Trópico de Cáncer/ Jesús Collado Martínez
Los responsables de la DEA, el FBI y la CIA, han reconocido frente a los comités de
legisladores de los Estados Unidos que el gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo
para combatir a los narcotraficantes y coinciden también en señalar que para el gobierno del
Presidente Trump eso no ha sido suficiente y México debería hacer más.
En ese contexto la oposición de derecha en México ha aprovechado la coyuntura para afirmar
que la Presidenta Claudia Sheinbaum no solo no hace suficiente para acabar a los narcos sino
que está defendiendo al Gobernador de Sinaloa acusado de corrupción y complicidad con el
Cártel de Sinaloa, porque pide que se respete el Estado de Derecho y que se presenten
pruebas que sustenten la solicitud del Departamento de Justicia norteamericano de detener al
Gobernador con fines de extradición
Por ello es relevante que la Presidenta Sheinbaum esté enviando una iniciativa de reformas a la
Ley Electoral para que sea una facultad de las autoridades electorales investigar
detalladamente y descartar a aquellos candidatas o candidatos, de cualquier partido político,
que tengan algún vínculo con delincuentes o grupos de crimen organizado y/o hayan recibido o
reciban apoyo económico de procedencia ilícita para financiar sus campañas.
Esta acción de la Jefa del Estado Mexicano deja en claro su decisión de resolver esta situación
que padece nuestro país desde hace por lo menos cuatro décadas y ha afectado a la política
en diversos momentos, como los casos que en los años 80 y 90 se hicieron públicos en los
medios de Estados Unidos y México en notas, artículos y reportajes y en declaraciones
publicas de su Embajador en nuestro país, en que se lanzaron acusaciones de vinculos con los
narcos contra el Presidente Miguel de la Madrid, su ex Secretario Particular y los gobernadores
de Sonora y Morelos.
Esta situación se agravó de tal manera que en los 90 el Presidente Zedillo destituyó y encarceló
al General titular del Instituto Mexicano para el Combate a las Drogas, porque protegía a un
poderoso narcotraficante del Cártel de Juárez a quien debía perseguir, y el tema llegó al tope
cuando el Presidente Felipe Calderón traicionó la confianza de los ciudadanos poniendo al
frente de la Guerra contra el Narco, que él declaró, a un narcotraficante que protegía y
colaboraba con el Cártel de Sinaloa y que actualmente cumple sentencia de 39 años por
narcotráfico en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Esta situación ha seguido afectando sensiblemente durante este siglo a muchos de los 2,450
municipios y algunos de los 32 gobiernos de los estados de nuestro país, en los que, algunos
candidatos a puestos de elección popular de todos los partidos, han recibido apoyo de
personas o grupos dedicados al narco y otras actividades ilícitas a cambio de ordenar, una vez
que son electos, la acción o la omisión de las autoridades en su favor en los territorios de los
municipios y estados bajo su responsabilidad.
La iniciativa de reformas para impedir el paso al poder político de candidatos asociados al
narco o a cualquier delincuente, deja en claro que la Presidenta Sheinbaum no los defiende y
actúa con firmeza, como no lo hizo nadie antes, para acabar con esa corrupción que erosiona
la confianza de los ciudadanos y afecta gravemente la seguridad de nuestro país. Esta acción
se suma a todas las que llevan a cabo bajo su mando, la Guardia Nacional, el Ejército y la
Marina en la persecución de los cárteles de la droga en todo nuestro país.
Sin embargo, para que esa modificación a la legislación electoral sea aplicable en las
elecciones de 2027, será necesario que en el período de sesiones del Congreso de la Unión
que se iniciará mañana martes 26 de mayo, la reforma quede aprobada a más tardar el próximo
dos de junio, es decir 90 días antes de que inicie proceso electoral en el mes de septiembre de
2026, siempre y cuando los partidos políticos no obstruyan o retrasen su discusión y
aprobación. Pronto veremos quién es quien y para saberlo sólo faltan 10 días.
