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Expreso-La Razón
Las indagatorias para detectar y castigar la
evasión fiscal a través de la importación
ilegal de combustible, continúan en diversos
frentes.
Esta semana, un juez federal vinculó a
proceso a tres ex funcionarios de la Fiscalía
General de la República (FGR) adscritos a
la delegación en Tamaulipas, por su
presunta responsabilidad en el delito contra
la administración de justicia, al haber
determinado el no ejercicio de la acción
penal en una carpeta de investigación
relacionada con el robo de hidrocarburos.
Los imputados son Juan Arturo “G”, ex
encargado de la Fiscalía de Investigación
Federal en el estado —antes denominada
Delegación de la FGR—; Israel “V”, ex fiscal
en jefe; y Carlos Alberto “P”, ex agente del
Ministerio Público Federal. La imputación
fue presentada por la propia FGR a través
de la Fiscalía Especializada de Asuntos
Internos (FEAI), cuyo agente del Ministerio
Público Federal aportó los datos de prueba
que sustentaron la vinculación.
De acuerdo con la dependencia federal, los
tres exservidores públicos determinaron el
no ejercicio de la acción penal contra los
presuntos responsables en una carpeta de
investigación iniciada en Tamaulipas por el
delito de sustracción o alteración de activos
de la industria petrolera. Con ello,
presuntamente incumplieron su obligación
de investigar hechos con apariencia de
delito, desarrollar líneas de investigación y
ejecutar los actos tendientes a acreditar el
ilícito.
La vinculación a proceso de los ex
funcionarios de la FGR se produce en el
marco de una serie de investigaciones
sobre el huachicol fiscal en Tamaulipas,
modalidad del robo de hidrocarburos que
opera mediante la falsificación o alteración
de comprobantes fiscales para amparar
combustible de procedencia ilícita como si
fuera producto legalmente adquirido.
Juan Arturo “G” ocupó la delegación tras la
muerte de Cuitláhuac Vázquez Reyna,
asesinado en el mes de agosto del 2025 en
Reynosa.
“Los primeros datos que señalan la
violencia inusitada y la brutalidad del delito
cometido, indican una sólida probabilidad
de que este hecho provenga de la
delincuencia organizada”, señaló la
dependencia a través de un comunicado en
aquel momento.
Indicó que la principal línea de investigación
estaba relacionada con los operativos que
se han realizado contra el robo de
combustible, uno de ellos cuando se
aseguraron más de un millón de litros de
hidrocarburo en un predio en Reynosa.
“Recientemente, en los últimos días del mes
de julio, tuvo un grave descalabro cuando la
Secretaría de la Defensa Nacional, junto
con esta Fiscalía y todo el Gabinete de
Seguridad, lograron el decomiso de más de
un millón 800 mil litros de gasolina y otros
combustibles como producto del huachicol,
más nueve tractocamiones, 12
motobombas, 39 frac tanks (tanques de
almacenamiento móviles), tres vehículos,
dos generadores de energía y una
barredora industrial”.
Otro de los casos con mayor resonancia en
la entidad es el relacionado con el nombre
de Farías Laguna, en el que autoridades
federales ejecutaron un decomiso de
combustible en el puerto de Tampico. En
esa operación fueron asegurados litros de
hidrocarburo presuntamente amparados
con documentación apócrifa o alterada,
dentro de una red de distribución que,
según las investigaciones, operaba en la
zona portuaria del sur de Tamaulipas.
El huachicol fiscal representa una variante
del robo de combustible que, a diferencia
del ordeño directo de ductos, utiliza
estructuras comerciales formalmente
constituidas para introducir hidrocarburo
robado o de contrabando al mercado legal,
aprovechando comprobantes digitales de
facturación —CFDI— con irregularidades.
El Servicio de Administración Tributaria
(SAT) ha desarrollado un complemento
específico en la cadena de comprobantes
para rastrear la trazabilidad del combustible
desde la refinería hasta el punto de venta,
mecanismo que en diversos casos ha
permitido detectar inconsistencias que
derivaron en aseguramientos.
La imputación de los ex funcionarios de la
FGR sugiere que, en al menos una carpeta
de investigación vinculada a este tipo de
conductas en Tamaulipas, el expediente
habría sido archivado sin que se agotaran
las líneas de investigación disponibles, lo
que la FEAI califica como un posible
incumplimiento de las obligaciones
ministeriales.
