Trópico de Cáncer /Jesús Collado Martinez
En el tema de la acusación de la fiscalía
de Nueva York contra el Gobernador
de Sinaloa, un Senador de ese estado, el
Presidente Municipal de Culiacán y otras
siete personas que trabajan para esa
entidad, la Presidenta de la República dejó
muy clara la posición de su gobierno de no
proteger a nadie que tenga que responder
por alguna conducta ilícita, y afirmó también
que no permitirá injerencias en México
que vulneren la soberanía de la nación.
En consecuencia la Fiscalía General de la
República ha iniciado una investigación
para resolver la solicitud de detención
provisional con fines de extradición hecha
por el gobierno de los Estados Unidos, y
paralelamente el Gobernador de Sinaloa y el
Presidente Municipal de Culiacán solicitaron
licencia al ejercicio de sus cargos para
facilitar esas investigaciones.
Sin embargo todo parece indicar
que para el gobierno del país vecino el
tratamiento de estos asuntos apenas está
empezando. El pasado 4 de mayo de 2026
el Presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump, puso en marcha una Estrategia
Nacional para el Control de las Drogas.
La coordinadora de esas acciones, Sarah
Carter, anticipa en la presentación de ese
documento “Llevaremos la lucha… con
una ofensiva implacable. Esta estrategia
constituye nuestro plan de batalla para
perseguir a los cárteles en sus refugios,
desmantelar sus laboratorios, confiscar sus
activos y cortar sus líneas de suministro.
Utilizando todos los instrumentos del
poder estadounidense, doblegaremos a las
organizaciones criminales transnacionales,
especialmente a aquellas designadas como
organizaciones terroristas extranjeras, que
lucran asesinando a nuestros ciudadanos.”
Al respecto es oportuno recordar que el
20 de febrero de 2025 fueron designados
por el Gobierno de los Estados Unidos como
Organizaciones Terroristas Extranjeras el
Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva
Generación CJNG, el Cartel del Noreste, la
Nueva Familia Michoacana y el Cartel del
Golfo, de tal manera que llevar a la práctica
la ofensiva a la que se refiere la Directora
Sarah Carter pone en riesgo de acciones
injerencistas directas a los estados de
Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y
Tamaulipas que son los lugares en donde
se tiene conocimiento que operan estas
organizaciones criminales.
Mientras tanto, en esa misma linea de
pensamiento y acción, la gobernadora
de Chihuahua Maru Campos responde a
las acusaciones de traición diciendo “me
persiguen por destruir un narcolaboratorio
para impedir que las drogas lleguen a sus
hijos”, pasando por alto en su respuesta
el hecho de qué procuró y permitió la
participación de agentes extranjeros
en el territorio de su estado violando la
Constitución y las leyes de México.
En ambos casos, la Directora Sarah
Carter y la gobernadora Maru Campos, no
tomaron en cuenta que desde el inicio de
la administración de la Presidenta Claudia
Sheinbaum, en octubre de 2024, se puso
en marcha la Estrategia Nacional para la
Construcción de la Paz y la Seguridad y
que al mes de abril de 2026 los resultados
acumulados rebasan por mucho las
pretensiones de la Directora Carter y de la
Gobernadora Campos porque las acciones
conjuntas de las autoridades mexicanas, el
Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, han
dado resultados tangibles y mensurables.
De octubre de 2024 a abril de
2026 las autoridades de nuestro país
han desmantelado 1,887 laboratorios
clandestinos para la fabricación de drogas,
han incautado más de 327 toneladas de
diversas drogas entre las que destacan 1.5
toneladas de fentanilo y millones de pastillas
de ese narcótico, han decomisado 25,700
armas de fuego, todo lo cual representa
una afectación económica de cientos de
millones de pesos a las organizaciones
criminales, y sobre todo, se ha logrado la
captura de 49,500 personas por delitos de
alto impacto y faltas graves.
No obstante ese esfuerzo del gobierno
de México, la Estrategia para el Control
de Drogas de Estados Unidos explica
que la designación de los Cárteles como
Organizaciones Terroristas Extranjeras
no es meramente simbólica sino que es
un detonante estratégico que replantea el
enfoque del Gobierno de Estados Unidos
pasando de un problema tradicional de
aplicación de la ley a una amenaza a la
seguridad nacional, lo que les proporciona
nuevas y mayores facultades para atacar la
totalidad de estas redes de narcotrafico, y
sus sistemas de apoyo financiero y logístico,
utilizando todas las capacidades del
Gobierno de Estados Unidos incluidas las
herramientas diplomáticas, informativas,
militares y económicas, lo que significa que
la injerencia extranjera y la presión sobre el
gobierno de México seguirá en todos esos
frentes de manera inmediata y permanente.
Dicho de otra manera, habrá más amenazas
y agresiones en nombre de la seguridad
nacional de nuestros vecinos y a costa de la
nuestra.
