Arca de Noé
Pedro Alfonso García
Difícil la disyuntiva en que ha puesto Ariadna Montiel a la Comisión de Elecciones
de Morena, no será fácil encontrar candidatos que superen el drástico estándar
que venía anunciando. El lunes lo repitió, como si pintara la raya: “no vamos a
aceptar candidatos que tengan mala reputación. Nuestros candidatos deben ser
intachables”.
Una revisión a los personajes que transitan en el escenario tamaulipeco de
Morena nos lleva a una conclusión: quienes decidan las candidaturas a
presidencias municipales, diputaciones locales y federales tendrán como única
alternativa postular perfiles que no arrastren negras historias, un pasado
turbulento o, por lo menos, excesos en el ejercicio del poder.
De entrada habrá que definir los alcances del término. Reputación es el prestigio
o la estima en que se tiene a alguien; mala reputación, en cambio, es la imagen
desfavorable, el descrédito que sufre una persona por sus acciones,
comportamientos o antecedentes. Y visto así, no hay quien se salve.
Los personajes que hoy figuran en el candelero político arrastran ya un largo
historial. Los senadores Olga Sosa y José Ramón Gómez Leal crecieron en otros
partidos: la tampiqueña en el priismo, el reynosense en el PAN, y ninguno llega
con el expediente limpio como para librar los filtros de Ariadna.
Sobre Sosa han pesado señalamientos periodísticos —algunos con alcances de
linchamiento— que la ubicaron entre los morenistas cercanos a Sergio Carmona,
“El Rey del Huachicol”, asesinado en 2021. Morena lo ha negado y lo cierto es
que no hay proceso legal en su contra. Gómez Leal proviene de una familia
dedicada al negocio de los hidrocarburos en Reynosa, actividad lícita que, en el
clima actual, lo coloca bajo la lupa. En ninguno hay imputación judicial, pero sí un
descrédito con su parte de verdad y su parte de baños de lodo.
Si el estándar fuera estricto, tampoco se salvarían quienes ya probaron el poder y
no quieren soltarlo. Un repaso por las ciudades más importantes del estado
confirma cuál es la verdadera lógica de la sucesión de 2027: la conservación.
La familia Canturosas, en Nuevo Laredo, aspira a la gubernatura sin renunciar al
control del ayuntamiento; en Reynosa, Maki Ortiz y su hijo agotaron sus periodos,
pero intentarán heredar la candidatura. El morenismo de Matamoros busca
prolongarse, a pesar de su mala fama, mientras Mario “La Borrega” López, con
dos trienios cumplidos, en sus sueños húmedos acaricia la gubernatura, el
regreso a la alcaldía o la diputación federal.
Más al sur se repite el guion. Lalo Gattás concluye su segundo periodo en Victoria
y promueve a un colaborador como heredero; la reelección que pretende Erasmo
González en Madero enfrenta la reaparición de Adrián Oseguera, en una pugna
abierta entre dos exalcaldes, y en Tampico, Mónica Villarreal va por la reelección
frente a Jesús Nader, que ya gobernó dos veces.
Reelección, herencia o salto a otro cargo: el repertorio se repite y la renovación se
vuelve, en los hechos, un ejercicio de conservación que representa la primera
grieta del estándar: el aparato no busca perfiles nuevos e intachables, sino cómo
retener los que ya tiene.
La segunda grieta es el territorio mismo. Gobernar estas ciudades obliga a
moverse en entornos de fuerte presión, donde el poder formal convive con
poderes fácticos, y no se trata de un fantasma: la detención en Argentina del
contraalmirante Fernando Farías Laguna, en abril pasado, recordó que la red de
“huachicol fiscal” desmantelada por el gobierno federal operaba precisamente por
las aduanas de Altamira y Tampico. El combustible de contrabando, los buques,
los marinos señalados no son metáforas: son el escenario real en el que cualquier
aspirante tamaulipeco ha tenido que moverse.
Hay que decirlo con claridad: depurar las candidaturas de perfiles ligados al
dinero sucio es un propósito sano, y en Tamaulipas hasta urgente. La duda no
está en el fin, sino en el uso pero habrá que ver si el filtro servirá para un rigor
genuino o una herramienta para despejar adversarios incómodos.
Al final, la reputación intachable que se exige desde el discurso tendrá que
medirse contra dos realidades tercas: una clase política que solo aspira a
perpetuarse y un estado donde el poder se ejerce a la sombra de otros poderes.
Entre esas dos paredes, la raya que pintó Ariadna Montiel se traza cuesta arriba.
