Golpe a golpe
Por Juan Sánchez Mendoza
El panorama electoral de 2027 respecto a las 17 gubernaturas que estarán en
juego, luce complejo para Movimiento Regeneración Nacional (morena) por: 1) el
desacuerdo con sus aliados sobre el reparto de las candidaturas; 2) la disputa
interna que libran sus propias tribus en aras de nominaciones; y 3) el hartazgo
poblacional ante la conducta de varios mandatarios que ya van de salida, pero
siguen cometiendo tropelías.
Actualmente una docena de gobernadores ostenta el sello de morena; tres son
del Partido Acción Nacional (PAN), uno de Movimiento Ciudadano (MC) y otro del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En cuanto a las cinco plazas donde el membrete guinda es oposición —
Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí– el
escenario le es adverso a morena pues los cinco jefes del Ejecutivo estatal
aparecen en el ‘top ten’ de aceptación poblacional –ocupando los primeros sitios-
-, según los rankings difundidos por las encuestadoras ‘México Elige’ y ‘C&E
Campaigns and Elections’.
Y eso, admítase o no, refleja una tendencia electoral.
Seguramente, el cuadro le preocupa y le ocupe parte de su tiempo a la dirigente
de morena, Ariadna Montiel Reyes, aunque el tema primordial (de ella) sería
imponer disciplina en su partido, con tres objetivos marcados:
1) Evitar el desbordamiento de pasiones en morena, para evitar pleitos entre las
tribus ahí anidadas;
2) Atarles las manos a los gobernadores, para evitar que promocionen, con
recursos públicos, a sus propios proyectos relevistas; y
3) Limpiar la imagen de los mandatarios que van de salida y han sido y son
acusados de mantener vínculos con el crimen organizado.
La tarea no es sencilla.
Menos, cuando morena (con o sin alianzas estatales), busca recuperar las cinco
gubernaturas en manos de la oposición; y retener las 12 que tiene actualmente,
pese a las cuestionables administraciones de los mandatarios en turno.
A la fecha, en al menos seis entidades los gobernadores de morena se han visto
involucrados en situaciones escandalosas; y en otra, hay conflicto de intereses.
Y esto podría repercutir en el comportamiento ciudadano aun y cuando los futuros
candidatos no tuvieran ninguna relación con quienes acarician el último año de su
mandato.
Los ejemplos más ilustrativos de la separación gobierno-pueblo se dan en:
Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el pasado martes cinco de mayo,
ratificó que no pedirá licencia al cargo para enfrentar la acusación estadounidense
de estar involucrada con el crimen organizado, aun cuando la Fiscalía General de
la República (FGR) la investiga como a su ex marido (Carlos Torres) por los
presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, motivando
un fuerte rechazo ciudadano hacia ella.
A los dos, en mayo de 2025 el gobierno de EU les revocó la visa.
Campeche.
Layda Elena Sansores Sanromán, la gobernadora actual, no sólo está
confrontada con el Congreso estatal donde morena tiene mayoría; y con el grupo
del mentado ‘Alito’, sino que ha declarado públicamente que para ser candidato
gubernamental ‘hay que ser narco o tener padrinos narcos’
Su distanciamiento con el pueblo quedó de manifiesto en el estadio de béisbol
‘Nelson Barrera Romellón’, cuando fue abucheada al unísono por la concurrencia
tasada en miles que le abiertamente le gritó ¡fuera, fuera!
Guerrero.
La supuesta relación que la mandataria sostiene con grupos criminales es harta
comentada en aquel estado. Y con la pretensión de su padre, Félix Salgado
Macedonio de ser candidato, de darse, sería una burla al pueblo al violentar la
decisión partidista anti nepotismo, por lo que es rechazada.
Evelyn Cecia Salgado Pineda ha enfrentado varias solicitudes de juicio político y
críticas por la gestión de la seguridad, marcadas por la violencia y delincuencia
organizada en el estado. Y EU la reclama por narcotráfico.
Michoacán.
El gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedolla, también es acusado de
complicidad con el narco.
Tras el cobarde asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez (alcalde de
Uruapan), los bonos de morena bajaron en la entidad, por lo que tendría que
nominarse a una persona altamente reconocida, calificada y bien vista por la
sociedad para retener la gubernatura.
Como fuere, el mandatario actual está en la mira del gobierno yanqui.
Sinaloa.
La separación de Rubén Mocha Moya, como gobernador, no garantiza a morena
la retención de la plaza.
Menos cuando los sabuesos de la Unión Americana están enfocados a
desmantelar la organización delictiva que ahí predomina.
El pueblo guamúchil muestra su rechazo a la autoridad gubernamental sin
considerar partidos, pues hartada está de que bandoleros sean quienes las
gobiernen, como el actor reclamado en EU por narcotráfico.
Sonora.
Alfonso Durazo Montaño –un claro ejemplo del saltimbanqui político al haber
brincado del PRI al PAN, y luego a morena, donde ocupa la posición privilegiada
de presidente del Consejo Nacional– enfrenta una situación de inseguridad en el
estado.
Y también política.
Su mala gestión como gobernador ha despertado ese pueblo bronco y fuerte,
arrastrando a la marca de morena, que debe analizar una estrategia para revertir
sus yerros
Zacatecas, se cuece aparte, porque con la aceptación de morena, sin ella y a
pesar de ella, un Monreal Ávila estará en la jugada.
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