INDICADOR POLITICO/Por Carlos Ramírez
A partir de la percepción en los casos de Irán y Gaza de que Donald Trump no quiere una
Tercera Guerra Mundial pero que no vacila en dejar indicios de que pudiera tomar ese camino,
la estrategia de la Casa Blanca con México en el tema de la narcopolítica pudiera tener una
explicación en el modo iraní.
La Casa Blanca decidió terminar su ofensiva en Irán sin haber cumplido el objetivo prioritario
de desaparecer a la civilización iraní de casi cien millones de personas y de lograr el cambio
del régimen teocrático a la democracia capitalista al estilo americano. Estas metas eran
imposibles de lograr, pero colocadas como objetivos finales adelantaron posibilidades de
mayores reformas sistémicas que algún tipo de acuerdo nuclear.
Trump liquidó la estructura teocrática de los ayatolás, afectó de manera irreversible la
capacidad de defensa y de ofensiva militar y debilitó a Irán en el Medio Oriente, metas que el
timorato Jimmy Carter no se atrevió siquiera usar como amenaza y que el ligeramente
guerrerista Ronald Reagan nunca pudo definir como una estrategia de reestructuración
inducida.
La amenaza reiterada del presidente Trump de que invadirá con tropas el territorio mexicano
sólo para destruir los nidos de los cárteles del narcotráfico que han sido caracterizados por la
Casa Blanca como narcoterroristas, en ningún momento se ha planteado el objetivo directo de
destruir el régimen populista lopezobradorista, cuando menos no como objetivo central y sí
como consecuencia lógica pero tampoco prioritaria.
Todos los ataques verbales y ahora judiciales de Trump han cumplido su objetivo estratégico —
que no militar– de probar su argumentación de que el régimen mexicano actual morenista es
un narcoestado y que los cárteles del narcotráfico gobiernan las decisiones institucionales del
Estado federal y de los estados federados, como se articuló en el planteamiento formal de la
solicitud de arresto con fines de extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y
nueve coacusados.
A esta reconfirmación de que México es un narcoestado está contribuyendo la respuesta
defensiva del Gobierno mexicano para proteger a los diez acusados por Estados Unidos, a
pesar de que a las evidencias presentadas ante el gran jurado en Nueva York se han
incorporado en México aportaciones de medios y sectores políticos nacionales de que
efectivamente hubo pactos de gobernanza criminal o fusión de intereses del narco con los
sectores estatales del Estado federal y local y que sí se prefiguraba la caracterización de
narcogobierno cuando menos ahora en Sinaloa y pronto en cuanto menos otros cinco estados
que han reproducido la complicidad de gobernantes morenitas locales con los cárteles
correspondientes en sus áreas de influencia.
La reacción defensiva de protección a Rocha Moya y nueve coacusados colocó a su alrededor
un blindaje político-institucional que dejó malas impresiones, porque la primera respuesta
mexicana debió haber sido una verdadera fuga hacia adelante: renunciar a Rocha Moya y
nueve coacusados, encarcelarlos para revisar acusaciones en contra y ganar tiempo para
tener una estrategia de respuesta menos cómplice con los acusados que con la sociedad de
Sinaloa que se cansó de denunciar que el Estado le pertenecía a los intereses del Cártel de
Sinaloa del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada y después entrar en disputa violenta con las
facciones de los chapitos y de los mayitos, que todavía en las últimas horas siguen causando
estragos ante la pasividad gubernamental.
La protección institucional de Rocha Moya –que llegó el caso de colocarle escolta de la
Guardia Nacional que tiene las funciones de combatir al crimen organizado en la localidad que
se encarna en el Cártel de Sinaloa, en los chapitos y en los mayitos y que fueron cómplices de
Rocha– se convirtió a ojos de las autoridades estadounidenses y desde luego de sectores
mexicanos que han padecido anarquía violencia en una aura de protección que dejó el
mensaje de que bajo ninguna circunstancia –ni aún si se llegara a probar fehacientemente su
complicidad con el narco– se le aplicaría la ley de delincuencia organizada, y las razones han
quedado a la luz en la última semana: Rocha Moya es una pieza política y de afectos
personales del presidente emérito Andrés Manuel López Obrador y su arresto con acusaciones
probadas narcopolítica o su entrega a las autoridades estadounidenses sería –y hay que
entenderlo así– el camino directo al desmoronamiento político del lopezobradorismo que se
apresta a mantener y expandir su poder en las elecciones federales y estatales de 2027 y en
las presidenciales del 2030.
Para entender los escenarios de Trump en México en los próximos pasos hay que seguir
revisando la ofensiva contra Irán: perder ganando, aunque ganando mucho más de lo que se
hubiera ganado –valga el juego de palabras– con una guerra de exterminio en Irán.
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Política para dummies: la política es un juego de estrategias, no una dinámica de retóricas.
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