1857 hizo al presidente de
la Corte sucesor del ejecutivo, y así fue como Juárez llegó al poder en 1858,
Lerdo en 1872, y en 1876 José María Iglesias auto proclamándose presidente
desde la Corte. En 1882 se reformó la Constitución para apartar al Poder Judicial
de la línea sucesoria, tras un duro aprendizaje.
La Cuarta Transformación abrió una frontera distinta con la elección popular de
jueces y magistrados pero la misma presidenta Sheinbaum envió el 18 de mayo
una iniciativa al Senado para posponer la elección judicial a 2028 e incorporar
exámenes, capacitación obligatoria y boletas simplificadas. Son correctivos a una
primera elección que tuvo apenas una participación del 13 por ciento.
Mientras el debate avanza, en Tamaulipas hay un movimiento interesante, Tania
Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal desde octubre de 2025, al
cumplir cien días en el cargo inició una gira por el estado: arrancó en Reynosa
con una reunión con la CTM, ha sostenido encuentros con líderes sindicales y
empresariales, y aparece en columnas políticas como aspirante a la candidatura
de Morena por la gubernatura.
Las aspiraciones políticas son legítimas pero lo que la experiencia internacional
ha demostrado es otra cosa: la justicia exige que el juez esté libre del temor a
represalias, pero también de la tentación de recompensas. Lo han dicho
tribunales internacionales, lo repite la doctrina contemporánea y lo confirma el
sentido común: la imparcialidad no basta con tenerla, hay que parecerlo.
El problema no es la persona, es la posición. Cualquier resolución sensible que
firme la presidencia del Tribunal mientras se desarrollan estas actividades
públicas será leída a la luz de su proyección política. La apariencia de
imparcialidad se desgasta desde el primer gesto que admite lectura partidista,
aunque la resolución de fondo sea impecable.
Hoy nadie está violando una norma expresa: una magistrada puede aspirar a una
candidatura, pero el principio que se preservó durante más de un siglo en
Tamaulipas —que el Tribunal se mantuviera fuera del juego sucesorio— más que
legal, era prudencia. Y esa prudencia es lo que hoy está en revisión.
El gran desafío de Tania Contreras será transitar desde su responsabilidad como
presidenta del Tribunal y su trayectoria como abogada hacia la realización de un
proyecto político, en un estado que vive un momento intenso y polarizado.
Un juez con campaña deja de ser juez antes de convertirse en candidato. Lo
sabía Iglesias en 1876, lo entendió De la Garza Kelly en los ochenta, lo confirma
la experiencia internacional hoy. La pregunta es si, en este momento bisagra del
Poder Judicial mexicano, en Tamaulipas se está haciendo lo que enseñan las
lecciones de la historia.
